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Full text of "Risso Gonzalez 2012 Las Laurencias"

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Las Laurencias 

Violencia sexual y de género en el terrorismo de Estado uruguayo 



Soledad González Baica y Mariana Risso Fernández 

(compiladoras) 


TPILCE 




Las Laurencias 

Violencia sexual y de género en 
el terrorismo de Estado uruguayo 


Soledad González Baica y Mariana Risso Fernández 
(compiladoras) 

Lilián Celiberti | Juan Faroppa Fontana | Federico Graña | 

Carla Larrobla | Lala Mangado | Flor de María Meza Tananta | 
Mariana Risso Fernández | María Celia Robalna | Rafael Sansevlero | 
Diego Sempol | María Sonderéguer 


TRIL.CE 


Ilustración y diseño de carátula: 
Sebastián Santana, 2012. 


© 2012. Ediciones Trilce 
Durazno 1888 
11200 Montevideo, Uruguay 
tel. y fax: (598) 2412 77 22 y 2412 76 62 
trilce@trilce. com. uy 
www.trilce.com.uy 


ISBN 978-9974-32-603-3 
Primera edición: noviembre de 2012 



A la memoria de Angélica Montes y Mirta Macedo 


Este libro está dedicado a veintiocho mujeres. 

Y en ellas a miles de personas. 
A quienes desafiaron, lucharon, soñaron. 
A quienes se recobran en el llanto y la sonrisa, 
en la emoción del abrazo y de la palabra. 
A quienes nos recuerdan nuestro irrenunciable derecho 

a la Verdad y la Justicia 




Contenido 


Introducción 

por Soledad González Baica y Mariana Risso Fernández .7 

Desatar, desnudar... reanudar 

por Lilián Celiberti . 13 

La emergencia de un prolongado y silenciado dolor 

por Lala Mangado y María Celia Robaina . 25 

Entre el nudo subjetivo y el nudo político 

por Mariana Risso Fernández . 39 

SoLDADITOS DE PLOMO y MUÑEQUITAS DE TRAPO. LOS SILENCIOS 
SOBRE EL ABUSO SEXUAL EN LA TORTURA DESPUÉS QUE LA TORTURA 
FUE UN SISTEMA DE GOBIERNO 

por Rafael Sanseviero . 53 

El horror femenino. Las representaciones de los episodios traumáticos 

EN TESTIMONIOS DE MUJERES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO 

por Carla Larrobla . 71 

Salvar a la Patria y a la FamiliaDictadura, disidencia sexual y silencio 

por Diego Sempol y Federico Grana . 85 

Violencias de género en el terrorismo de Estado Argentino 

por María Sonderéguer . 105 

Terrorismo de Estado, violencia de género e imprescriptibilidad 

DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD 

por Flor de María Meza Tananta y Juan Faroppa Fontana . 117 


Nota de los autores 


134 














Introducción 


Por muchas razones, 
Y sean las principales: 
porque dejas que me roben 
tiranos sin que me vengues, 
cobardes sin que me cobres. 
Laurencia en Fuenteovejuna 1 


Esta publicación nace como escucha antes que como texto, y como lugar 
de convocatoria a la reflexión sobre la violencia sexual y de género en el 
terrorismo de Estado uruguayo. Quienes participamos en esta publica¬ 
ción estamos convencidas y convencidos que para poder escuchar hay 
que tener perspectivas desde donde hacerlo, lugares para el debate y el 
diálogo que nos permitan trascender la siniestra carga que los crímenes 
cometidos le imprimen a la palabra. 

Componen este libro ocho artículos que enfocan desde ángulos diver¬ 
sos un fenómeno complejo y doloroso. El horror fuerza al silencio, y para 
quebrar esa dinámica perversa se precisan testimonios valientes pero 
también se necesita escucha, compañía afectiva e intelectual porque para 
hablar es necesario contar con interlocutores. 

A fines de octubre de 2011 un grupo de 28 mujeres, ex presas políticas 
durante la dictadura, presentaron una denuncia penal por las violaciones 
y abusos sexuales a las que fueron sometidas. Venían de un largo silencio 
y de un difícil proceso de trabajo para superarlo. 

No fue fácil para ninguna de ellas tomar la decisión de testimoniar públi¬ 
camente, ni para las que decidieron no hacerlo. Muchas, quizá la mayoría, 
hablaban por primera vez luego de 25 o 30 años, muchas nunca habían 
contado que padecieron esa modalidad de tortura ni siquiera a sus seres 
más cercanos, a su pareja, a sus amigas, a sus hijos. 

¿Cómo hablar del dolor sin revivirlo, y sin trasmitir su carga a los 
otros?, ¿cómo hablar después de tanto silencio y de tanta impunidad?, 
¿para qué y para quiénes contar el sufrimiento? 


1 En Fuenteovejuna (1619), la clásica obra teatral de Lope de Vega, el comendador Fernán 
Gómez es un personaje tiránico. Como señor feudal goza del «derecho de pernada», es 
decir, del derecho de abusar sexualmente de sus vasallas. Ese «derecho» no escrito es con¬ 
sentido por la tradición, la complacencia ante el poder, la indiferencia y la mansedumbre 
del pueblo. Laurencia —protagonista de esa obra— se rebela ante el atropello sufrido en 
carne propia y ajena y no calla, lleva su indignación «ante el consejo de los hombres» para 
reclamar justicia. Habla Laurencia y sus palabras sacuden a toda la comunidad que reac¬ 
ciona ante el atropello autoritario, librándose del tirano y asumiendo Fuenteovejuna toda, 
la autoría del hecho. Las palabras de la protagonista resuenan tan necesarias y dolorosas 
hoy en nuestro país, como hace cuatrocientos años, en la España feudal en que fueron 
escritas. 


7 



Nos sentimos convocadas a aportar a estas inquietudes, y para ello 
invitamos a diversas personas del ámbito académico y social a producir 
en torno a estas temáticas. 

Desde el inicio del proyecto, quienes compilamos el material, revisamos 
la bibliografía producida en nuestro país y la región, y notamos la escasez 
de producciones sobre el fenómeno del abuso sexual y de la violencia de 
género durante el terrorismo de Estado. 

Los enfoques referidos a derechos humanos muchas veces omiten 
mencionar las particularidades que las prácticas del abuso sexual y de 
la violencia de género tuvieron en las acciones sistemáticas que carac¬ 
terizaron a las dictaduras. Por supuesto que hay valiosas excepciones, y 
un notorio esfuerzo por investigar con perspectiva de género los efectos 
políticos y culturales que el terrorismo de Estado perpetúa en la actua¬ 
lidad. 

Consideramos que el mejor camino para abordar un tema tan sensible 
y complejo era integrar miradas diversas que fueran capaces de anali¬ 
zar la violencia sexual como una modalidad específica de violación de 
los derechos humanos, integrando ángulos y formaciones profesionales 
diferentes. 

La convicción que nos convoca en esta compilación es que los delitos 
del terrorismo de Estado constituyen una lesión a la dignidad humana, 
y que los crímenes de lesa humanidad deben ser analizados desde una 
perspectiva de género. 

Nos proponemos acompañar con este trabajo a las mujeres y a los 
hombres que en Uruguay están rompiendo el muro de silencio con su tes¬ 
timonio, con su pensamiento y con su participación, para encontrarnos 
en el debate y el diálogo. 


Breves antecedentes de la historia contemporánea 
de la violencia sexual 2 

Desde la antigüedad las mujeres han sido botines de guerra en conflic¬ 
tos armados, eran transformadas en esclavas o esposas de los vencedores. 
En la historia del siglo XX se encuentran muchos casos en los que se ejer¬ 
ce la violencia sexual contra las mujeres que pertenecen al bando enemigo 
de manera sistemática y como forma de tortura, amenaza y escarmiento 
—sea esta población civil o miembros de las milicias, la resistencia o sim¬ 
plemente esposas, madres, hijas. 

Uno de los casos más destacados fue la violación de decenas de miles 
de mujeres y niñas realizada por el Ejército Rojo, sobre el final de la Se¬ 
gunda Guerra Mundial mientras avanzaba sobre Alemania. Por su parte, 
el nazismo esclavizó sexualmente a decenas de miles de mujeres y niñas 


2 Tomado del artículo «Violencia sexual como arma de dominación y destrucción», de Sole¬ 
dad González Baica, inédito, Montevideo, 2011. 


8 



en los campos de concentración, en prostíbulos, o convirtiéndolas en es¬ 
posas o amantes. 3 

Según estimaciones de Naciones Unidas y sus agencias, en 1994 en 
Ruanda fueron violadas entre 100.000 y 250.000 mujeres, más de 60.000 
en la guerra civil de Sierra Leona, más de 40.000 en el conflicto de Liberia 
y más de 60.000 en la ex Yugoslavia. 4 

En América Latina, ha sido moneda corriente la utilización de la vio¬ 
lencia sexual en los conflictos armados y en las dictaduras Latinoameri¬ 
canas, como lo demuestran distintas sentencias judiciales que pesan ya 
sea sobre los Estados o en el marco de causas sobre los delitos de lesa 
humanidad que se han llevado adelante. 

En Argentina las violaciones y el abuso sexual que los represores come¬ 
tieron contra las presas políticas del terrorismo de Estado, comenzaron a 
ser tratados como delitos de lesa humanidad a partir de 2010, cuando se 
concreta la primera sentencia judicial condenando este tipo de crimen. 5 

En Chile durante la presentación del informe de la Comisión Valech al 
país, el presidente Lagos hizo alusión expresa a esta forma de tortura se¬ 
ñalando: «¿Cómo explicar que, de las 3.400 mujeres que entregaron testi¬ 
monio, casi todas señalen haber sido objeto de alguna violencia sexual?». 6 
Dicho informe indica que durante la dictadura chilena casi el 100% de las 
víctimas mujeres sufrieron violencia sexual. 

La situación de conflicto armado que vive Colombia, y que continúa 
hasta el día de hoy, nos presenta un escenario en el que este tipo de delito 
se comete. Según el IX Informe sobre violencia sociopolítica contra muje¬ 
res, jóvenes y niñas en Colombia, «los perpetradores de violencia sexual 
en el marco del conflicto armado contra las mujeres son agentes del Esta¬ 
do, a partir de lo cual se pueden deducir los niveles de impunidad de los 
crímenes en razón del poder que estos ostentan, capaces de intimidar a 
las víctimas y testigos de dichas violaciones». 7 

En el caso de El Salvador, donde se vivió una guerra civil en las dé¬ 
cadas del ochenta y noventa, puede afirmarse que la violencia sexual fue 


3 Wood, Elisabeth: «La violencia sexual como arma de guerra: hacia un entendimiento de la 
variación» en Revista Análisis político N. Q 66, Bogotá, mayo-agosto, 2009, pp. 3-27. 

4 ONU. «Las Naciones Unidas y la prevención del genocidio». Disponible en: <http://www. 
un.org/ spanish/preventgenocide/rwanda/sexualviolence.shtml>. Accedido 17/4/11. 

5 «Dos policías retirados que integraron el D2, el centro de detención y torturas de la ciudad de 
Mendoza en la última dictadura militar, fueron detenidos y encarcelados, tras ser denuncia¬ 
dos en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en la capital provincial por una 
testigo que los señaló como quienes la violaron de modo reiterado durante los nueve meses 
que estuvo presa en la cárcel clandestina que funcionaba en la Central de Policía de la calle 
Belgrano». Carbajal, Mariana (2011), «Ataque sexual como delito de lesa humanidad», Página 
12, 17/1/11. Disponible en: <http://www.paginal2.com.ar/diario/elpais/l-160611-2011- 
01-17.html>. Accedido 10/3/11. 

6 Fies, Lorena (coord.) (2008), Sin tregua. Política de reparación para mujeres víctimas de 
violencia sexual durante dictaduras y conflictos armados, Ed. Corporación Humanas, San¬ 
tiago de Chile, p. 85. 

7 Mesa de Trabajo, Mujer y Conflicto armado (2009), IX Informe sobre violencia sociopolítica 
contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, Ediciones Atropos, Bogotá, p. 34. 


9 



ejercida fundamentalmente por los miembros de las Fuerzas Armadas 
oficiales, en tanto que el ejército insurgente casi no utilizó esta práctica 
contra las mujeres «del enemigo». 

Treinta y seis años de conflicto armado interno en Guatemala dejaron 
250.000 víctimas mortales, cerca de 45.000 desaparecidos y un sinnúme¬ 
ro de violaciones a los derechos humanos sufridas por toda la población. 
La Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala reconoce 
que «las cifras de violación sexual, muestran un subregistro [...] en rela¬ 
ción a otras violaciones de derechos humanos, [...] registró 1.465 hechos 
de violación sexual, de los cuales pudo documentar 285 casos. Este tipo 
de violencia estuvo dirigida en un 99% contra mujeres, siendo indígenas 
la gran mayoría de ellas (80%)». 8 

La dictadura paraguaya fue la más larga del Cono Sur. Comenzó en 
1954 y terminó en 1989. Muchos de los testimonios de las víctimas inclu¬ 
yen la violencia sexual como método de tortura, así como muchas niñas 
fueron sometidas a esclavitud sexual por parte del Ejército. En 2008 sur¬ 
ge el primer testimonio público de una mujer que fue raptada de su casa 
y esclavizada sexualmente durante dos años por parte del Ejército cuando 
tenía 13 años de edad. 9 

En Perú durante el conflicto interno vivido entre las Fuerzas Armadas 
contra las guerrillas Tupac Amaru y Sendero Luminoso (1980-2000) se re¬ 
gistraron múltiples crímenes de violencia sexual contra mujeres. De acuer¬ 
do al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, estos «tu¬ 
vieron como objetivo castigar, intimidar, coaccionar, humillar y degradar 
a la población. [...] Fue parte de una estrategia de guerra utilizada por el 
Estado contra la población civil; y de otro lado, fue una forma de dominar y 
castigar desde el machismo y prejuicios de género inmerso al interior de los 
grupos subversivos. Estos fueron usados, en mayor parte por agentes esta¬ 
tales, no solo como un medio de presión contra la población, sino también 
como un método para obtener información o autoinculpaciones». 10 

En Uruguay, la dictadura duró 11 años, tuvo características similares 
a todas las del Cono Sur, junto con Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y 
Bolivia formó parte del Plan Cóndor. Se caracterizó por la prisión masiva 
de ciudadanos y la aplicación de la tortura como método de obtención de 
información y de producción del terror en la población en forma gene¬ 
ral. Entre las formas de tortura se incluyó en muchos casos la violencia 
sexual contra las presas y presos políticos. Existen numerosos y diversos 
testimonios, algunos de ellos son públicos hace años y dan cuenta de esa 
situación. 


8 Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala. Disponible en: <http://cicig. 
org/index.php?page=tribunal-de-conciencia-contra-la-violencia-sexual-hacia-las-muje- 
res>. Accedido 17/5/11. 

9 Ibídem, p. 90. 

10 Fies, Lorena (coord.) (2008), Sin tregua. Política de reparación para mujeres víctimas de 
violencia sexual durante dictaduras y conflictos armados, Ed. Corporación Humanas, San¬ 
tiago de Chile, p. 148. 


10 



Tenemos aún tantas heridas sin cicatrizar en nuestra sociedad como 
preguntas abiertas: ¿Qué tipo de violencia sexual fue aplicada en forma 
mayoritaria por los efectivos militares y policiales? ¿Las víctimas de vio¬ 
lencia sexual lo fueron durante todo el período en que duró su detención o 
durante el primer período? ¿Existieron diferencias entre la realidad de los 
cuarteles y la realidad de los penales de mujeres? ¿Hubo años en los que 
esta práctica se realizó de manera más general? ¿La violencia sexual fue 
utilizada como «rito mañoso de iniciación» por los militares que torturaban? 
¿La violencia sexual fue ejercida en presencia de grupos de familiares, de 
compañeros, o de otras presas? ¿Existieron diferencias raciales, genera¬ 
cionales o de otro tipo entre las víctimas de violencia sexual? ¿Existieron 
situaciones de esclavitud sexual? 

Los tipos de violencia sexual, las características que tuvo, las pobla¬ 
ciones sobre las que se aplicó, son datos que aún se desconocen. Existen 
testimonios públicos donde se señala que la práctica de la violencia sexual 
durante el terrorismo de Estado fue otra de las formas de tortura y que se 
ejerció sobre mujeres y sobre hombres. 

Nuestro país tiene un rezago de décadas de investigación, y continúa 
siendo difícil precisar cuántas personas fueron detenidas y torturadas 
en centros de detención legales y clandestinos durante el terrorismo de 
Estado. 

Recientemente el equipo de historiadoras e historiadores que desarrolla 
la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, del convenio entre 
Presidencia de la República y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, publicó una última actualización de la investigación, allí ñgura 
un documento oficial con carácter secreto de la OCOA (órgano coordinador 
de operaciones antisubversivas) donde se señala que fueron 15.000 las per¬ 
sonas detenidas entre 1970 y 1976 y aproximadamente 4.000 remitidas. 11 

Estas cifras dan cuenta de la masividad de la estrategia llevada adelante 
por el terrorismo de Estado uruguayo, centrada en una sistemática per¬ 
secución de la oposición social y política, siendo la prisión y la tortura los 
mecanismos principales adoptados para el control social. 

Soledad González Balea y Mariana Risso Fernández 


11 «El total de personas que han sido detenidas por sedición es del orden de 15.000 o sea 
V 2 % con respecto a la población nacional, cuatro veces menos del porcentaje mencionado 
por el enemigo [...]» en documento de OCOA que pertenece a la actualización de la investiga¬ 
ción histórica sobre detenidos desaparecidos. Montevideo, 2011. Documento digitalizado. 
Consultado en: <www.presidencia.gub.uy/derechoshumanos>. Citado por Rico, Alvaro (co- 
ord.) (2008), Investigación sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay (1973- 
1985), Universidad de la República, Montevideo. 


11 




Desatar, desnudar... reanudar 


Lilián Celiberti 


Desatar, desnudar... reanudar; fueron los ejes de la convocatoria para 
el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe que se realizó en 
Colombia en 2011 para conmemorar los 30 años del primer encuentro 
feminista realizado en 1981 también en Colombia. Los verbos elegidos 
no son caprichosos y resumen muy bien los derroteros colectivos e 
individuales que permitieron repensar la experiencia social de las mu¬ 
jeres y construir nuevas pistas para interpretar la realidad. Cuando la 
experiencia social de las mujeres, y otros sujetos subordinados, ingre¬ 
san en el debate público, todas las categorías asumidas como neutras 
son interpeladas por nuevas dimensiones hasta ese momento ocultas, 
mostrando espesores y disonancias en conceptos que se suponían uni¬ 
versales. Es así que la economía, el trabajo, la familia, son analizados 
por el feminismo para desnudar sus matrices de desigualdad, domina¬ 
ción y violencia. 

La invitación de las editoras de este libro para escribir un artículo so¬ 
bre «violencia de género en el terrorismo de Estado» me pareció una opor¬ 
tunidad para releer, 23 años después, mis propias reflexiones sobre la 
tortura y la cárcel, surgidas del diálogo con Lucy Garrido en Mi habitación, 
mi celda (Celiberti y Garrido, 1989). 

Desde nuestro novato feminismo en 1987 disponíamos de pocos con¬ 
ceptos para analizar una experiencia personal y colectiva de tortura, si¬ 
lencio, dolor y muerte desde una «perspectiva de género» (es más, creo que 
en ese momento ni siquiera conocíamos el concepto). Pero ese diálogo, nos 
permitió abordar las vivencias, tanto las individuales como las colectivas, 
desde un lugar «otro«, menos épico, más humano, más desinhibido; mez¬ 
clando lo pequeño y cotidiano, con el miedo, la maternidad, la resistencia 
y la lucha por la sobrevivencia de una joven mujer. Para mí ese diálogo fue 
una forma de catarsis necesaria para tomar distancia con lo traumático 
y doloroso, y poder reanudar la vida, restablecer los vínculos y asumir 
nuevos desafíos. Pero fue también una forma de construir feminismo ha¬ 
ciendo el puente entre la militancia político partidaria y el naciente movi¬ 
miento feminista del 85. 


13 



Dice Elizabeth Jelin que la posibilidad de analizar la experiencia 

no ocurre en individuos aislados sino insertos en redes de relaciones so¬ 
ciales, en grupos, instituciones y culturas. De inmediato y sin solución de 
continuidad, el pasaje de lo individual a lo social e interactivo se impone. 
Quienes tienen memoria y recuerdan son seres humanos, individuos, siem¬ 
pre ubicados en contextos grupales y sociales específicos. Es imposible re¬ 
cordar o recrear el pasado sin apelar a estos contextos (2002: 19). 

Si hoy podemos hablar de violencia de género es porque desde el fe¬ 
minismo hemos creado el espacio de enunciación colectivo que supone la 
existencia de un sujeto capaz de politizar su experiencia y abrir campos de 
disputa con otros actores acerca del sentido de esas experiencias. 

La acción política del feminismo es una de las innovaciones teóricas y 
políticas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y sus aportes 
son significativos en al menos dos dimensiones: el análisis de los sujetos 
y el de las relaciones de poder. Los movimientos feministas han colocado 
entonces, tanto en el debate teórico como político, la cuestión de género 
en toda su complejidad, abriendo múltiples perspectivas para repensar lo 
social, lo jurídico y lo político. 


Desatar 

Desatar [...] tendrá el significado mismo de la palabra soltar, desenlazar 
lo atado, desanudar, desasir, desamarrar; a través de las herramientas 
de, en primer lugar, la memoria, su construcción, su reconstrucción, su 
relato desde distintas voces y lugares; y en segundo lugar del balance, 
como recuento de los muchos logros, pero también de las difíciles barreras 
y los retrocesos que vivimos en la región. (Convocatoria al XII Encuentro 
Feminista. 2011). 

Una característica central del terrorismo de Estado en Uruguay fue el 
uso sistemático y generalizado de la tortura. Se puede afirmar que todas 
las personas detenidas entre 1972 y 1984 de una forma u otra, con mayor 
o menor intensidad fueron torturadas. A partir del año 1972, las medidas 
prontas de seguridad o el estado de guerra interno le daban a las Fuerzas 
Conjuntas la facultad de disponer de las personas sin ninguna garantía 
jurídica por un tiempo que, paulatinamente, se fue haciendo cada vez más 
largo, hasta llegar a la práctica de la desaparición forzada. Esta facultad se 
convirtió en el primer peldaño de la tortura psíquica y física acompañado de 
la capucha, el plantón, y el interrogatorio en un marco de impunidad. Esta 
masividad de la tortura, establece una herida social profunda que habilita 
múltiples miradas y testimonios. 

La tortura es practicada (y justificada) desde el poder militar y poli¬ 
cial como un método eficaz de interrogatorio, limándole así sus aristas 
más despiadadas, perversas y abyectas. Los militares y policías urugua¬ 
yos practicaron durante la dictadura la tortura sistemática, como lo han 
hecho otros ejércitos y cuerpos represivos, como expresión del autorita- 


14 



rismo estatal que perseguía la destrucción de los opositores enmarcada 
en la Doctrina de Seguridad Nacional. La generalización de la práctica de 
la tortura ha tendido a banalizar y despersonalizar el acto de torturar y la 
responsabilidad criminal de los individuos que la practicaron. El psicoa¬ 
nalista Daniel Gil analiza este aspecto en las argumentaciones del capitán 
de navio Tróccoli, el único militar uruguayo que dio alguna explicación. 
Un militar que 

habló, no porque quisiera confesar lo que había hecho, no porque estuviera 
arrepentido o atormentado por alguna culpa. Habló porque fue descubierto 
y denunciado [...]. En su concepción, entre tantas cosas desagradables que 
tuvo que vivir el país estaba la de la represión, con sus actos de tortura, 
muertes y desapariciones. Era una cosa más, ni mejor ni peor, y había gen¬ 
te que era la encargada de hacerlo en esa guerra (Gil 1999:15) 

El silencio de los torturadores y el pacto de «omertá» que expresa, hace 
imposible cerrar las heridas de la dictadura. Transcurridos 30 años, ¿qué 
complicidades sostienen ese silencio? ¿Cuántos actores políticos y cuán¬ 
tas personas continúan pensando que la tortura era un acto intrínseco 
del momento político? 

Dice Todorov que existe un derecho a la memoria cuando los aconte¬ 
cimientos vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza excep¬ 
cional o trágica, tal derecho se convierte en un deber: el de acordarse, el 
de testimoniar (2000: 15). Uno de los desafíos complejos es cómo abordar 
ese espacio de la memoria del terrorismo de Estado, evitando la repetición 
y la fijación al pasado. 

«Aprender a recordar», tomar distancia con el pasado y emprender un 
camino que trabaja con la propia subjetividad «implica repensar la rela¬ 
ción entre memoria y política y entre memoria y justicia» (Jelin 2002:16). 
Construir este espacio es una tarea colectiva. 


Desnudar.... 

Re-construir la memoria y hacer balances implica despojarnos de la ropa... 

En un sentido literal, dejar desnudos los cuerpos en su propia piel, sin 
cubrirlos con los ropajes que a veces no nos permiten identificarlos/nos 
con claridad. Con esta estrategia queremos abordar críticamente nuestra 
práctica política, en lo personal y en lo colectivo, reconocer nuestros fraca¬ 
sos, tanto como nuestros éxitos colectivos. (Convocatoria al XII Encuentro 
Feminista). 

Partir del análisis de los cuerpos como territorios de poder generiza- 
dos, posibilita repensar la experiencia social de las mujeres y los hom¬ 
bres frente a la represión y la tortura. Este artículo es, sin embargo, 
una lectura parcial, ya que ha dejado fuera algunas de las expresiones 
significativas de la represión en Uruguay, como fue la cárcel militar de 
largo plazo y la planificación específica de control y tortura del panóptico 
de Punta de Rieles. 


15 



El cuerpo 

La mirada sobre el cuerpo como territorio de poder ha sido resignifica- 
da por el feminismo, abriendo nuevas dimensiones desde las cuales las 
mujeres han construido estrategias políticas y discursivas. Dice Marta 
Lamas: 

Si el cuerpo, es el lugar donde la cultura aterriza los significados que le da 
a la diferencia sexual, ¿cómo distinguir qué aspectos de ese cuerpo están 
libres de imprint cultural, o sea. de género? No hay forma de responder 
a esta interrogante porque no hay cuerpo que no haya sido marcado por 
la cultura. El rechazo a la perspectiva que habla de lo natural o de una 
esencia (masculina o femenina) se fundamenta en ese reconocimiento. En 
cambio, si aceptamos, siguiendo a Foucault. que el cuerpo es un territorio 
sobre el que se construye una red de placeres e intercambios corporales, 
a los que los discursos dotan de significado, podemos pensar que las pro¬ 
hibiciones y sanciones que le dan forma y direccionalidad a la sexualidad, 
que la regulan y reglamentan, pueden ser transformados. (Marta Lamas. 
1996: 360). 

Desde esta perspectiva, la experiencia de hombres y mujeres frente a 
la represión, el terrorismo de Estado, la tortura y la cárcel se inserta en la 
construcción social y cultural de los géneros en el Uruguay de los setenta, 
y debe ser pensada en ese contexto para poder explicarnos los dolorosos 
silencios que han rodeado a las denuncias de violaciones. La cultura de 
izquierda de entonces, desconocía y despreciaba la diferencia entre hom¬ 
bres y mujeres, y las relaciones de poder implicadas en esas relaciones. 
La concepción binaria de hombre-mujer como complementariedad natu¬ 
ralizada e idealizada instituía las relaciones culturales y las percepciones 
de los géneros. Como señala Sempol la homosexualidad era considerada 
por la cultura de izquierda de esos años como una expresión contrarrevo¬ 
lucionaria (Sempol. 2010: 64). 

Las múltiples expresiones de la sexualidad y más aún la atracción 
sexual o afectiva entre personas del mismo sexo dentro de las cárceles de 
la dictadura fueron controladas y vigiladas por el propio grupo como parte 
de las estrategias de resistencia. 

La sexualidad entre presos políticos fue considerada un problema grave, y 
está casi desterrada de los relatos de los ex presos en los años ochenta. Y 
cuando se alude al tópico se lo hace para marcar una diferencia, señalar su 
inexistencia y explicar los «pocos casos» como fruto de una patología o una 
ausencia de una moral establecida. Nuevamente así. la sexualidad entre 
presos —cuando aparece— es puesta en el «otro», ese otro que dentro de los 
presos constituía de alguna forma el «loco», el colaboracionista o el que no 
portaba los valores propios de la izquierda política (Sempol, 2010: 63). 

En este contexto de la cultura política de izquierda de los años setenta 
se inserta de alguna forma el silenciamiento de las formas específicas de 
violencia sexual de la represión. 


16 



El cuerpo como territorio de control y de poder 


En realidad, toda tortura involucra una violación al cuerpo sexuado de la 
persona. La desnudez desvergonzada, las prácticas de tortura sobre aque¬ 
llas partes del cuerpo donde la sensibilidad es mayor —especialmente ór¬ 
ganos sexuales y zonas erógenas— ya son en sí mismas actos de violación 
sexual. (Jelin. 2010: 70). 

El cuerpo es el umbral que conecta la construcción psíquica del Indivi¬ 
duo y su experiencia vital, marcada por diversos regímenes de poder ins¬ 
titucional y discursivo. El cuerpo está inmerso en un campo político que 
expresa las relaciones de poder que lo modelan, lo marcan y domestican. 

Analizar la violencia desde una perspectiva de género supone una ta¬ 
rea compleja, ya que implica desatar los mecanismos de poder patriarcal 
que actúan sobre los cuerpos generizados. Desde esta perspectiva la vio¬ 
lencia de género no se dio solo cuando un cuerpo de mujer o de hombre 
fue violado en un acto de penetración sexual. En todo acto de tortura la 
violencia sobre el cuerpo sometido, desnudo, degradado y vejado, es una 
expresión de un poder marcado por el patriarcado. El cuerpo es el lugar 
de las identificaciones primarias, lo que nos permite distinguirnos de los 
otros. Maren y Marcelo Viñar se preguntan 

por qué medio y de qué manera la destrucción y degradación del cuerpo 
funciona como preparatorio y desencadenante de la quiebra y claudicación 
psíquica. [...] ideología y ética son sucedáneas de una matriz originaria en 
la cual la dialéctica de las relaciones corporales, de los vínculos erógenos 
primitivos, tienen un rol estructurante. La barbarie totalitaria comprende 
este saber psicoanalítico (no sé si a nivel de su conceptualización, sí sé que 
a nivel de su eficacia) utiliza métodos de depurada técnica que toman en 
cuenta esta verdad de origen: la primacía de la relación del hombre con su 
cuerpo. (1993:39) 

El torturador es un hombre, y en tanto tal, posee el conocimiento y la 
internalización del poder que socialmente mantiene sobre la mujer. Las 
técnicas de la destrucción psicológica y de la pérdida de identidad política, 
que son el objetivo principal de la tortura se articulan al poder ancestral 
de la condición patriarcal y por tanto la tortura tiene una connotación 
sexual, que se expresa de forma diferente hacia los cuerpos masculinos y 
femeninos. 

Las fuerzas armadas, se estructuran en base a una concepción pa¬ 
triarcal del poder y la violencia, y por ello sus expresiones iniciáticas, in¬ 
cluso con los reclutas, se estructuran en el sometimiento del cuerpo con 
exaltación del machismo y la penalización institucional de las opciones 
sexuales. 

Algunos testimonios dan cuenta del uso de este poder patriarcal sobre 
el cuerpo de hombres y mujeres en la tortura. Son voces que relatan la 
violación como estrategia de sometimiento, sea en el propio cuerpo como 
en el de otro u otra. Estos testimonios llevan circulando muchos años, tal 
vez más de veinte, pero recién ahora parecen encontrar la escucha social 


17 



y el concepto político que permite nombrarlos. Solo cuando se crea un 
espacio para la denuncia es posible dar voz a aquella experiencia mar¬ 
cada por el dolor y la vergüenza. Una vergüenza y dolor que son parte de 
la cultura patriarcal del poder que hemos interiorizado. La necesidad de 
olvidar, la ausencia de códigos para interpretar la violación y el miedo a 
la censura social, hacen que perdure el silencio. El uso de la violación 
como sometimiento y vejación de la identidad, es una práctica ancestral 
del poder que expresa la internalización de los patrones culturales de la 
dominación masculina en las estructuras militares. La violación tanto en 
las sesiones de tortura como en las ocupaciones y las guerras sigue siendo 
una práctica patriarcal intrínseca de la institución militar. 

La lucha de las mujeres ha posibilitado muy recientemente incorporar 
la violación como delito específico en la Corte Penal Internacional cons¬ 
tituyendo uno de los avances conceptuales para el reconocimiento de la 
violencia de género. La abogada costarricense Alda Fació activista del 
Caucus de Mujeres por la Justicia de Género, señala la importancia del 
Estatuto de Roma al incluir la violación sexual ya no como una ofensa 
contra el honor, como está en las convenciones de Ginebra, sino como un 
delito tan grave como la tortura, la esclavitud, etcétera. 

Además, el Estatuto tipifica otra serie de delitos que no están contem¬ 
plados en las convenciones de Ginebra aunque han sido cometidos desde 
el inicio del patriarcado, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de 
aparente paz. Estos son: la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el 
embarazo forzado (que fue por supuesto, el tema más controversial), la 
esterilización forzada y cualquier otra violencia sexual de gravedad com¬ 
parable a los otros crímenes. Es más, se pueden enjuiciar todas estas 
formas de violencia sexual como tortura, genocidio, esclavitud, etcétera, 
o como violencia sexual. Para nosotras esto es muy importante porque, 
en general, la violación sexual y estos otros delitos no son considerados 
como verdaderos delitos por fiscales y jueces, de manera que si se enjui¬ 
cian estos actos como tortura, por ejemplo, es más fácil que se entienda la 
gravedad del daño infligido tanto a la víctima como a la sociedad entera. 1 

La revista Umbrales. Crónicas de la Utopía de Argentina entrevista a 
Carlos Gonella, fiscal general del Tribunal Oral Federal N. e 2 y uno de los 
representantes del ministerio público fiscal de ese país en el juicio Videla- 
Menéndez. Para el fiscal Gonella: 

la violencia de género es un concepto amplio que no solo abarca las viola¬ 
ciones sino también el maltrato por razón del género. 

Y citó ejemplos como 

hacer parir a una mujer, encadenada y ante personas que están custodiándo¬ 
la con armas: hacerla desnudar forzadamente y someterla a maltratos psico¬ 
lógicos y físicos también lo es, de manera tal que es un concepto que excede el 


1 Alda Fació. «Las mujeres y la Corte Penal Internacional». Disponible en: <http://www. 
uasb .edu.ec/ padh / revista 1/analisis/ aldafacio. htm>. 


18 



delito sexual que por excelencia es la violación». Asimismo remarcó que «estas 
prácticas durante el terrorismo de Estado fueron parte de una metodología, 
que también alcanzó a los varones. ( Umbrales. Crónicas de Utopía, 2010). 


La palabra, la denuncia 

La primera condena por violencia sexual de la dictadura argentina se 
aplicó en Mar del Plata, en junio de 2010. El ex militar Gregorio Rafael Mo¬ 
lina, alias «Charles» o «Sapo» fue condenado a prisión perpetua por delitos 
de lesa humanidad, entre ellos, por violaciones reiteradas a Marta García 
y a Leda Barreiro en el centro clandestino de detención y exterminio La 
Cueva, ubicado en esa ciudad. Otras denuncias fueron presentadas por 
ex detenidas en los juicios contra los represores en Argentina. La posibi¬ 
lidad del enjuiciamiento y la reconstrucción de la memoria por el camino 
de los juicios son un estímulo para la apertura de nuevos testimonios y tal 
vez para adquirir la capacidad de ponerle palabras al horror. 

También en Chile, treinta años después del golpe de Estado, la elabo¬ 
ración del informe de la represión conocido como Informe Valech a pedido 
del presidente Lagos, consigna que la mayoría de las 3 400 que testimo¬ 
niaron señalan haber sido objeto de alguna violencia sexual. 2 A pesar 
de lo cual como señalan las abogadas de la Corporación Humanas 3 esta 
denuncia no estableció ningún tipo de reparación específica para el delito. 
El esfuerzo sostenido de las mujeres logra el juzgamiento en el 2010 de la 
primera querella por este delito. 

Existe un camino propio que debe ser recorrido por cada quien según 
su necesidad, lo importante es que exista la posibilidad de denunciar. 
Elizabeth Jelin (2010) defiende el derecho de cada mujer a elegir si hablar 
o no, y dónde y con quién hacerlo. 

Más allá del valor de prueba jurídica en juicios, hay una presión social y ju¬ 
dicial para que las mujeres cuenten, expongan detalles y circunstancias. Y 
es en este punto donde el dilema (moral, emocional, político) se plantea con 
toda su fuerza. Porque la presión por contar se ejerce sobre mujeres cuya 
subjetividad se debate entre transparentar su cuerpo y su intimidad frente 
a la mirada social (que puede caer en la espectacularización del terror), y la 
urgencia de mantener o recuperar una intimidad vejada, guardada para sí 
misma o para compartir con quienes una elige hacerlo. Fuera de las cáma¬ 
ras, fuera de las miradas públicas de exposición masiva. 

Comparto sus observaciones, sin embargo en Uruguay, aún no ha 
habido ninguna sentencia y ni siquiera denuncia explícita en relación a 
los casos de violación. Por otra parte, a diferencia de los demás países 
de la región, el clima de denuncias es más acotado debido a la perma¬ 
nencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado y ello 


2 Disponible en: <http://www.comisionvalech.gov.cl/informeValech/Capitulo5.pdf>. 

3 Organización feminista chilena que ha investigado los casos de violencia de género en 
Chile. 


19 



crea una suerte de perversión mediática. Cada tanto Gavazzo, Silveira, 
Alvarez o cualquier otro torturador, 4 encarcelado o libre (que son la ma¬ 
yoría), intenta colocarse como víctima de una persecución política de 
izquierda. 

Una parte significativa de la izquierda en lugares de poder vive la ten¬ 
tación de «perdonar» sin juzgar y demuestran una cierta «omnipotencia» 
auto otorgada, como si la dictadura hubiera sido un conflicto entre dos 
ejércitos de profesionales. Esos discursos y prácticas tienden a domesti¬ 
car el pasado y el presente, y consolidan una impunidad cultural frente a 
la tortura y la violencia. 

¿Es importante saber cuántos detenidos y detenidas fueron violados? 
El Informe de SERPAJ «Uruguay Nunca Más» de 1989 hace referencia a la 
encuesta realizada por Equipos Mori para SERPAJ a personas procesadas 
por la Justicia Militar entre 1972 y el final de la dictadura. Esta encuesta 
indica que un 7% de los entrevistados declaraban haber sido violados, 
manteniéndose un porcentaje similar de hombres y de mujeres, lo cual 
daría cifras importantes de violaciones. 

Sin embargo, la cifra puede ser mayor, se debe tener en cuenta que se trata 
de un hecho que cuesta comunicarlo. Un número tal vez mayor de mujeres 
sufrieron abusos sexuales, como manoseos, además de la especial predilec¬ 
ción por la aplicación de todo tipo de castigos en las zonas genitales. 

Un militar que escribiera una carta a Amnistía Internacional en 1976 
expresaba: 

Las mujeres son un tema aparte: los oficiales, suboficiales y la tropa co¬ 
mentan con regocijo la llegada de detenidas jóvenes. Algunos de estos han 
llegado avenir los días francos para participar en los interrogatorios. [...] He 
presenciado personalmente las peores aberraciones cometidas con mujeres 
ante otros presos por varios interrogadores. Muchas de las detenidas lo es¬ 
tán para intentar conocer el paradero de su esposo o su padre o su hijo, es 
decir, no existe acusación contra ellas (Bustamante, 1989: 97). 

En este año, un grupo de ex presas ha iniciado un proceso de traba¬ 
jo para presentar querella judicial por violencia de género en Uruguay. 
Romper la lógica del miedo a denunciar, es un paso significativo, no solo 
para abrir una nueva cara al prisma de la memoria, sino para erosionar 
la cultura patriarcal. 

Escribía Guadalupe Santa Cruz en el Chile del 2003 citando a Inés 
Hercovich (1997) que «el miedo es una de las formas más sutiles de do¬ 
minación sexual, una tecnología de poder, más aun si el miedo es difuso, 
informe». Lo afirma sobre todo para las violaciones de mujeres, respecto 
de las cuales no solo hay imágenes en bloque —narraciones ya hechas, 
ya juzgadas, o en palabras de Suzanne Jacob, ficciones dominantes— 
que impiden, cuando estas violaciones tienen lugar, abrir los relatos de 
las mujeres violadas, en cambio el silencio —dificultad de nombrar y 


4 Ex militares procesados y encarcelados en Uruguay por delitos de lesa humanidad. 


20 



narrar— realimenta aquel temor colectivo carente de suelo, carente de 
forma (Santa Cruz, 2008: 151). 


Putas y traidoras 

Una reflexión sobre violencia de género no puede obviar las múltiples 
formas de ejercicio de poder inscripto culturalmente en la matriz genérica 
de los varones y en particular de los represores investidos del poder de 
disponer de esos cuerpos en cautiverio. 

Entre las múltiples formas de tortura se ha prestado escasa atención 
a uno de los ejes para la destrucción del o la «subversivo» o «subversiva» 
que forma parte de las estrategias de sometimiento de los interrogatorios 
que significa la combinación de dolor y vejación de la tortura con la figura 
del «bueno salvador» que llega a colocar un alivio en medio del dolor y el 
miedo. El llamado síndrome de Estocolmo denomina una reacción psíqui¬ 
ca en la cual la víctima de un secuestro o de detención, desarrolla una 
relación de complicidad con quien la ha secuestrado. La «seducción» de 
los torturadores sobre jóvenes mujeres en una situación tan desigual de 
poder es —ni más ni menos— una de las formas de la violación. 

Viñar señala que 

existe un momento —en el sentido estructural de la palabra— en que el su¬ 
frimiento se desliza de la agresión en el cuerpo físico de un sujeto indemne 
a la más desoladora experiencia de desamparo. [...] Este momento se sitúa 
después de un tiempo muy variable de prisión y tortura; según la estructu¬ 
ra individual y el contexto de la situación, tiene lugar al cabo de horas, días 
o meses. Pero su desenlace me parece una encrucijada ineludible y decisiva 
(1993:39). 

La violación fuera de la cárcel muchas veces se da en el marco de una 
relación de manipulación afectiva que pone en juego el poder masculino 
frente a la niña, niño o adolescente. En la cárcel de la dictadura, el abuso 
y la tortura a jóvenes mujeres fue también un contexto de victimización 
extrema, que habilitó la trama de identificación con el torturador o de aquel 
represor que se acercaba supuestamente con miras de «aliviar» el dolor. 

Estas mujeres fueron víctimas al mismo tiempo, del poder patriarcal y 
la violencia-sometimiento del estado policíaco. 

Ana Longoni analiza en el libro Traiciones , la construcción del «traidor» 
y la «traidora» en las culturas políticas de la izquierda de los setenta a 
partir de tres textos: Recuerdo de la muerte , de Miguel Bonasso; Los com¬ 
pañeros, de Rolo Diez: y El Jin de la historia, de Liliana Heker. El análisis 
de Longoni dedica un capítulo especial a la traidora como puta. 

A partir de los tres textos la autora muestra como «de modo sinuoso», 
«las traidoras se deslizan a la categoría de putas». Esta asociación es re¬ 
marcada más gráficamente en algunos textos, como el de Bonasso cuan¬ 
do dice «la traición se parece a una mujer seducida». Es así que el horror 
de la tortura y el terror recae sobre la víctima en una doble victimización. 


21 



Los textos analizados por Longoni realizan esta asimilación sin que haya 
mediado la entrega de nombres o datos que hicieran posible la detención 
de otras personas. Es por tanto una tipiñcación de traición por «puta». 
Puta como recuerda Marcela Lagarde es un concepto genérico que deñne 
a las mujeres por el erotismo, en una cultura que lo ha construido como 
tabú para ellas (2005: 559). 

La Malinche mexicana es el símbolo de la traición por entregar su cuerpo 
y su vida al conquistador. Para Eli Bartra, citada por Marcela Lagarde (2005: 
575), «la malinche —en la leyenda mexicana— es la gran prostituta pagana: 
fue la barragana de Cortés y se ha convertido en el símbolo de la traición 
femenina». Esta imagen construye la especificidad cultural del patriarcado 
latinoamericano nacido del mestizaje entre colonizador y colonizadas. 

Entre los muchos silencios y tabúes que aún nos rondan, los límites 
humanos frente a la tortura siguen siendo una zona oscura, que interpela 
universos complejos, que intersecta identidades políticas y personales, 
pero también la ética y los valores que dan sentido a nuestras memorias. 


Reanudar 

Los cuerpos atravesados por lógicas culturales y sociales, tabúes y pro¬ 
hibiciones, discursos y disciplinas, binarismos sexuales desde los cuales 
construyeron su ser hombres o mujeres, aún disputan los sentidos de la 
memoria no solo con los otros (el Estado, las leyes, los representantes de 
dar vuelta la página) sino consigo mismos, con las interpretaciones de sus 
propias lógicas y dolores. Ana María Fernández señala la necesidad de 

revisar los a priori lógicos desde donde los cuerpos han sido categorizados, 
clasificados, ordenados, teorizados, instituyendo las condiciones de posibi¬ 
lidad de los saberes sobre el cuerpo, delimitando sus áreas de visibilidad e 
invisibilidad, sus principios de ordenamiento, sus formas de enunciabilidad 
y sus regímenes de verdad. Y aquí pareciera que el antiguo ordenamien¬ 
to platónico alma-cuerpo aún despliega sus efectos, renueva sus eficacias, 
renaciendo de pequeñas muertes que nuestro ingenuo positivismo creyó 
infligirle (2007: 266). 

El acto de reanudar se construye en las acciones colectivas de diferen¬ 
tes actores para imaginar nuevos horizontes emancipatorios, que institu¬ 
yen los derechos de cada quien, como constructor de parámetros de vida 
en común. 

Reanudar significa revisar la experiencia y la memoria, y actuar críti¬ 
camente en ellas y con ellas. La acción de reanudar, es casi una condición 
imprescindible para recoger los retazos de experiencias, las pérdidas, los 
dolores y las muertes. Nos marcan el paso los rostros queridos de tantos 
jóvenes desaparecidos y muertos. Dice Ivonne Trías (2007) que «hay que 
anotar el rastro, las migas de pan, los hilos en el laberinto. Son los cami¬ 
nos para recuperar el alma, el rostro y la sombra». 

En esas búsquedas aparecen las palabras, que construyen la 
memoria. 


22 



Bibliografía 

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los Derechos Humanos (1972-1985), SERPAJ, Montevideo, p. 159. 

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Viñar, Maren y Marcelo (1993), Fracturas de la memoria. Ediciones Trilce, Montevideo. 


23 




Ia EMERGENCIA DE UN PROLONGADO y SILENCIADO DOLOR 


Lola Mangado 
María Celia Robaina 


Las verdades incómodas tienen que 
recorrer un difícil camino. 

Levi, 1989 


Cuando comenzamos a escribir este texto nos surgieron una serie de 
interrogantes: ¿Desde dónde abordar esta temática? ¿Qué voces nos 
resuenan? ¿De cuáles nos hacemos eco? ¿Desde qué lugar nos posi- 
cionamos? 

Somos mujeres, mujeres atravesadas por nuestras historias de vida, 
personales, familiares y colectivas. Somos mujeres, psicólogas, psicote- 
rapeutas que por opción y convicción trabajamos desde hace más de dos 
décadas en salud mental y derechos humanos. 

Hablar y trabajar en temas de violencia sexual y terrorismo de Esta¬ 
do, es hacerlo necesariamente desde la implicación, es exponernos, mos¬ 
trarnos y poner el cuerpo, es adentrarnos en nuestro ser femenino, en 
nuestros fantasmas, en el horror... aspectos que nos generan y movilizan 
sentimientos muy fuertes: angustia, rabia, impotencia... 

Es así que no nos ha resultado sencillo escribir para esta publicación. 
Sumergirnos en esta temática signiñcó un desafío pero fundamentalmen¬ 
te un compromiso. Compromiso con quienes trabajamos que sufrieron, y 
sufren aún hoy, las consecuencias de actos aberrantes, compromiso ético, 
social y político. 


¿Por qué escribir? 

Escribir posibilita pensar nuestra práctica, reflexionar y conceptualizar. 
Tomaremos nuestra experiencia clínica y el trabajo de acompañamiento 
psicosocial realizado con el colectivo de mujeres que se agrupó para denun¬ 
ciar la violencia sexual padecida durante el terrorismo de Estado . 1 

Cuando escuchamos los relatos sobre violencia sexual, y sentimos 
su «peso», se nos oprime el pecho, se siente dolor. Como profesionales 
intentamos operar un giro para que estos sentimientos y vivencias no 
nos paralicen, se transformen en palabras, ideas y actos. Hay vivencias 


1 El trabajo de acompañamiento psicosocial al grupo de ex presas políticas que denuncian 
situaciones de violencia sexual y de género, durante el terrorismo de Estado, lo realizan la 
trabajadora social Alba Pastorini y la licenciada en psicología María Celia Robaina. 


25 



y experiencias que requieren ser reflexionadas y deconstruidas para su 
transformación y apropiación. Necesitamos escribir para compartir con 
otros, denunciar, generar conciencia, romper el silencio, produciendo así 
nuevos sentidos, contribuyendo al pensamiento en torno a la sociedad 
que fuimos, somos y la que queremos ser. 

Muchas mujeres han callado, a veces por temor a dañar a los demás 
con los relatos de sus terribles experiencias, por temor a revivir situacio¬ 
nes tan traumáticas, por vergüenza y pudor. Quizás han esperado la pre¬ 
gunta de un otro dispuesto a escuchar y saber. En temas íntimos sólo es 
posible hablar cuando hay un otro dispuesto a escuchar. Cuando el otro 
no pregunta, ¿imagina?, ¿sobreentiende?, ¿no puede saber?, ¿le resulta 
insoportable?, ¿será que teme las respuestas?, ¿teme sufrir y/o hacer su¬ 
frir si reactiva los recuerdos? 

Se hace necesario generar espacios que permitan hablar de los abusos 
y violencias por más atroces que sean. Que estos habiliten nuevas pala¬ 
bras dichas, escritas, palabras que circulen y generen movimientos inter¬ 
nos, personales, colectivos y sociales, que contribuyan a procesar lo que 
quedó congelado, atrapado, que muchas veces daña y obtura. Este libro 
se propone ser un aporte en este sentido. 

La memoria insiste, lo silenciado retorna, lo invisibilizado puja. La 
violencia sexual no fue una experiencia aislada, ni actos cometidos por 
sádicos en forma individual. Fue una pieza utilizada por el terror de Es¬ 
tado dentro de una maquinaria, un sistema montado y al amparo de la 
impunidad para aniquilar a los sujetos. Un plan sistemático para destruir 
personas, dañarlas, enloquecerlas y/o eliminarlas, un poder aniquilador 
que buscó la dominación física, psíquica y moral. Plan para quebrar al in¬ 
dividuo, quebrar al grupo y quebrar a la sociedad. Plan que aún hoy sigue 
teniendo consecuencias en quienes portan sus efectos, en su descenden¬ 
cia y en la sociedad en su conjunto. 

A propósito de la tortura, Daniel Gil señala: 

[...] la tortura es una práctica gradual, progresiva, científicamente pla¬ 
nificada de desmontaje de todo el complejo mecanismo de la identifica¬ 
ción primaria que intenta hacer llegar al torturado al punto de angustias 
extremas, innominadas, de destrucción de su yo y su mundo simbólico 
(1990: 21). 

Como sociedad tenemos que ser capaces de reconocer que estos trau¬ 
matismos psicosociales ocurrieron, saber la verdad, reparar a las vícti¬ 
mas, exigir que actúe la Justicia. Ser capaces de preguntarnos por qué 
permitimos y ocultamos actos tan aberrantes. Que estas interrogantes 
nos lleven a la reflexión y a generar condiciones de posibilidad que tien¬ 
dan a la producción de subjetividades en perspectiva de derechos huma¬ 
nos, basadas en el respeto al otro y en la aceptación de sus diferencias. 
Porque solo quien no considera al otro como un igual en tanto humano, 
es capaz de cometer actos tan abyectos. 


26 



¿Desde dónde escribir? 

Tenemos el propósito de abordar este trabajo desde la ética, desde 
el respeto a la dignidad e Integridad de las mujeres violentadas, con la 
delicadeza imprescindible para hablar de algo tan íntimo. Sin embargo, 
nos preguntamos: ¿Cómo hablar de estos daños? ¿Cómo cuidarlas y cui¬ 
darnos? ¿Cómo generar un discurso que tenga en cuenta los daños sin 
que se produzca una mirada que encasille en el padecer? ¿Qué palabras 
podrían ayudarnos a nominar el trauma evitando la parálisis del lugar 
del sufriente? ¿Cómo aportar para cambiar el discurso social sobre lo 
acontecido? 

No queremos generalizar, ya que estas experiencias se enraizan en una 
historia de vida, en un contexto familiar, colectivo y sociohistórico. Es 
necesario tomar ciertos recaudos para no correr el riesgo de generar un 
discurso social del daño que estigmatice, que las ubique en el lugar de «la 
víctima». Sin embargo, hemos visto que también es necesario hablar de 
los efectos, porque las personas se sienten aliviadas al compartir y com¬ 
probar que sus vivencias, sentimientos y sensaciones se asemejan a las 
de otras que padecieron situaciones similares. 

Quienes han trabajado la noción de resiliencia, como la capacidad de 
sobreponerse a la adversidad, nos alertan sobre ciertos estereotipos cul¬ 
turales que las sociedades depositan en quienes son considerados vícti¬ 
mas. Frecuentemente creemos que quien fue víctima sufrirá toda la vida y 
nuestra mirada deposita en ellos una sombra. Con nuestro trabajo quisié¬ 
ramos evitar que nuestra mirada re victimice, que podamos poner el foco 
en las posibilidades de crear vida donde hubo muerte, y que lo que nos 
horrorice sea la sombra que lleva a algunos sujetos a generar estos daños 
en forma premeditada y sistemática. 


Violencia sexual en prisión política 

Partimos de la definición de violencia sexual como: 

[... ] aquellos comportamientos y acciones de contenido o naturaleza sexual 
a los que se vea sometida una persona por medio de la fuerza, amenaza del 
uso de la fuerza, coacción, temor a la violencia, intimidación, opresión psi¬ 
cológica o abuso de poder (Aucía, 2011: 36). 

Algunas formas de violencia sexual son: desnudez forzada, acoso, hu¬ 
millación y burla con connotación sexual, abuso, amenaza y/o simulacro 
de violación, violación, prostitución forzada, forzamiento al exhibicionis¬ 
mo, mutilación, embarazo o aborto forzados, esclavitud sexual. 

Nos vamos a referir a la violencia sexual sufrida en procesos políticos, 
a la violencia sexual como estrategia de «guerra», donde estuvo enjuego la 
vida y la muerte, la cordura y la locura. Aquellos actos de vejación sexual 
realizados por represores a través de la fuerza física, el uso de armas, ani¬ 
males u objetos amenazantes, con la intención de torturar a la mujer y a 


27 



los compañeros que veían y escuchaban, así como sacarles información, 
humillarlas, dominarlas y dividir los grupos. 

En nuestra experiencia de trabajo con mujeres ex presas políticas du¬ 
rante la dictadura, hemos constatado que la desnudez forzada, el aco¬ 
so, el «manoseo» y la violencia verbal con contenido sexual referida a su 
condición de mujer o madre, fueron una práctica generalizada. Muchas 
mujeres describen situaciones de tortura en sus genitales y otras partes 
íntimas de su cuerpo, hablan de la introducción de objetos o animales con 
el riesgo de sufrir daños en su capacidad reproductiva. Narran que sufrie¬ 
ron burla y desprecio, que la amenaza de violación fue una constante, lle¬ 
gando incluso hasta el simulacro de la misma. Algunas relatan terroríficas 
escenas de violación cometidas por uno o varios represores, en una o en 
reiteradas ocasiones. Otras describen exhibicionismo forzado, llegando al 
extremo de haber sido vejadas ante los ojos de su propia pareja. La violen¬ 
cia sexual muchas veces fue practicada como un segundo momento de la 
tortura, al no poder conseguir que las mujeres dieran la información que 
ellos buscaban. . 

A nivel social opera el estigma hacia las mujeres que fueron violenta¬ 
das sexualmente, estigma que marca y señala. La intimidad puede quedar 
expuesta, puede pasar a ser pública y se corre el riesgo de la revictimiza- 
ción. La sociedad, en ocasiones, hostiga más a la mujer que ha sufrido la 
violencia sexual que al agresor que ha cometido el acto violento. 

Contextos sociohistórico y vitales 

Nos construimos como sujetos sexuados a lo largo de las trayectorias 
de nuestra vida en un contexto histórico, cultural y social. Las experien¬ 
cias a las que nos referiremos se remiten a un tiempo —décadas de los se¬ 
senta, setenta y ochenta— y un espacio —Uruguay, Cono Sur de América 
Latina—, en un contexto histórico de Guerra Fría. 

Los códigos sexistas y machistas, que aún al día de hoy persisten, esta¬ 
ban más naturalizados y exacerbados. En estos 30 años los movimientos 
sociales, movimientos de mujeres y de derechos humanos, han estudia¬ 
do, investigado y reflexionado en esta temática, logrando darle visibilidad 
en la agenda pública con el propósito de modificar ciertos estereotipos y 
pautas de conducta. 

Si tenemos en cuenta la etapa de la vida de estas adolescentes y jóve¬ 
nes: tiempos de desarrollo de la sexualidad genital, de la vida en pareja 
y maternidad; tiempo de elaboración de proyectos, de construcción de 
futuro, de salida al mundo; estos hechos adquieren particular relevancia 
al afectar los procesos identitarios y la sexualidad. «Ninguna de nosotras 
éramos prostitutas, por el contrario, éramos unas pacatas.» «Lo que vi¬ 
vimos lo vivimos con la culpa de nuestra generación en relación con la 
sexualidad y la educación machista.» 

En aquel tiempo la mayoría de las presas eran jóvenes militantes que 
anhelaban una sociedad más justa y solidaria para que floreciera lo que 


28 



llamaban «el hombre nuevo» —lo que también da cuenta del machismo 
imperante—. Éste «hombre nuevo» era una construcción ideal que imagi¬ 
naba un humano que solo contenía los aspectos más positivos: bondad, 
pureza, solidaridad, igualdad y justicia. Se proponían construir un mun¬ 
do nuevo pero a la vez, se exigían estos ideales para sí mismas y para sus 
compañeros de militancia. 

El horror personificado 

En contraposición con la idealización de lo humano, se toparon con 
los aspectos más siniestros y primitivos del ser humano, cuyas accio¬ 
nes trascendieron lo pasible de ser imaginado. Aquello que la socie¬ 
dad reprime para vivir en sociedad el humano enemigo lo desplegó con 
saña. Se castigó a estas mujeres por salirse de los roles de amas de 
casa, madres y esposas, estipulados para las mujeres del momento. 
Ellas se encontraron en una situación de total desigualdad en el que 
sus vidas estaban en riesgo y en manos de los verdugos, quienes bus¬ 
caron formas personalizadas de tortura. «Estudiaban tus puntos débi¬ 
les y los trabajaban, sabían que era lo que más te dolía.» «Lo inhumano 
de ese ser te gana.» 

El cuerpo femenino se transformó en un territorio de dominación y 
posesión, fueron humilladas, tratadas como objetos despreciables, se las 
caliñcó de «mugrientas, pichis, putas». En estos escenarios de dominación 
y sumisión, se desplegaron vivencias caóticas. Algunas relatan haber sen¬ 
tido que fueron «elegidas» por los torturadores, con el consiguiente temor 
de haber hecho algo para generar esa supuesta macabra elección. Surgen 
interrogantes: ¿Por qué me eligió a mí? Si soy elegida, ¿tengo algo especial 
que me diferencia de las demás? Si hubiera sido realmente valiente, ¿lo 
podría haber evitado? 

Sostenemos que no hubo ninguna posibilidad de evitarlo, pues lo que 
les ocurrió fue en un marco de total indefensión, fue parte de una es¬ 
trategia estudiada y razonada, planificada y ejecutada amparada en la 
impunidad. Si no les ocurría a ellas, seguro les ocurriría a otras, en tanto 
si elegían a algunas buscaban aterrorizar, dejar marcas de sospecha, de 
desconfianza, con el fin de dividir a los grupos. 

Parafraseando a Clemencia Correa: 

Violar mujeres es acumular trofeos de guerra, en algunos casos, además, 
los oficiales del ejército han considerado la violencia contra las mujeres 
como una forma de eliminar a las madres de futuros activistas y de con¬ 
denar el futuro de la procreación. Es también dejar sello de suciedad, que 
busca dejar una mancha imborrable, para que en el cuerpo y en todo el ser 
se recuerde quién tiene el poder» (2008: 6). 


29 



Lo silenciado 

La sexualidad es un tema de muy difícil abordaje tanto en el ámbito 
familiar como social. Se refiere a la vida privada, como tal no es admiti¬ 
da en los espacios públicos ya que enunciarla es exponerse, mostrar los 
aspectos más íntimos cargados de pudor y vergüenza. Aún más difícil se 
hace hablar de violencia sexual. 

Durante la situación de tortura y prisión las mujeres cuentan que no 
hablaban entre ellas de las violencias padecidas porque necesitaban for¬ 
talecer los aspectos resistentes. Explicitar los abusos sexuales era, de 
alguna manera, destacar o engrandecer la figura del represor, mientras 
que no hablar era una forma de minimizarlo, no mostrar debilidad y poder 
controlar la situación. 

Para quienes sufrieron violencia sexual ha sido difícil ponerle palabras 
al horror padecido. Tales traumatismos siempre tienen un núcleo que es 
inenarrable, no existen representaciones que den cuenta de lo siniestro 
de la experiencia, ni palabras capaces de enunciar contenidos tan de¬ 
vastadores. «Tengo sueños recurrentes: quiero hablar y las palabras no 
salen, sueño con asesinatos, muertes, tragedias, cadáveres.» «Me habita el 
pánico.» «Es difícil poner en palabras cosas que no sé si tienen palabras.» 
«A veces me siento como diferente a todo el mundo, como que no pertene¬ 
ciera, como de otra cultura.» 

Toda persona que vive una experiencia traumática de esta magnitud, 
expresa que quien no ha pasado por la misma no puede ponerse en su lu¬ 
gar. Teme que no le crean, ¿cómo lo prueba?; teme la mirada sospechosa 
de los otros y la acusación de que «algo hizo para permitirlo». Una mujer 
decía «la mirada del otro me resulta persecutoria y devastadora». «El silen¬ 
cio del otro me pierde en un mar de fantasías, que a mí me mata.» ¿Cómo 
lograr desmontar estas sospechas? ¿Cómo reforzar la certeza de que se 
trató de una estrategia del terror, para diferenciarlas de las demás, hacer¬ 
las sentir culpables y que callaran? El perpetrador sabía que al tocar una 
zona de tanta Intimidad y pudor contaba con el silencio de la víctima. 

Para poder hablar es necesario que transcurra un tiempo que conlleve 
un proceso de reconstrucción interna y una distancia suficiente para que 
los recuerdos no generen sentimientos tan masivos y desbordantes. Que 
se opere un pasaje, desde reconocerse como víctima —en este caso de 
un delito de lesa humanidad— para, en un segundo momento, moverse 
de esa posición y transitar un proceso de empoderamiento que habilite e 
impulse el accionar político, jurídico y social. 

En los encuentros más personales, también ha sido difícil escuchar. 
Cuando un otro significativo nos trae relatos muy desgarradores observa¬ 
mos conductas evasivas. ¿Qué esquiva la escucha? Surgen sentimientos 
contradictorios, interrogantes que se entrecruzan en quien escucha: ¿por 
qué y para qué me lo cuenta?, ¿quiero o no quiero enterarme?, ¿qué hago 
con ese saber?, ¿qué le puedo decir? Estos relatos nos cuestionan nuestras 
concepciones filosóficas e ideológicas acerca del ser humano y nuestra es- 


30 



pecie. Nos enfrentan a nuestras miserias, a las zonas más oscuras, a lo in¬ 
tolerable de nosotros mismos, a lo reprimido inconsciente. Las terroríficas 
experiencias vividas nos impactan fuertemente, nos trasmiten sentimientos 
mortíferos y nos vinculan con lo más siniestro de lo humano. 

A nivel social y político tampoco se ha habilitado la escucha, las po¬ 
líticas de olvido e impunidad no lo han permitido durante dos décadas. 
Para que quienes fueron víctimas puedan romper el silencio y denunciar 
son necesarias política de Estado que impulsen los juicios, así como dis¬ 
positivos que ofrezcan seguridad, garantías y acompañamiento a los de¬ 
nunciantes. Se hace necesario que existan políticas públicas que busquen 
sanear este vergonzoso pasado, que sean capaces de abordar las conse¬ 
cuencias actuales del terrorismo de Estado en todas sus dimensiones. 


Marcas en la subjetividad 

Sabemos que las experiencias traumáticas impactan fuertemente la 
integridad de las personas atacando las dimensiones afectivas, cognitivas, 
físicas, vinculares y sociales, dejando marcas que pueden reaparecer a lo 
largo del tiempo. Haciendo mención a estas marcas Fabiana Rousseaux 
cita a Primo Levi, quien en el libro Los hundidos y los salvados, con la 
potencia esclarecedora de la metáfora, logra trasmitirnos la vivencia inso¬ 
portable de esas huellas que persisten. 

[... ] «los recuerdos quedaron grabados en forma de película desenfocada y 
frenética, llena de ruido y de furia, y carente de significado, un ajetreo de 
personajes sin nombre ni rostro sumergidos en un continuo y ensordece¬ 
dor ruido de fondo del que no afloraba la palabra humana. Una película en 
blanco y negro, sonora pero no hablada». Podríamos decir que se trata de 
una letra, pero fuera del lenguaje. (2008: 28). 

El contacto con seres tan «monstruosos» afecta la concepción del ser 
humano y del mundo. En un contexto de impunidad se vive con la ame¬ 
naza de que esos seres al estar libres puedan volver a irrumpir. Siempre 
está presente la posibilidad y el temor de volver a enfrentarse con ellos, 
de cruzarlos en cualquier espacio público y de que tengan el poder de 
revictimizarlas. Se produce un cambio de perspectiva al saber de eso tan 
inhumano que puede brotar de un sujeto, se daña la confiabilidad y la 
entrega al otro. 

El aparato represivo buscó dejar semillas de horror allí donde habita lo 
más hermoso y sensible de la vida. Clemencia Correa lo explica con pala¬ 
bras de Lira y Weinstein: 

[...] manifiestan que en la tortura sexual se desencadena un núcleo de ver¬ 
güenza y culpa pues, a diferencia de otros métodos de tortura, la de carácter 
sexual apunta a pervertir un área vital de funcionamiento biopsicológico del 
individuo —aquella relacionada con el placer, la procreación y los vínculos 
eróticos amorosos— con el objeto de transformarla en un espacio de horror, 
agresión, humillación y dolor (2008: 7). 


31 



Estos hechos vividos con tanta violencia atacan la autoestima, pueden 
generar sentimientos de «suciedad», de estar contaminadas y de poder con¬ 
taminar, pueden dificultar la capacidad para sentir placer sexual, llegando 
a la anorgasmia, y el cuerpo puede transformarse en un «cuerpo-armadura» 
que se defiende, controla y limita la expresividad. «Interrumpe e impide la 
relación y el goce sexual.» «En algún momento, me aparecieron imágenes 
del violador mientras mantenía relaciones sexuales.» «Sentir deseo sexual y 
reprimirlo, no dejarse sentir ni gozar plenamente.» «Tratar de evitar el acto 
sexual y al momento de vivirlo sentir dolor físico y/o psíquico.» 

Durante el proceso de tortura sexual se rompen los límites entre lo público 
y lo privado. Las partes más íntimas quedan expuestas, «públicas»; los nom¬ 
bres, sus actividades anteriores, su cuerpo, su derecho a decidir. Durante 
este proceso aumenta la sensación de vulnerabilidad y desvalidez. [...] Con¬ 
lleva el forzar a la víctima a realizar actos que transgreden normas interna¬ 
lizadas sobre lo que se debe y no se debe hacer, generalmente recibidas en 
su entorno cultural (familia, religión, escuela, etcétera) (Paz, 2004: 90). 

Con frecuencia surgen dificultades para expresar dolores físicos y psí¬ 
quicos por temor al uso que podrían hacer los otros al mostrarse vul¬ 
nerables, quedar expuestas, como «desnudas». Relatan la aparición de 
reminiscencias traumáticas que se reviven en momentos que tienen que 
confiar su cuerpo a manos de terceros: médicos, odontólogos, enfermeras. 
Surgen sensaciones de «sobresalto» y «alerta» frente a estímulos (sonoros, 
olfativos, táctiles, gustativos) que quedaron asociados a la tortura sexual. 
Desde el orden de lo onírico emergen las huellas inconscientes que tales 
experiencias han dejado; se observan alteraciones del sueño, interrupcio¬ 
nes, sobresaltos y pesadillas. 

Algunas mujeres refieren conflictos internos entre recordar y no re¬ 
cordar: «cierres como falsos, heridas que no cierran y no cicatrizan». Los 
recuerdos se vuelven torturantes porque remiten a imágenes de sí mismas 
en escenas en las que no pueden reconocerse. De ahí los intentos de es¬ 
cindir esas vivencias, negarlas, bloquearlas, olvidarlas. 

Aunque logren entender a través del pensamiento que no fueron respon¬ 
sables de lo que les ocurrió, por encontrarse sometidas a un poder absoluto 
—en situación de encierro, no había a quien pedir ayuda—, igual persisten 
sentimientos de autoinculpación por haber sido parte de una relación tan 
perversa. La tortura busca escindir a la persona, entre aquella que resiste y 
se defiende, y la que no puede soportar más, la que llega a los límites de lo 
tolerable. La mujer militante se exigía cumplir con sus ideales de resisten¬ 
cia y por lo tanto se culpa al sentir que no pudo defenderse lo suficiente. 

El propósito del torturador de culpabilizarlas, en ocasiones puede in¬ 
ternalizarse y aparecer como remordimientos, interrogantes que retornan, 
que buscan respuestas, que siempre quedan abiertas: ¿porqué pasó?, 
¿qué hice?, ¿qué debería haber hecho?, ¿por qué yo sobreviví y otros no?, 
¿cómo seguir viviendo después de esta experiencia de muerte?, ¿cómo 
integrar estos recuerdo tan despreciables? 


32 



Compartimos el enfoque de Stolkiner quien sostiene que: 

[...] un campo de concentración es básicamente un dispositivo de desubjeti- 
vación [...]. La persona sometida al dispositivo de campo de concentración, 
era siempre víctima, aunque a veces se pensara culpable» (2008: 38). 

El sentimiento de culpa puede ser vivenciado como una deuda que nos 
falta por pagar. Las formas de presentarse la culpa son diversas: angus¬ 
tia, temor a la desaprobación, afectaciones a la autoestima, irritabilidad, 
autoagresión, llegando incluso a situaciones de depresión. 

De los relatos surge que los torturadores en muchas ocasiones se en¬ 
contraban alcoholizados y/o drogados. Que se ensañaban frente a estas 
mujeres fuertes y rebeldes llevándolas a vivir situaciones límite; siendo 
capaces de dar rienda suelta a sus impulsos más bajos y hostiles para 
descargarlos sobre quienes consideraban sus enemigas. Y al mismo tiem¬ 
po, utilizando su inteligencia para manipular y diseñar estrategias, aun 
sutiles, con el ñn de cosiñcarlas. Estas mujeres han conocido al inhu¬ 
mano/humano y esa experiencia ha dejado un punto de inflexión en sus 
vidas, marca un antes y un después. 

La convivencia en sociedad se caracteriza por la necesidad de lími¬ 
tes, acuerdos y leyes que regulen los intercambios. En la violencia sexual 
aplicada por el terrorismo de Estado se viola la ley jurídica que prohíbe y 
condena estas conductas, así como los códigos morales y las normas in¬ 
ternalizadas. Estos hechos generan un gran monto de violencia que daña 
el tejido social y produce efectos a nivel simbólico. Se altera el orden es¬ 
tablecido al habilitarse la transgresión y mientras haya impunidad esto 
se perpetúa. 


Recursos de protección y desmarcación 

Si bien los verdugos buscaban la aniquilación física y psicológica de las 
detenidas, la gran mayoría de las mujeres ha podido salir adelante, conti¬ 
nuar su vida, armar proyectos y realizarse. Ellas son un ejemplo de las ca¬ 
pacidades resilientes que posibilitaron el afrontamiento de la adversidad. 

Nos cuentan cómo hicieron dentro de la prisión para fortalecerse y lo 
que más rescatan es el apoyo entre las compañeras, la gran solidaridad, 
el compañerismo, el pensamiento y accionar colectivo, el saber que no es¬ 
taban solas y sentir la fuerza de la unión del grupo. También señalan que 
lograban momentos gratificantes en el encuentro con las compañeras, 
apelando a la afectividad, el humor y la creatividad. Muchas hacen alu¬ 
sión a que sintieron un gran apoyo de sus familias que pudo traspasar la 
situación de encierro para sostenerlas. Cuentan que utilizaron estrategias 
de sobrevivencia y ciertos mecanismos psicológicos como: autoconvencer- 
se de que «todo iba a salir bien», negar y/o disociar las representaciones 
angustiantes, poner el énfasis en lo que se podía, en las potencialidades, 
y fortalecer el pensamiento intentando evitar sentir para poder así contro¬ 
lar los sentimientos. El énfasis en el pensamiento buscaba poner orden al 


33 



caos, entender lo que estaba ocurriendo, intentar comprender la realidad 
que debían enfrentar. Señalan la importancia que tuvo la ideología, que 
les permitía reafirmarse en sus convicciones, en su ser militante y enten¬ 
der las lógicas del enemigo. «Yo sabía que nosotros teníamos razón, que 
los equivocados eran ellos». «Yo tenía pleno convencimiento de mis valores 
y de mis ideales». 

Luego de la prisión fue necesario sostenerse, no dejar que lo vivido 
las ubicara en el lugar paralizante de la víctima. Narran acerca de la im¬ 
portancia de reconstruir los lazos familiares y afectivos, enamorarse, te¬ 
ner hijos y sostenerse en el afecto de ellos. Encontrarse consigo mismas 
dando respuesta a la pregunta, ¿quién soy?, reconstruir sus proyectos de 
vida, de estudio, de trabajo. Aferrarse a lo mejor de lo humano, buscar lo 
esencial. También necesitaron reencontrarse a través de procesos psicote- 
rapéu ticos, para pensar/se, para encontrar palabras, expresar emociones 
que habían quedado ocultas y poder integrar esta parte de su historia, 
vivida en ocasiones con cierta ajenidad, dentro de su historia de vida. 

Fueron primordiales los espacios colectivos como forma de retomar lo 
que para ellas fue «la mejor parte de la historia vivida»: lo maravilloso del 
ser humano, su solidaridad, su entrega, su compromiso. «La cana dejó 
más de lo que sacó, somos mejores personas después de esta experiencia, 
siento orgullo por como lo sobrellevamos.» «Allí creamos lazos muy fuertes 
y ñrmes que luego de tantos años se mantienen.» Los espacios de mili- 
tancia, de defensa de los derechos humanos, los ámbitos de reencuentro 
con compañeras con las que compartieron la cárcel, contribuyeron a darle 
continuidad, perpetuar y traspasar a otros los aspectos más positivos de 
lo vivido, los aprendizajes más esenciales. 

En breves palabras, fue reparador todo aquello que les permitió ali¬ 
mentar su dignidad, volver a sentirse seres pensantes, estar activas, par¬ 
ticipar en diversas organizaciones. En definitiva, reforzar su ser persona a 
modo de doblegar las vivencias cosificantes que generó el torturador. 


De la imposibilidad a la posibilidad 

En Uruguay hoy podemos comenzar a pensar en la categoría violencia 
sexual y terrorismo de Estado porque otros países, como Rwanda, la ex 
Yugoslavia, Guatemala, Perú, México, Argentina, Chile, han desarrolla¬ 
do avances en la materia. Avances influenciados por los desarrollos de 
la perspectiva de género, los cuales han permitido construir una nueva 
mirada sobre hechos que estaban naturalizados dentro de una cultura 
patriarcal y machista. 

Desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en el año 2002, está 
estipulado que la violencia sexual en contextos de terrorismo de Estado 
es un delito de lesa humanidad. Sin embargo, como sociedad no fuimos 
conscientes de la magnitud de este crimen hasta que, recientemente, un 
grupo de mujeres tuvo el coraje de denunciar los vejámenes padecidos 


34 



durante el terrorismo de Estado. Estos crímenes habían quedado ocul¬ 
tos. ya que si bien algunos testimonios hablaban de violaciones y abusos 
sexuales se referían a éstos como una forma más de tortura. 

La experiencia nos indica que en derechos humanos no alcanzan los 
tratados internacionales, es necesario que estos se encarnen en situacio¬ 
nes concretas, que se generen procesos de subjetivación que modifiquen 
nuestras formas de sentir, pensar y actuar. Los procesos se inician con 
el valor de quienes se animan y pueden hablar de lo «no hablado», en esa 
lucha insistente por hacerse escuchar. Sin embargo, esa enorme respon¬ 
sabilidad no puede quedar solo en manos de quienes fueron víctimas, es 
imprescindible que se involucren otros actores de la sociedad: los medios 
de comunicación, el mundo académico, las organizaciones sociales y de 
derechos humanos. 

La posibilidad de enunciación de otros actores de la sociedad genera ha¬ 
bilitación para recordar lo vivido, tomar fuerzas y hacer público el oprobio. 
Sin embargo, ¿con qué garantías cuentan los denunciantes? Es necesario 
que haya políticas de Estado que apoyen y acompañen estas causas. 

La memoria del pasado reciente sigue siendo conflictiva y no hemos 
procesado aún las diversas dimensiones de afectación que tales hechos 
provocaron en nosotros. En nuestro país hay un sector de la sociedad 
que no quiere escuchar más hablar de la dictadura, incluso desde ám¬ 
bitos gubernamentales. Nuestra sociedad está dividida entre quienes se 
conmueven ante los crímenes y quienes los ven como algo del pasado. 
No hemos logrado construir una narración consensuada que admita los 
horrores y los repudie. Se han concretado muy pocas medidas desde el 
Estado que acompañen los avances de conciencia en temas de genoci¬ 
dio y crímenes de lesa humanidad que los impulsores de los derechos 
humanos han alcanzado a nivel internacional. Los uruguayos no hemos 
comprendido cabalmente que cuando se trata de delitos de lesa huma¬ 
nidad estamos hablando de crímenes que ofenden a toda la humanidad. 
Se han realizado algunas acciones tendientes a reparar los daños, recor¬ 
dar los sucesos y juzgar a algunos responsables, pero se han hecho en 
forma aislada y desarticulada, aún falta una política pública integral en 
esta materia. 

En mayo de 2011 volvimos a revivir, por un lado la expectativa de elimi¬ 
nar de una vez por todas la ley de caducidad de la pretensión punitiva del 
Estado —principal escollo jurídico para llegar a la verdad y la justicia— y 
por otro, la desilusión de no haberlo alcanzado. 2 A ese hecho se agregó 
el riesgo de que si los delitos no eran considerados de lesa humanidad, 
prescribirían en el mes de noviembre. 3 ¿Qué generó esto en los afectados 


2 AI aprobarse en el Senado el proyecto de ley interpretativa de la misma, y posteriormente 
no lograr su aprobación en diputados (abril y mayo de 2011). 

3 Ya casi en el límite del tiempo estipulado, el 27 de octubre de 2011, el Parlamento votó 
una ley que establece que los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de 
Estado no prescriben. 


35 



directos? Dolor, impotencia, bronca... deseos de intentar otros caminos 
aún no explorados, necesidad de integrar estas experiencias dentro de su 
historia de vida. 

Durante todo el año 2011 aumentó el número de denuncias por críme¬ 
nes ocurridos durante el terrorismo de Estado. En ellas observamos que 
se ha producido un movimiento, los testigos ya no son sólo testigos de lo 
que el sistema represor generó a otros, se comienza a hablar en prime¬ 
ra persona acerca de lo padecido. Quizá llegó el momento de denunciar 
aquello que se ha callado, quizá este sea un nuevo tiempo de la verdad, 
hablar de «mi verdad», aquella que se ha cargado en silencio, que no se ha 
contado por pudor, que se ha minimizado ante la muerte de compañeros, 
aquella que el militante invisibilizó al privilegiar el nosotros sobre el yo. 

En palabras de un testigo argentino al brindar su testimonio ante el 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): 

Al principio hablábamos de los compañeros que habíamos visto con vida 
en el centro clandestino y que todavía estaban desaparecidos, después fue 
el tiempo de nombrar a los represores que pudimos reconocer, ahora es 
tiempo de hablar de cada uno de nosotros (Balardini, Oberlin, Sobredo, 
2010: 3). 

Nos encontramos en un tiempo en el que, como sociedad, tenemos que 
ser capaces de desmontar el silencio y las mentiras que se han tejido du¬ 
rante 30 años, encontrar caminos para combatir las dinámicas de la ocul¬ 
tación, para desenmascarar a los responsables de los delitos y lograr que 
sean juzgados jurídica y moralmente. Ello permitirá debilitar ese dolor tan 
profundo y lacerante que estas mujeres han cargado durante tanto tiem¬ 
po, producir valoración social del sufrimiento y a la vez ubicar la culpa en 
quien siempre debió estar depositada: en los verdaderos culpables. 

Es necesario el compromiso del Estado y de la sociedad para dar ga¬ 
rantías de no repetición, llamar a las cosas por su nombre, fomentar la 
educación en derechos humanos. Hoy un grupo de mujeres ex presas 
políticas pone sobre el tapete la violencia sexual y la denuncia, para que 
la historia no olvide estos crímenes y para que aprendamos a construir 
sociedades en las que los sujetos condenemos actos tan despreciables. 


36 



Bibliografía 

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(ed.), Grietas en el silencio. Una investigación sobre la violencia sexual en el marco del 
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IX Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación, Chiapas. México. 
Disponible en: <http://congresochiapas08. codigosur.net/ponencias/DFMesadedia- 
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rellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado. Estrategias de 
Intervención, Dirección Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulne¬ 
rables de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires. 

Stolkiner, Alicia (2008), «Marco Psicológico», en Acompañamiento a testigos y querellan¬ 
tes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado. Estrategias de Interven¬ 
ción, Dirección Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables de 
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Dere¬ 
chos Humanos de la Nación, Buenos Aires. 


37 




Entre el nudo subjetivo y el nudo político 


Mariana Risso Fernández 


Introducción 

Abordar el tema de la violencia sexual durante el terrorismo de Esta¬ 
do uruguayo es intentar atravesar la suma de muchas capas de silencio. 
Hablar de lo que no se habla. Silencios por exclusión de la palabra, difi¬ 
cultad para nombrar un sufrimiento que, a la vez que sabido, es temido 
y ocultado. 

Hablar de la violencia ejercida sobre la sexualidad de las presas po¬ 
líticas es aproximarse a uno de los núcleos más duros de la cultura del 
olvido y de la impunidad. 

Este artículo intentará subrayar algunos de los complejos anudamien¬ 
tos que el tema implica y para ello se parte de una convicción: la subjetivi¬ 
dad es también una categoría política. 

Incluir la violencia sexual y la violencia de género, padecidas durante 
el terrorismo de Estado, como un punto central de la reflexión, es un de¬ 
safío en múltiples dimensiones que busca desarticular los efectos actua¬ 
les y persistentes del daño que aún se expresa en silencios y discursos. 
Reparar, entendiendo por ello a la difícil tarea de deconstruir el silencio 
e identificar los rastros invisibilizados por la masividad de la violencia y 
el temor. 


El nudo político 

En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos 
de exclusión. El más evidente, y el más familiar también, es lo prohibido. 
Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de 
todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de 
cualquier cosa. 

Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado 
del sujeto que habla: he ahí el juego de tres tipos de prohibiciones que se 
cruzan, se refuerzan o se compensan, formando una compleja malla que no 
cesa de modificarse. 

Resaltaré únicamente que, en nuestros días, las regiones en las que la 
malla está más apretada, en la que se multiplican los compartimentos 
negros, son las regiones de la sexualidad y las de la política... (Foucault, 
1992: 5). 


39 



Es una tarea necesaria identificar los lugares donde se producen «los 
compartimentos negros», esas «regiones» en que se cruzan la sexualidad y 
la política donde, al decir de Foucault, «la malla está más apretada». Ne¬ 
cesidad de enfocar con una perspectiva crítica esos lugares del discurso, 
de los discursos, en donde la exclusión de la palabra se relaciona directa¬ 
mente con la trasmisión del terror como política de control social. 

Rastrear los efectos actuales del terrorismo de Estado para deconstruir su 
anidamiento persistente en la cultura y en el vaciamiento de la palabra. 

Es esta tarea —la de abordar la violencia sexual y de género, y en es¬ 
pecial, la agresión por medios sexuales—, un asunto público, y expone un 
conflicto político. 

Se trata de pensar las zonas de lo que no se dice, o no puede decirse, 
implicándonos en un posicionamiento consciente sobre los conceptos de 
género y discurso, para poder nombrar a la sexualidad y a la violencia. Es 
en el cruce de estas categorías que encontramos múltiples dificultades y 
ausencias, porque pensar y hablar de sexualidad como categoría política 
implicará en primer lugar un esfuerzo de discurso. 

En la tradición del análisis social y político de los conflictos, la sexuali¬ 
dad es un dato o una referencia marginal, casi absolutamente restringida 
al ámbito privado, una referencia individual o un detalle de lo anecdótico. 
La investigación de las ciencias sociales, como análisis de procesos histó¬ 
ricos, empieza hace pocas décadas a abordar el fenómeno del género y la 
sexualidad como un analizador de las relaciones de poder, de autoridad, de 
sometimiento y de control poblacional. Pero las producciones que incluyen 
la perspectiva de género continúan siendo, especialmente en nuestro país, 
un terreno de investigación demasiado escaso. Estos territorios de produc¬ 
ción intelectual son casi exclusivamente enfocados por grupos reducidos de 
activistas feministas y por pequeños sectores de docentes universitarios. 

En las propuestas de los movimientos sociales y de los partidos po¬ 
líticos el tema de la perspectiva de género apenas tiene expresión. Las 
proclamas inclusivas muchas veces tratan al género como un asunto 
gramatical, incorporando el símbolo de @ o las letras «o/a» en algunos 
documentos, sugiriendo con timidez una apertura de índole lexical a lo 
políticamente correcto. Esta forzada adecuación de estilo en la redacción 
de documentos no implica una mayor sensibilidad con el tema, el que ge¬ 
neralmente queda circunscrito al gesto de tipeo y a una retórica inclusiva, 
a modo de saludo a la tribuna femenina de votantes. 

El género como eje oportuno y necesario para los análisis históricos y 
políticos permanece siendo un interés marginal en el mejor de los casos y 
en el peor un barniz retórico, incluso para los intelectuales de izquierda. 

Dentro de estas limitaciones del panorama general es especialmente 
significativa la escasez de investigaciones con perspectiva de género que 
enfoquen las experiencias diferenciales de hombres y mujeres durante el 
terrorismo de Estado. Incluso en los sectores que han levantado la ban¬ 
dera de memoria y justicia, salvo algunas meritorias excepciones, sigue 
habiendo muchas dificultades para incorporar las particularidades que 


40 



los roles de género imprimieron e imprimen en las y los protagonistas de 
ese proceso. 

Las marcas de la tortura, la prisión prolongada y la violencia sexual 
persisten en lo que varios autores han llamado «cultura de la impunidad» 
(Fried y Lessa. 2011: Achugar, Demasi, Mirza, Rico y Viñar. 1996), in¬ 
cidiendo en las persistentes dificultades para la elaboración del trauma 
social. 

Nuestro país tiene una larga historia de tolerancia a la violencia sexual 
que se expresa jurídicamente en el mantenimiento de leyes retrógradas y 
patriarcales 1 que atribuyen los crímenes de género y sexuales (general¬ 
mente nominados bajo la ambigua expresión de pasionales) a «impulsos 
masculinos irreprimibles» (Aucía, 2011). Se circunscriben así, las distin¬ 
tas formas de agresión machista, al ámbito de lo privado o doméstico. 

Los efectos y el daño que produce el abuso sexual es tolerado, mini¬ 
mizado e incluso justificado, en especial cuando la agresión recae sobre 
alguien que ha sido previamente culpabilizado: un delincuente, una pros¬ 
tituta, un/a enfermo/a mental, un/a homosexual, o cualquier sujeto que 
quede ubicado en un lugar de sospecha o estigmatización. 

En este contexto es importante recordar que las mujeres militantes, en 
su mayoría jóvenes, integradas en creciente número a la actividad política 
en la década del 60, fueron especialmente criminalizadas en los setenta y 
ochenta. Esas mujeres que supeditaron los roles femeninos tradicionales, 
como la maternidad y los quehaceres domésticos, a la actividad política 
reivindicativa fueron doblemente culpabilizadas. 

En nuestra idiosincrasia punitiva y patriarcal las presas políticas, y 
aquellas mujeres con fuerte compromiso político revolucionario, eran in- 
cuestionadamente peligrosas. Con su acción subvertían los valores conser¬ 
vadores de las estereotipias de género que sustentaban las lógicas cultu¬ 
rales del terrorismo de Estado. Esas mujeres buscaron encontrar un lugar 
público que no les pertenecía «por naturaleza», ellas «se lo buscaron» y por 
esa transgresión eran plausibles de un castigo sin mayor cuestionamiento. 
Es así, tan primariamente, que las víctimas parecen dejar de serlo. 

La mujer que ha sido víctima de tortura o de un ataque sexual debe 
demostrar, aún hoy, su desvalimiento e inocencia, la mujer para ser «ho¬ 
nesta» debe dar cuenta de una sexualidad privada y doméstica, y la niña 
debe tener una conducta virginal. 

El acto de agresión sexual, al ser ignorado, tolerado, minimizado e in¬ 
cluso justificado, refuerza los fundamentos más regresivos con que opera 
el derecho punitivo patriarcal el que se basa en una racionalidad natura¬ 
lizada del derecho del fuerte sobre el débil. 


1 Es un dato significativo, entre lo trágico y lo ridículo, los capítulos del Código Penal vigen¬ 
te en nuestro país que refieren a crímenes contra la mujer. Además de ubicar el articulado 
bajo la denominación: «De los delitos contra las buenas costumbres y el orden de la fa¬ 
milia», se diferencia explícitamente para la responsabilización de un crimen, el que fuera 
perpetrado a una mujer «honesta». Código Penal Uruguayo, Artículo 266, 1934. 


41 



Esa modalidad de sujeción a la lógica del fuerte constituye el pilar ideo¬ 
lógico de las estrategias de domesticación social, y constituye las bases 
normativas de una ciudadanía acrítica. 

La sociedad uruguaya convulsionada, atravesada por la conflictividad 
política, se apacentó en la culpabilización de las víctimas del terrorismo 
de Estado. En la actualidad esa culpabilización acrítica persiste e insiste, 
dejando rastros claros en los discursos autoritarios que promueven, con 
llamativa adhesión, el aumento del control represivo y la dureza del cas¬ 
tigo ejemplarizante. 

En nuestro país la violencia de género, y la violencia institucional ha¬ 
cia los jóvenes, se encuentran con terrenos propicios cuando se enuncian 
reclamos de dureza punitiva para los sospechosos de algunos delitos. Ma¬ 
yor dureza exigida cuanto más vulnerables esos sospechosos sean, y un 
reclamo signiñcativamente más tibio ante los culpables cuando estos son 
poderosos. 

La violencia sexual, y en especial la violencia machista, es tolerada, 
aceptada e incluso interpretada como diversión viril o broma 2 y como una 
afirmación de hombría en el castigo. La disculpa al agresor sexual sigue 
siendo una modalidad muy arraigada en nuestra cultura aunque no nos 
guste reconocerlo. 

Hay una trivialización de esa forma extrema de violencia, ubicándola en el 
espacio de los delitos privados, se la condena al silenciamiento invocando 
razones de pudor, cuando no son más que crímenes de lesa humanidad, 
cuyos autores son retribuidos con la impunidad. Las víctimas de violencia 
sexual portan todo el peso de la carga cultural de la sexualidad y de la agre¬ 
sión de género. Cargan con los tabúes, los estigmas y la desconfianza, en 
especial el sentido que cobra la violencia en la identidad de género, ya sea 
femenina o masculina, tornan la agresión sexual en un hecho muy difícil de 
relatar. (Aucía, 2011: 38). 

El silenciamiento de las víctimas de violencia sexual durante el terro¬ 
rismo de Estado hereda de una larga historia de cultura patriarcal y de 
impunidad legislada que recién empieza a rasgarse en el presente. Los 
tabúes pesan en quienes buscan relatar experiencias terribles, y los estig¬ 
mas se fortalecen en la herencia silenciador a que estamos sosteniendo. 


2 Mientras trabajaba en una versión inicial de este artículo se hizo público un video que 
muestra una agresión sexual a un joven haitiano, por parte de varios miembros de la 
delegación uruguaya que cumple funciones de ocupación militar en ese país. 

Algunos oficiales hablaron de «broma» para dar cuenta de la aberración del acto, y en 
algunos medios de prensa se replicaron comentarios irónicos que denigraban a la víctima 
o planteaban suspicacias sobre «sus intenciones»; incluso altos miembros del gobierno en 
varias declaraciones expresaron que al joven víctima «le importaría más una recompensa 
económica que la verdad». Estas reacciones evidencian, más allá de este caso concre¬ 
to, que cuando la agresión emplea la sexualidad como medio, y es protagonizada por 
militares, personas o grupos de poder, se tolera y hasta se promueve una reacción de 
descalificación a la víctima. Señalar o desconfiar del débil (los pobres, las mujeres, los ho¬ 
mosexuales, los jóvenes, los extranjeros) se ofrece como un camino más sencillo y seguro, 
que es ampliamente facilitado culturalmente en nuestro país. 


42 



Iremos hacia atrás, veinte y pocos años en esa historia, para situarnos 
en el 2 de julio de 1985. El país recobraba entonces la institucionalidad 
democrática a través de elecciones tuteladas que posibilitaron un gobier¬ 
no electo en elecciones generales. 

En ese primer período del frágil restablecimiento institucional demo¬ 
crático, cuando el presidente era Julio María Sanguinetti del Partido Co¬ 
lorado, un senador del Frente Amplio, José Germán Araújo, exponía en la 
Cámara de Senadores. 

Araújo realizaba ese día la primera denuncia parlamentaria pública 
de algunos de los delitos del terrorismo de Estado. Nombraba a varias 
víctimas que le habían presentado su testimonio, y también nombraba a 
muchos de los criminales reconocidos. 

El testigo habla también de otro personaje al que reconoce sin duda alguna. 

Su apellido es Pressa y es reconocido por cientos y cientos de ciudadanos 
que tuvieron la desgracia de desfilar por Maldonado y Paraguay. 3 
Tengo entendido que este señor Pressa ya no integraría los cuadros poli¬ 
ciales. Se me ha informado que el mismo habría sido dado de baja por la 
comisión de otros varios delitos. 

Hay algo, señor presidente, que ha sido un hábito en el señor Pressa durante 
estos años: a más de torturador, ha recurrido muchas veces a la violación, 
una de las prácticas más brutales y perversas de todo este tiempo. ¿Cuántas 
mujeres fueron violadas por estos protectores de la seguridad nacional? Es 
imposible saberlo; pero sabemos sí, que este sujeto fue uno de ellos y sobre él 
han de caer, con seguridad, una larga serie de dramáticos testimonios. 4 

Se equivocó el senador Araújo, no fue posible para las víctimas testi¬ 
moniar, aún no ha sido posible. Por eso es necesario aunque sea parcial¬ 
mente, volver a pronunciar aquellos primeros testimonios públicos persis¬ 
tentemente desoídos: 

Me viene a la memoria un testimonio —es otro aporte valioso, en este caso 
sobre el coronel Rama y lamento no haberlo traído, pero por supuesto, 
cuando sea necesario esta persona está dispuesta a declarar ante la Justi¬ 
cia—. Veamos hasta qué grado de locura puede llegar, aunque no sé si se 
trata de locura; tal vez el doctor Cardozo, con su sabiduría como psiquiatra 
podrá decirnos con más precisión qué es. Como decía, este coronel Rama 
tenía una forma muy especial de torturar: desnudaba a las presas, las po¬ 
nía sobre sus piernas y luego les aplicaba la picana de tal forma de recibir 
él también el shock. Esto se va a testimoniar ante la Justicia. 5 

A ñnes de diciembre de 1986, un año luego de esta exposición en la 
cámara, Araújo fue expulsado del Senado, en la misma secuencia de suce¬ 
sos que acabarían con la aprobación de la Ley 15.848, la ley de caducidad 
de la pretensión punitiva del Estado. 


3 Refiere a las oficinas de ese entonces del Servicio de información e inteligencia de la 
Policía (Departamento 5). 

4 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, primer período ordinario de la XLII Legis¬ 
latura, 42 Sesión ordinaria. 

5 ídem. 


43 



Al día de hoy, ninguna de las personas acusadas en aquella instancia 
y cuyos nombres figuran en las actas de la Cámara de Senadores, han 
sido indagadas ni procesadas por delitos sexuales ni por torturas. Tam¬ 
poco otros tantos crímenes denunciados públicamente en declaraciones y 
testimonios aparecidos en libros, revistas, actos públicos, audiovisuales, 
etcétera, han sido investigados. El silencio en nuestro país no se generó 
por la ausencia de palabras sino por falta de oídos. 

Hace más de 25 años que el fallecido senador Araújo continúa equivo¬ 
cado, la Justicia sigue sin escuchar esos testimonios. 

Es difícil cortar el circuito de silencio cuando está acompañado del desin¬ 
terés y la no percepción por parte de los agentes estatales, en especial de 
los operadores de Justicia, de que nos encontramos frente a graves delitos 
contra los derechos humanos de las personas. Como corolario, deviene la 
impunidad ( Aucía, 2011: 438 ). 

Hablar sobre el abuso sexual padecido no es fácil para quienes han 
sido víctimas, y es especialmente difícil cuando el testimonio es desoído 
sistemáticamente. 

La filósofa Hanna Arendt caracteriza al mal, y a la ausencia de capa¬ 
cidad ética en referencia a la capacidad humana de pensamiento, la re¬ 
lación del yo consigo mismo», es una facultad que la autora diferencia del 
entendimiento y que define como portadora de la calidad de la memoria 
y del juicio: 

A quién desconoce la relación silenciosa del yo consigo mismo (en la que 
examino lo que digo y lo que hago) no le preocupará en absoluto contrade¬ 
cirse a sí mismo, y esto significa que nunca será capaz de dar cuenta de lo 
que dice o hace, o no querrá hacerlo; ni le preocupará cometer cualquier 
delito, puesto que puede estar seguro de que será olvidado al momento 
siguiente. La gente mala —diga lo que diga Aristóteles— no está llena de 
remordimientos (Arendt, 2002: 213). 

El torturador, el violador, el criminal impune no es un loco ni una 
extraña excepcionalidad. Es un sujeto capaz, en ciertas condiciones de 
posibilidad, de autoafirmarse de forma perversa. Un sujeto que, en posi¬ 
ciones de autoridad y decisión, se beneficia a costas del sufrimiento ajeno 
sin que esto le genere cuestionamientos morales o conflictos subjetivos. 
Estas personas no se perciben a sí mismas en el horror que producen o en 
el daño que generan, decodifican el horror como fortaleza, el miedo como 
autoridad, y la destrucción de quien ha devenido enemigo como triunfo. 
Es por ello que no sienten necesario justificar sus acciones, estas le son 
incuestionadas. 

Si algo muestra la larga historia de la infamia es que los verdugos 
no se justifican, ni necesitan dar explicaciones consistentes de sus 
acciones, probablemente crean que no deben hacerlo. En los casos en 
que se vean obligados judicialmente a dar alguna cuenta de sus actos 
los definen en un lugar de excepcionalidad, de cumplimiento del deber 
e incluso de heroísmo. Esa conformación psíquica que puede encua- 


44 



drarse dentro de la definición clínica de psicopatía es Infrecuente en 
los individuos tomados de forma aislada, pero es altamente frecuente 
en el funcionamiento de los grupos de poder, en especial en aquellos 
que se estructuran con el objetivo de procurarse privilegios sociales y 
económicos. Los verdugos y los criminales múltiples son generalmen¬ 
te personas integradas a un colectivo ordenado, lejos de la caricatura 
de las seriales y thrillers de televisión, operan muy eficientemente en 
una estructura social jerárquica. Son sujetos integrados socialmente 
que se perciben a sí mismos como portadores de una necesidad de or¬ 
denamiento social, de defensa de causas trascendentes, de castigo, e 
incluso de justicia. 

El violador-verdugo no testimonia, silencia, y cuando relata su pers¬ 
pectiva produce un discurso vinculado a alguna moralidad o ley organiza¬ 
dora que lo rescata psíquicamente de lo siniestro de sus acciones (el cum¬ 
plimiento del deber, las necesidades de la guerra, la obediencia debida, 
etcétera). Disociando así sus actos y sus dichos del sentido trascendente 
del daño causado por el abuso y la violencia. 

En sus relatos, la violación emerge como un acto disciplinador y vengador 
contra una mujer genéricamente abordada. Un acto que se ampara en el 
mandato de punir y retirarle su vitalidad a una mujer percibida como des¬ 
acatando y abandonando la posición a ella destinada en el sistema de esta¬ 
tus de la moral tradicional (Segato, 2003: 9). 

Testimoniar la violencia sexual sistemática y los tormentos padecidos 
por miles de ciudadanos y ciudadanas es una necesidad personal y co¬ 
lectiva en la desarticulación del discurso y la lógica del verdugo. Esa ne¬ 
cesidad implica un quiebre radical con la desmemoria, es un esfuerzo de 
confrontación ideológica con la lógica de los victimarios, y principalmente 
es una afirmación ética. 

La violencia atroz descargada por los agentes del Estado terrorista, y 
en especial la violencia de índole sexual no fue un daño colateral, ni un 
error de cálculo, fue una herramienta para la reafirmación abusiva del 
poder. Es el goce autoritario el que sostuvo y sostiene los fundamentos 
de la crueldad. Para romper esas mecánicas ideológicas de la atrocidad, 
la construcción de la memoria histórica debe quebrar la permanencia de 
todo discurso explicativo o atemperador. El terrorismo de Estado fue una 
estrategia para asegurar espacios de poder político y económico, gene¬ 
rando actos crueles, sistemáticos y generalizados, que garantizaron el 
mantenimiento de privilegios a través de la destrucción de toda oposición 
organizada. 

La magnitud de la violencia descargada por los funcionarios del Esta¬ 
do que ocuparon cargos en instituciones punitivas durante la dictadura, 
lesionó y lesiona aún hoy a toda la sociedad. Configurar un campo de con¬ 
frontación ético política con el despotismo es reconocer las articulaciones 
ideológicas de signo autoritario y patriarcal. Interpretar los actos crimina¬ 
les como excesos y atribuirle legitimación jurídica como una consecuencia 


45 



natural de la confrontación política según «la lógica de los hechos» 6 refuer¬ 
zan el discurso criminal, y se apoyan en una sostenida debilidad política. 

La existencia de prácticas sistemáticas de violencia y abuso sexual en 
el terrorismo de Estado uruguayo conformaron lógicas de acción y lógicas 
de discurso. Fueron portadoras de una intencionalidad y una funcionali¬ 
dad que trascendía el castigo. Más que prácticas de castigo, más que otra 
forma de tortura y de degradación subjetiva, fueron y son evidencias de 
intencionalidad política. El terrorismo de Estado implica una herencia no 
resuelta que se mantiene como amenaza de forzamiento a la red de rela¬ 
ciones institucionales y jurídicas democráticas. 

Las técnicas de secuestro y tortura constituyeron una de las manifestacio¬ 
nes más extremas de esta represión, y uno de los instrumentos más efica¬ 
ces del terrorismo de Estado. Al arrogarse la capacidad de torturar a sus 
ciudadanos el Estado asumió un poder absoluto sobre ellos. La aplicación 
sistemática del terror como instrumento político del Estado para someter al 
conjunto de la sociedad, tuvo efectos que alcanzaron al conjunto de la po¬ 
blación, y se mantuvieron activos más allá de la recuperación democrática 
(Kaplan, 2007: 42). 

La violación y el abuso sexual como modalidades de tortura, exponen 
el desborde de la pretendida eficacia del discurso punitivo y la teoría de 
los bandos en conflicto. Es posible generar discursos que reubiquen los 
términos del debate político, pero para ello es necesario articular condi¬ 
ciones para sostener la narrativa del horror. Las dimensiones pornográfi¬ 
cas que adquiere cualquier relato de lo que Kaplan llama «la experiencia 
incomunicable», requieren para posibilitar la escucha un marco de con- 
ceptualización. La agresión sobre el cuerpo, la tortura, en especial la que 
remite a la violencia ejercida por medios sexuales, debe representar un 
quiebre en cualquier postulación trillada y anacrónica de la teoría de los 
dos demonios. Quebrar desde el discurso y la acción la dudosa eficacia de 
las proclamas que surgen desde el lugar del envalentonado heroísmo y de 
las alusiones míticas a un supuesto «pacto de combatientes». 

El riesgo mayor que afrontamos en el esfuerzo por una reubicación 
discursiva de la cuestión, es no encadenar a las mujeres, o a cualquier 
víctima de violencia sexual, a ese único lugar de identidad dentro de la 
estigmatización individualizante. La agresión sexual es siempre en primer 
lugar una agresión política, porque implica un ejercicio del poder y una 
naturalización del derecho a ese ejercicio. En las violencias sexuales que 
se enmarcaron dentro de la sistematicidad de las torturas del terrorismo 
de Estado, ese vínculo entre violencia, sexualidad y política queda clara¬ 
mente expuesto. 

Buscar traducir el crimen sexual a lesiones personales o individuales es 
una falacia, un recurso falseador de las secuelas del daño colectivo. Pensar 
en la práctica sistemática de la violencia sexual en el terrorismo de Estado 


6 Fundamento sostenido en el texto de la Ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva 
del Estado. 


46 



trasciende a los nudos del sufrimiento individual por lo que debemos per¬ 
mitirnos mirar a la cruda actualidad de sus efectos culturales, históricos 
y políticos. Es ese camino de construcción de perspectivas el que nos po¬ 
sibilita escuchar el sufrimiento de una determinada persona, logrando la 
proximidad necesaria para captar junto a las dimensiones individuales del 
sufrimiento, una historia que nos abarca a todos y a todas. 


El nudo subjetivo 

Las mujeres tenemos una ciudadanía parcialmente desarrollada y una 
historia subjetiva reciente. La identidad de género, como toda identidad, 
se constituye histórica y culturalmente, y, en la larga historia de la cul¬ 
tura patriarcal la feminidad ha sido una desventaja. De ese lastre no nos 
hemos despojado. 

Ser mujer implica aceptar una devaluación identitaria que se refleja 
cotidianamente en múltiples discursos impregnados de fórmulas donde lo 
femenino es el atributo descalificador y la sexualidad femenina un lugar 
sospechoso. 

Las mujeres ocupan, por serlo, un espacio de disociación discursiva 
en donde se separa radicalmente el cuerpo de la mujer portador de su 
sexualidad, de la condición femenina generalmente vinculada a una fun¬ 
ción materna reproductiva idealizada. La mujer tiene un cuerpo que es 
concebido como objeto de pertenencia, es por ello que no integra el terreno 
pleno del derecho y de la subjetividad. Es un cuerpo de dominio público 
porque encierra, paradojalmente, una sexualidad ajena y privada. 

Las mujeres y las niñas están tempranamente expuestas a la invasión 
de las miradas y al control social de su cuerpo y sus funciones. Reciben 
con el nombre la carga de valoraciones y expectativas de sus comunida¬ 
des. Al crecer percibirán las ostensibles expresiones sobre la atracción 
que la belleza femenina genera, esa atracción o excitación masculina se 
explica como el resultado de una provocación inevitable. La mujer será 
desde entonces la provocadora, lo será su cuerpo, su juventud o su sola 
presencia física. Se la culpabiliza de portar una cualidad donde se depo¬ 
sita, junto a la excitación sexual propia y ajena, la rabia que la excitación 
y la frustración sexual provocan. 

El atractivo femenino es un generador de constante ambivalencia entre 
admiración y rechazo. Las niñas y las adolescentes aprenden muy tempra¬ 
namente a vivir en una cultura que les señala el peligroso juego al que es¬ 
tán expuestas, ubicándolas en un difícil equilibrio subjetivo entre el deseo 
de aceptación y el riesgo del daño y la apropiación violenta. 

La psicoanalista Emilce Dio Bleichmar en su estudio sobre la sexualidad 
femenina, plantea la necesidad de reescribir los mitos y la narrativa sobre 
la mujer rompiendo la dicotomía de la representación femenina como pasi¬ 
vidad y sometimiento. También llama la atención sobre la «falta de materia¬ 
lidad simbólica que ha sufrido el género femenino» (Dio Bleichmar, 2007: 


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277), materialidad que alcanza a la totalidad del cuerpo y en especial a los 
genitales de la mujer. Legitimar el cuerpo de la mujer con palabras que lo 
subjetiven para poder hablar de la historia del goce y del sufrimiento, para 
empezar a hablar de la histórica violencia sexual sobre la mujer. 

Las mujeres en tanto sujetos han sido pensadas desde referencias cul¬ 
turales externas y masculinas, allí donde un otro imaginario la posee. Es 
así que la mujer aparecerá siempre como un objeto de control y cuidado: 
será hija de, hermana de, esposa de, madre de. Preguntarse por una mu¬ 
jer aún sigue restringiéndose a preguntar por a quién pertenece. 

Las mujeres en esa identidad construida en el significado de la po¬ 
sesión del otro son objetos particularmente disponibles para la agresión 
sexual. El cuerpo de la mujer es así definido como un escenario atrave¬ 
sado por las significaciones del poder y la pertenencia, es en definitiva 
un espacio político. El agresor se extiende en el acto de abuso a toda la 
comunidad de relaciones a las que ese cuerpo pertenece. Sobre el cuerpo 
de la mujer el abusador no descargará una pura intencionalidad lasciva o 
perversa, sino que ejercerá un poder que le permite encarnar su triunfo y 
celebrarse a sí mismo. 

En la evidencia empírica acumulada de violencia heterosexual la victimiza- 
ción de la mujer es la norma: el incesto, el abuso, la explotación, el comer¬ 
cio, el maltrato, tienen por escenario privilegiado el cuerpo de la mujer (Dio 
Bleichmar, 2007: 43). 

La apropiación absoluta y violenta del cuerpo de una persona busca su 
aniquilación subjetiva para lograr la transmutación de sujeto en objeto de 
un propósito. La violación, el abuso y el forzamiento sexual son siempre, 
antes que formas del daño, rituales de poder. Son formas antiguas de pu¬ 
nición que trascienden la individualidad de la víctima, y se fundan en una 
legitimación de hecho de relaciones absolutas de sometimiento. 

Es el cuerpo un complejo de memorias, de relaciones, de identificaciones 
y de pertenencias, nunca un lugar neutral. Y en el cuerpo de las mujeres es 
donde se encarna históricamente el cruce de cada una de esas categorías. 

El cuerpo atormentado de quienes padecieron torturas tiene una 
sexualidad y un género, tiene una identidad particular y se inscribe en 
una comunidad de afectos que lo atraviesan, conectándolo a una densa 
red de significaciones. Poseer violentamente el cuerpo de la mujer, encar¬ 
na el dominio sobre sus redes sociales de pertenencia, las actuales y las 
futuras. La violación busca marcar a la víctima, sellarla en un pacto de 
humillación, desconfianza y silencio. 

Los efectos psíquicos que produce son intra e intersubjetivos, y se 
equiparan a un destierro al horror, al espacio inefable en que se convier¬ 
te el mundo cuando se experimenta un corte abrupto en la continuidad 
de toda posibilidad de pensamiento y representación. El sentimiento ca¬ 
tastrófico atañe a aquello que será representado como amputación de la 
palabra y como ausencia. En esa dimensión traumática la simbolización 
falla y la realidad aparece como un agujero. 


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El concepto freudlano de lo ominoso (Freud, «Lo ominoso», 1993) vin¬ 
cula a la castración como complejo simbólico y como referencia psíquica a 
lo siniestro. Quizá habría que reformular el concepto de lo ominoso de la 
tradición psicoanalítica para repensar la dimensión psíquica que cobra la 
violación en tanto se inscribe como una amputación simbólica. Paradigma 
de toda intrusión absoluta y aterradora, daño al cuerpo que se extiende 
a la comunidad de relaciones significativas. Daño al cuerpo e invasión 
psíquica, marca sobre la descendencia. La carga siniestra no remite solo 
al dolor físico o psíquico circunscrito al evento traumático, se instala en 
la memoria como una herida subjetiva que al no encontrar palabras se 
trasmite con el silencio. 

La violación trasciende el daño que infligen los otros tormentos, impri¬ 
me como diferenciación la inoculación en la víctima de un profundo senti¬ 
miento de vergüenza. Con ese efecto la violencia sexual busca transformar 
a la víctima en cómplice forzada del acto. 

El violador actúa un juego perverso en el que se siente alentado y pro¬ 
tegido por la sensación de angustia silenciada de la víctima, y por la sos¬ 
pecha culpabilizadora que la sexualidad femenina hereda. Se encierra a la 
víctima al transformarla —por vergüenza, por presión de mandato social, 
o por su propio dolor y necesidad de recomponerse para salir adelante 
bloqueando el recuerdo doloroso— en portadora del silencio. 

Gilda Pacheco (2009) al analizar la perspectiva de género en litigios en 
causas de derechos humanos destaca que: 

Debe explorarse este tema en casos de masacres, desapariciones y detencio¬ 
nes arbitrarias, en las cuales se asume, sin mayor análisis, que la violencia 
sexual contra las mujeres es un hecho inherente a ese tipo de situaciones, 
que siempre se produce y del cual es difícil hablar; debido a ello, esas viola¬ 
ciones quedan en la impunidad. 

La mordaza que genera el padecimiento de violencia sexual se fortalece 
con las omisiones jurídicas, con la desprotección de las víctimas, y con 
la naturalización de la victimización sexual de la mujer. Resituar en el 
ámbito público el sufrimiento individual, implica exponerlo en contextos 
sociales de construcción de sentido que posibiliten la reparación del daño. 
Hablar de violencia sexual para los que han sido presos y presas políticos, 
víctimas del terrorismo de Estado y de la impunidad debe, en primer lu¬ 
gar, tener sentido. Encontrar un sentido político y un sentido humano es 
una responsabilidad colectiva. Dar espacio al testimonio y a la reflexión 
conceptual, es construir la posibilidad de escuchar y de actuar desarticu¬ 
lando el núcleo siniestro de los crímenes. 

Al respecto vale recordar que Freud desarrolló la idea de que para consti¬ 
tuirse un trauma, hacen falta dos tiempos. Un acontecimiento primero que 
desborda la capacidad del sujeto para dar cuenta de él; y uno posterior en 
donde ese primer suceso retrospectivamente cobra valor traumático. En los 
traumatismos sociales producidos por el terrorismo de Estado, a grandes 
rasgos y de manera esquemática, se podría decir que el primer momento es 
el de la tortura [... ] y el segundo el de la impunidad del Estado con respecto 


49 



a esos actos cuando no actúa la ley. El primero tiene la consistencia de un 
acontecimiento puntual y devastador. El segundo, es un período que puede 
durar años, y esos años también pueden dejar secuelas irreparables entre 
las víctimas de la impunidad (Guilis, 2008: 288). 

La violación comparte con la tortura el ser un acto que Irrumpe bus¬ 
cando despolitizar el vínculo, despolitizando todos los vínculos. El con¬ 
junto de la sociedad desaparece y la persona se encuentra aislada en un 
sufrimiento que padece como un exilio profundo. La mujer abusada no es¬ 
tará sujeta a leyes mediadoras, a explicaciones o regulaciones culturales, 
queda expuesta a un destino trágico que le fue culturalmente anunciado 
como horizonte posible: convertirse en objeto de la voluntad de una fuerza 
de ocupación. 

La impunidad, la cultura del olvido y la deshistorización sujetan, no 
solo a la víctima sino a toda la sociedad, a la revictimización traumática. 

La evocación del trauma es intrusiva, la disociación y el bloqueo del 
recuerdo constituyen formas psíquicas con las que las víctimas de abu¬ 
sos sexuales y tortura enfrentan el suceso traumático. Formas automᬠ
ticas, mecanismos inconscientes, caminos para bloquear la invasión de 
un sufrimiento psíquico intolerable. El silencio, el temor de hablar, de 
pensar, de oír, son maneras de distanciarse del sufrimiento y son for¬ 
mas que muchas veces adoptan los entornos cercanos de las víctimas, 
sus familias y sus amigos. Estos grupos tienen la intención de apoyar, 
de sostener, pero se enfrentan a múltiples dificultades para regular las 
complejas sensibilidades que el dolor genera. Esa inhibición en la inter¬ 
vención que busca no revictimizar, puede reforzar el marco de aislamien¬ 
to y soledad. Callar muchas veces puede entenderse como una necesi¬ 
dad de protección ante la dolorosa crudeza del recuerdo, el silencio visto 
como protección, para protegerse a uno mismo o para proteger al otro. 
Callar puede ser también una forma de resistencia, para no multiplicar 
el daño. Incluso silenciar lo vivido puede ser una forma de intentar va¬ 
namente olvidarlo. 

Pronunciarse es hacer pública la dimensión del daño subjetivo y sin 
duda es una tarea compleja y dolorosa: ¿cómo decir a los hijos, a los nie¬ 
tos, a la pareja, a los vecinos, a la comunidad de relaciones sobre el nivel 
íntimo y masivo del sufrimiento?. 

En el abuso sexual sistemático no hay institucionalidad. ni ritual, ni 
simbolización, ni ideología, aunque estas categorías preexistan al acto y 
deban reconstruirse trabajosamente luego. Para expulsar fuera el denso 
contenido del sufrimiento es necesario encontrar palabras y, reitero, es 
necesario encontrar oídos. El abuso sexual encierra a la víctima en un 
mecanismo específico de vínculo perverso, el que se perpetúa en la invisi¬ 
bilidad social y en la construcción de un muro de silencio. 

«Pandemia de la humanidad» llama Marcelo Viñar (2003) a la extensa 
trayectoria de lo traumático en la violencia política, amenaza a la especie, 
lesión a la condición misma de la humanidad. La violencia sexual y la 


50 



naturalización del abuso a las mujeres también debe ser inscripto dentro 
de ese horror y ya no más como un efecto secundario o inherente a la vio¬ 
lencia política. El abuso sexual a las mujeres es una «pandemia» que se 
vincula a la más larga y trágica historia humana de las violencias. 

Romper el silencio amordazante y la invisibilidad es necesario para 
re/integrar el recuerdo y la palabra a las mujeres, y su lugar en la narra¬ 
tiva histórica. Reinventar, cuando sea preciso la palabra y el discurso en 
la pluralidad de géneros para permitir que las inscripciones subjetivas se 
desanuden de la carga que les impone el terror. 

El homo homini lupus (Viñar, 2002) como concepto no da cuenta de las 
especificidades de la violencia política sobre las mujeres, de la división de 
géneros en el reparto de lugares en el sufrimiento y la violencia. El hombre 
genérico, al que la clásica frase remite como metáfora del horror, es un 
lobo caníbal que se come a sí mismo, y no abarca en ese círculo cerrado 
de referencia unívoca, al lobo en tanto hombre como depredador sexual 
de las mujeres. 

La peor consecuencia psíquica y política de toda agresión sexual es el 
daño cuando se instala como aislamiento subjetivo. Es la clausura del 
diálogo la que transforma el dolor en un secreto de familia. Es la ausencia 
de narrativa sobre estos hechos una castración histórica que nos atra¬ 
viesa aún, con los silencios que simularán el imposible olvido. Como un 
producto secundario del trauma, la violencia sexual nos impone la heren¬ 
cia cultural del silencio y del discurso abusivo, el que se trasmite Ínter 
generacionalmente asomándonos al abismo cruel de la complicidad. 

Para resignificar la escena del horror es necesario acompañar el re¬ 
cuerdo con otros oídos que escuchen y con otras voces que den sentido 
a la palabra. Reescribir la narrativa y las referencias conceptuales para 
no perpetuar la invisibilidad política y la clausura Ínter subjetiva que a lo 
largo de la historia ha tenido el sufrimiento femenino. 


51 



Bibliografía 

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Viñar. Marcelo (2002), Psicoanalizar hoy. Ediciones Trilce, Montevideo. 


52 



SOLDADITOS DE PLOMO Y MUÑEQUITAS DE TRAPO 

LOS SILENCIOS SOBRE EL ABUSO SEXUAL EN LA TORTURA DESPUÉS 

QUE LA TORTURA FUE UN SISTEMA DE GOBIERNO 


Rafael Sanseviero 


..el trabajo político es, en lo esencial, un trabajo sobre las palabras, es que las pala¬ 
bras contribuyen a formar el mundo social. En política nada es más realista que las 
disputas de palabras. Colocar una palabra por otra es cambiar la visión del mundo 

social, y por lo tanto, contribuir a transformarlo. 

Pierre Bourdieu 


Introducción 

La invitación de Mariana Risso y Soledad González Baica a formar par¬ 
te de esta iniciativa llegó en un momento muy especial. Estoy al final de la 
corrección de un libro donde se dará cuenta de una investigación iniciada 
en el año 2005, referida a un grupo de 11 mujeres que fueron «rehenas» 
de la dictadura y cuya existencia ha sido prolijamente ignorada hasta el 
presente. 1 Desde hace casi un año participo del esfuerzo de un grupo de 
presos y presas políticas que asumimos el desafío de recuperar nues¬ 
tra propia historia de torturados durante la dictadura con la finalidad 
de formular una denuncia ante la justicia uruguaya. A lo anterior puedo 
agregar que hace muchos años participo de investigaciones y luchas rela¬ 
cionadas con diferentes violencias contra las mujeres. 

Desde esos lugares es evidente que la reflexión sobre violencia sexual y 
de género en las condiciones de tortura no me resulta un tema lejano; lo 
que no debe entenderse por equivalente a fácil. Como es evidente carezco 
de la distancia del investigador; déficit que a veces se compensa mediante 
el trabajo en colaboración con otras personas y el apoyo de lectores y lec¬ 
toras implacables. 

La invisibilización y negación de las violencias sexuales bajo el terro¬ 
rismo de Estado constituye un hecho político y cultural consolidado en la 
sociedad uruguaya. A excepción de algunos contenidos del libro Mi habi¬ 
tación mi celda de Lilián Celiberti y Lucy Garrido (1989) es prácticamente 
imposible encontrar un esfuerzo de análisis de esos temas en las fuentes 
relacionadas con la violencia del Estado durante la dictadura. Que a esta 
altura no son pocas. 


1 Investigación y libro realizados en colaboración con la historiadora feminista Marisa Ruiz. 


53 



Por esa razón tomé la propuesta de las editoras como la posibilidad 
de participar en una Intervención política, donde propondré algunos es¬ 
bozos Interpretativos de la invisibilización y negación de las violencias 
sexuales sufridas por las personas durante los años del terrorismo de 
Estado. Porque esta propuesta de «las laurencias» es un impulso al es¬ 
fuerzo de muchas personas para que las víctimas no sigamos obligadas 
a «vivir y morir sin decirlo», y nuestros contemporáneos excusados de 
escucharnos. 2 


Algunas definiciones operativas para este trabajo 

Abusos sexuales en la tortura y la prisión política. Consideraré de 
ese modo todas aquellas formas de sufrimiento basadas en el orden 
de géneros, que fueron provocados desde el poder y deliberadamente 
para obtener el sometimiento de las personas durante las prisiones 
políticas. 

Orden de géneros. Me reñero de esta manera a un sistema de señales 
binario y excluyente, cuya utilidad social es brindar indicaciones para que 
las personas puedan asumir una identidad, conforme a lo que legítima¬ 
mente se reconoce como deber ser un hombre o una mujer. En el origen 
de esas indicaciones se encuentra una diferenciación sexual construida 
desde la corporeidad; por ello el ajuste o desajuste al orden de géneros 
remite en primera instancia al buen uso masculino o femenino de los 
cuerpos. El orden de géneros es fundante de un sistema de jerarquías, ca¬ 
lificaciones y descalificaciones de las personas. Con esa perspectiva ana¬ 
lizaré los abusos sexuales en la situación de tortura. 

Torturas como sistema de gobierno. En el Uruguay las torturas no fue¬ 
ron episodios aislados, excepciones ni desvíos. Fueron un recurso princi¬ 
pal dentro de una pedagogía del poder que organizó simbólicamente las 
relaciones entre el Estado y la sociedad uruguaya durante más de una 
década 3 . Esa localización de las prácticas de la tortura en la historia uru¬ 
guaya hace que sus significados excedan la suma de experiencias vividas 
individualmente por las personas que las padecieron y sus efectos atravie¬ 
sen a toda la sociedad. Porque la tortura fue un hecho social, que durante 
la dictadura alcanzó su máxima jerarquía como sistema de gobierno diri¬ 
gido a destruir las capacidades colectivas de resistir la opresión política. A 


2 Tomo la expresión publicada en el Semanario Brecha y atribuida a una psicóloga que 
acompaña a un grupo de presas que están formulando una denuncia penal por violencia 
sexual: «...muchas de ellas están hablando ahora porque no se quieren morir sin decirlo. 
Fueron presas muy jóvenes. También fueron liberadas siendo mujeres jóvenes, fértiles, 
que tenían que salir a pelear una reconstrucción vital, pero ahora están en otra etapa de 
la vida y no quieren seguir cargando con silencios, no quieren llevárselos sin que nadie 
haya escuchado lo que tienen para decir». 

3 «La dictadura uruguaya funcionó como un gran sistema de poder político y control social 
basado en una pedagogía del miedo que se ejemplificaba con la detención, la tortura y la 
prisión ejercidas con la máxima arbitrariedad y un claro, expreso y ‘justificado’ uso de la 
violencia», Daniel Gil, 1999. 


54 



partir de 1973 los lugares de reclusión de presas y presos políticos fueron, 
sin excepción, espacios de tortura. 4 


Territorios sin nombre 

El ejercicio del poder consiste en territorializar, la resistencia desterritoria- 
liza y decodiflca, trata de salir de la retícula, agenda o rutina, hacia algún 
margen no contemplado, hacia una posición lateral o subterránea, de invi¬ 
sibilidad o impotencia de los poderes instituidos. (Calveiro, 2005} 

Durante la lucha contra las tiranías las personas se ofrecen a sí mis¬ 
mas como recurso de resistencia colectiva. 

En esas circunstancias los «cuerpos militantes» fueron objeto de per¬ 
secución, disfraz, clandestinidad, metamorfosis, indocumentación, falsi¬ 
ficación, ocultamiento, delación; protagonizaron escapes, fugas, exilios, 
fatigas, recuperaciones... y un etcétera tan inabarcable como los episodios 
de resistencia al poder totalitario. 

Las luchas entre poder y resistencia se producen en muy variados es¬ 
cenarios materiales y simbólicos, pero cuando las personas son aprisio¬ 
nadas ese territorio pasa a ser sus propios cuerpos. Es una lucha donde 
los subordinados tratan de retener poder para ejercer la mayor autonomía 
posible dentro de unos márgenes fijados por la fuerza opresora. 

En semejante lucha está comprometida la identidad de las personas 5 . 
Los sentidos inmediatos de esa identidad en disputa remiten a la políti¬ 
ca en su acepción más tradicional. En apoyo de esa interpretación está 
el reconocimiento de los opresores, quienes justificaron ejercer violencia 
contra las personas presas para obtener si no la conversión, al menos la 
sumisión política. 6 

Pero las personas que sufrieron tortura y la prisión por causa de sus 
acciones políticas resultaron agredidos en la totalidad de los significados 
culturales de sus cuerpos aprisionados y torturados. Desconocerlo supo¬ 
ne imaginar una existencia humana al margen de la corporeidad; creer 
que es posible ser por fuera del orden de géneros donde se desarrollan 


4 En 1974 Amnistía Internacional afirmaba que el objetivo del régimen carcelario uruguayo 
era producir en el mediano plazo «la sumisión y despersonalización del individuo, la au¬ 
tomatización y el desarrollo de reflejos condicionados». AMR 52/28/84/S Amnistía Inter¬ 
nacional. Secretariado Internacional, 1 Easton Street. Londres WCIX 8DJ, Reino Unido. 

5 Tomo aquí la precisión de Marcelo Viñar y Maren Ulriksen (1993), quienes definen la finali¬ 
dad de la tortura como la intención de arrasar las creencias y convicciones de las víctimas 
«para despojarlas de la constelación identificatoria que las constituye como personas». 

6 Así quedó testimoniado en los informes periódicos de los servicios de inteligencia de las 
cárceles políticas uruguayas. Siempre valoraban el carácter de «ideológicamente recu¬ 
perable» o «ideológicamente irrecuperable» para fundamentar la negación de la libertad 
solicitada por abogados o justificar castigos a las personas. Asimismo en los reglamentos 
de disciplina de esas cárceles figuraban faltas de carácter «político e ideológico». Referían a 
conductas prohibidas tales como la fabricación de artesanías con motivos identificatorios 
de partidos o movimientos considerados enemigos por los militares, o lecturas y conver¬ 
saciones entre presos sobre temas que estaban prohibidos por «motivos ideológicos». 


55 



los gustos, los afectos, los temores y los terrores, las expectativas de rea¬ 
lización y las frustraciones de las personas. En realidad ninguna tortura 
puede no ser sexual, en la medida que la sexualidad y el orden de géneros 
son constitutivos de la identidad de quienes padecen los suplicios. 

Parecen razones poderosas para que las agresiones sufridas en la tor¬ 
tura no fueran consideradas como acontecimientos donde no intervienen 
(no tienen nada que ver) aquellas dimensiones de la personalidad definida 
por y desde la sexualidad. Poderosas razones pero no suficientes, porque 
entre las representaciones de los crímenes del Estado terrorista prevalece 
una visión prescindente o negadora de las violencias sexuales. 

Es un silencio que resulta más significativo cuando se conocen las 
magnitudes de las violencias directamente radicadas en la sexualidad 
ocurridas en las prisiones y centros de tortura. La actualidad Argentina 
tipifica lo que sostengo. El reconocimiento público de la violencia sexual 
directa utilizada como forma rutinaria de tormento en más de 500 centros 
durante la dictadura ocurre recién a casi tres décadas del reconocimiento 
público del genocidio y cuando se han producido decenas de juicios con¬ 
tra represores. Los procesos concluidos en enero de 2011 con la detención 
de los policías reconocidos y acusados por las víctimas de violencia sexual 
es considerado un «punto de inflexión entre la impunidad y la justicia» 
porque por primera vez se tipifica como delito de lesa humanidad una 
forma de la violencia del Estado que, habiendo sido utilizada en forma 
masiva y generalizada, hasta ese momento permanecía como territorio 
privado donde moraban solo las víctimas y sus historias. 7 

Hasta ahora y en términos generales, las menciones a las agresiones 
sexuales resultan difusas o distantes como si se tratara de una forma 
cualquiera de tortura o como si precisamente esas agresiones no fueran 
las que más afectaron a la víctima 

(Me pasó una cosa medio extraña [...] me pasó tres veces: cuando me lle¬ 
vaban en la camioneta, cuando la violación, y en otro interrogatorio; me 
pareció como que me iba del cuerpo. Como que veía las cosas desde arriba, 
como que yo no era yo. Para tratar de mantener mi psiquis bien siempre 
dije que tortura era tortura. No importa si era violación, picana, submarino, 
colgada, violación, si era psicológica, siempre era tortura). 8 


7 «... las violaciones sexuales se produjeron en todos los centros clandestinos en forma 
sistemática (y) ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que 
las violaban cada media hora.» Disponible en: <http://www.paginal2.com.ar/diario/el- 
pais/1-160611-2011-01-17.html>. Visto agosto 2011. 

8 En Los ovillos de la memoria (2006). Similares formas de traer el recuerdo de los ataques 
sexuales en la tortura se encuentran en memorias y relatos de mujeres y hombres. Ver 
por ejemplo en Un día, una noche... todos los días de Mirta Macedo (1999); en la película 
Decile a Mario que no vuelva de Mario Handler; en el reportaje que Samuel Blixen realizara 
a un joven torturado y violado junto a un grupo de liceales —varones y mujeres— que fue¬ 
ra publicado en el semanario Brecha de Montevideo el 7.11.2003. Disponible en: <http: / / 
laurenciasuruguay.blogspot.com/ 201 l/07/coronel-jorge-pajarito-silveira.html>. 


56 



Esos tratamientos públicos de las agresiones sexuales parecen repetir¬ 
se en diferentes países de América Latina donde hubo dictaduras. Según 
relevamientos especializados se verifica que las memorias y relatos 

cuentan historias similares, eufemísticas y elusivas —incluida la viola¬ 
ción— como si los cuerpos que sufrieron fueran de otro (y no) hubieran sido 
cuerpos genéricamente construidos como de mujeres y de hombres. 9 

La imagen de la luchadora política domina la representación de las 
personas que habitaron esos cuerpos recluidos y martirizados. Y así una 
lucha donde se pusieron en cuestión todos los rasgos que identifican a las 
personas queda confinada en su expresión política más abstracta, transi¬ 
toria y desencarnada. 


Soldados en destierro y muñecas en clausura 

Como si la feminidad se resumiera en ‘ empequeñecerse ’ 
mientras los hombres ocupan más espacio... 

Pierre Bourdieu 


La centralidad dada a las subversiones contra el orden político es un ras¬ 
go común a las versiones de los militantes y de los opresores. Una pesada 
coincidencia que fortalece la racionalidad que opaca, invisibiliza y en última 
instancia despolitiza las violencias perpetradas en el orden de géneros. 

Tal despolitización se expresa desde el principio mediante una indife¬ 
renciación de hombres y mujeres prisioneras que contiene naturalizada la 
atribución de género masculino: los presos políticos. Esta invisibilización 
de las mujeres no es reconocimiento de igualdad con los hombres sino que 
revela el predominio de la visión androcéntrica acerca de las diferencias 
entre hombres y mujeres. 10 

Así cuando se habla de «presos políticos» aludiendo a hombres y mu¬ 
jeres se está dejando subsumida la experiencia femenina dentro de una 
interpretación masculina. Esa primera simplificación conduce a la supo¬ 
sición igualmente falsa de que los hombres y las mujeres sufren y resisten 
la prisión de manera similar. 

Contradiciendo ese nulo reconocimiento al género y la violencia sexual 
como recursos eficientes del terror de Estado, hay quienes sugieren que 
precisamente esas violencias pueden haber sido clave en los programas de 
opresión dirigidos contra la identidad de las y los presos. 

Para sustentar esa interpretación se señala que militares y torturadores 
comparten con la sociedad una misma comprensión de la masculinidad 


9 Esta es una documentada conclusión contenida en el estudio de Mary Jane Treacy, 
1996. 

10 Una visión que «parece estar ‘en el orden de las cosas’, como se dice a veces para referirse a 
lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable (y así) se impone como (verdad 
evidente y) neutra que no tiene la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de 
legitimarla», Pierre Bourdieu, 1998-2000. 


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y feminidad: también con sus víctimas. Se trata de una distribución/atri¬ 
bución de roles que abriría un amplio campo para el ejercicio de violencias 
diferenciadas contra hombres y mujeres aunque apoyadas en el mismo 
ordenamiento simbólico. Así en diferentes países se conocieron acciones 
dirigidas a feminizar a los hombres presos: haciéndolos llevar vestidos de 
mujeres, burlándose del tamaño de sus penes, de la circuncisión de los 
judíos, violándolos, centrando la tortura en los genitales con amenaza a 
su virilidad, e incluso llevando a cabo emasculaciones (Treacy, 1996). 

Son un tipo de agresiones a las personas masculinas que además de 
provocar un evidente daño físico, conllevan un significado simbólico sus¬ 
tantivo, ya que 

la virilidad (constitutiva del ser hombre) incluso en los aspectos éticos, es 
decir, en cuanto esencia [...] sigue siendo indisociable. por lo menos tácita¬ 
mente. de la virilidad física... (Bourdieu, 1998-2000). 

Las violencias físicas y emocionales que afectan la masculinidad 

desplazan a los hombres de los lugar simbólicos donde se sienten con va¬ 
lor [heterosexualidad activa, condición militar, liderazgo político o social, 
sostenes materiales de familias] para colocarlos en otros de naturaleza sub¬ 
alterna [menoscabo de su virilidad, subordinados a otros hombres, pasar 
a condición de dependientes de madres, esposas, hijos, hijas, hermanos o 
hermanas menores]. 

Tales experiencias en la tortura y prisión prolongada tienen el efecto de 
secuestrarlos simbólicamente de los lugares sociales donde aprendieron a 
reconocerse y apreciarse como seres individuales masculinos. 

En idénticas circunstancias las mujeres también sufren agresiones en 
el nivel de su sexualidad pero con una finalidad operativa diferente. Con¬ 
trariamente a lo que se persigue con los hombres, esos ataques no tienen 
la finalidad de desplazar a las mujeres del lugar socialmente asignado en 
el orden de géneros, sino reintegrarlas por la violencia al orden que nega¬ 
ron en el curso de su lucha política. 

Ante los ojos y entendimiento de los captores las mujeres militantes 
son renunciantes al único rol social valioso reconocido: la maternidad y el 
cuidado de los otros. Esa opción «las reduce a la condición de monstruos: 
hijas que ponen en peligro a los padres, madres que abandonan a los hi¬ 
jos, mujeres jóvenes embarazadas que abortan...» (Treacy, 1996). 

Esas mujeres que abandonan el hogar para dedicarse a la lucha políti¬ 
ca se convierten en seres doblemente peligrosos porque rechazan los lími¬ 
tes físicos y simbólicos impuestos cuando desafían al régimen político y la 
conducta femenina aceptable dentro del orden de géneros dominante. 11 


11 «Los principios opuestos de la identidad masculina y de la identidad femenina se codifican 
bajo la forma de unas maneras permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse, que 
son como la realización, o mejor dicho, la naturalización de una ética [...] Como si la femini¬ 
dad se resumiera en ‘empequeñecerse’ [... ] mientras que los hombres ocupan más espacio 
con sus cuerpos, sobre todo en los lugares públicos...» Pierre Bourdieu, 1998-2000. 


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Por esa razón son tratadas como una anomalía 

que puede contaminar a toda la sociedad, e Incluso sus actividades como 
guerrillera por las que presumiblemente fueron detenidas parecen ser me¬ 
nos Importantes que la transgresión de las normas de comportamiento fe¬ 
menino y el uso aceptable del cuerpo de mujer. 

Una prisionera recordó que al ser detenida, mientras los guardias ma¬ 
noseaban su cuerpo (genitales, piernas, nalgas) comentaban entre sí y 
para ella: 

Qué linda esta puta. ¡Quién Iba a creer que son éstas las que matan solda¬ 
dos! Tócale las piernas, ¡qué duras! Como la pasan haciendo ejercicio, ¡las 
putas estas! Esta debe ser karateca. Seguro que estuvo en Corea haciendo 
un curso. Nada de arruinar el cuerpo teniendo hijos. No las dejan tener 
hijos (Treacy, 1996). 

Dentro de ese orden de géneros solo existen dos opciones para las 
mujeres: ser madres o putas. Las violaciones y vejaciones, los abortos 
forzados y el robo de los hijos a las prisioneras serían actos de violencia 
destinados a refundar en ellas el acatamiento de aquel orden que abando¬ 
naron como mujeres militantes. 

La violencia ejercida por el poder contra las mujeres sería un llamado 
al orden de subordinación en tanto mujeres, mientras que para los hom¬ 
bres esa misma violencia sería para desterrarlos del orden de privilegio 
en tanto hombres. Que tales son las jerarquías en los órdenes de géneros 
dominantes. 


Silencios 

En las relaciones de fuerte autoritarismo se impone un silencio de sumisión con un 
gran componente de humillación; es el no poder decir. Pero al mismo tiempo que este, 
a un lado de él, confundiéndose aparentemente uno con otro, toma cuerpo un silencio 

resistente, que puede tener distintas significaciones. 

Pilar Calveiro 


No hace falta un gran esfuerzo de imaginación para comprender la 
posible necesidad de olvido que experimentan hombres y mujeres atrave¬ 
sados por semejantes experiencias. 

Desde ese entendimiento sus silencios podrían pensarse como nuevas 
formas de resistencia a la actualización sin ñn de las violencias sufridas y 
como expresión de una fuerza moral que las sostiene. Silencios como con¬ 
dición para continuar unas vidas «comprometidas con un conocimiento 
venenoso» - 12 


12 Uso las expresiones conocimiento venenoso y energía moral en el sentido que le da Veena 
Das: «Manjit me enseñó que otras formas de violencia [...] eran de tal calibre que resulta¬ 
ba imposible expresarlas en términos culturales. Me enseñó que se podían usar palabras 
para describirla, pero ‘era como si todo contacto con esas palabras, por tanto con la vida 


59 



Sin embargo estos silencios ocurren en sociedad —como en so¬ 
ciedad fueron torturadas las personas— y reclaman una mirada que 
abarque el contexto cultural donde los silencios se hacen necesarios 
y se producen. 

Uno de los rasgos más relevantes de la cultura uruguaya en la pos 
dictadura es el predominio de una moralidad pública que privilegia la 
negación colectiva y el silencio individual sobre los crímenes del Estado, 
como valores sociales de mayor jerarquía que la difusión de la verdad y la 
administración de justicia. Eso es la impunidad. 

En esas circunstancias la palabra de las víctimas queda confinada en 
el desamparo, en la medida que su voluntad de decir públicamente sobre 
las violencias sufridas no cuenta con una escucha colectiva donde hablar 
pueda adquirir sentidos reparadores. Hablar conlleva «una demanda de 
reconocimiento: por medio del lenguaje uno mueve su dolor hacia su in¬ 
terlocutor, ya que uno habla porque busca compasión, alivio, justicia en 
sus múltiples sentidos» (Theidón, 2004). 

El desamparo que menciono es el resultado directo de la renuncia del 
Estado a ejercer la punición contra sus propios crímenes cometidos du¬ 
rante la dictadura. 

La investigación y condena de los crímenes del Estado son condiciones 
«para fundar nuevamente el campo de la legalidad». La sanción a los cri¬ 
minales es un mensaje del Estado (de derecho) que se relegitima mediante 
el compromiso de negarse a volver a «ser el más fuerte» ante la sociedad 
desarmada. Al «sancionar simbólicamente la época de la barbarie, el Es¬ 
tado vuelve a introducir a la sociedad civil en el universo del derecho» 
(Benasayag, 1998). 

En cambio la impunidad constituye un modelo de convivencia social, con 
efectos políticos, jurídicos y culturales donde el Estado contemporáneo fun¬ 
ciona como un agente encubridor y cómplice de las violaciones a los derechos 
de las personas durante la anterior fase terrorista de ese mismo Estado. 

En Uruguay, desde hace una década, empezaron a producirse fractu¬ 
ras en la cultura de la impunidad, ejemplificadas en el enjuiciamiento de 
algunos principales jerarcas políticos y militares de la dictadura por su 
responsabilidad en asesinatos y desaparición de personas. 13 Sin embargo, 
a poco de cumplirse 30 años del restablecimiento democrático, el Estado 
no asumió todavía ni siquiera las responsabilidades morales por más de 
una década de gobierno basado en la tortura e ilegítima privación de la 


misma, se hubiese incendiado o entumecido’. Manjit también me enseñó que existe una 
profunda energía moral en negarse a volver a mostrar las violaciones del cuerpo humano. 
Al transmitirme su dolor, me enseñó que redimir su vida de las violaciones que había 
sufrido, exigía un compromiso para toda la vida con un conocimiento venenoso. Al digerir 
este veneno, ocupándose de los actos de la vida corriente, logró enseñarme a respetar los 
límites entre la palabra y la exhibición.» Citado por Paz Moreno Feliú, 2010. 

13 Tomo como referencia la creación de la Comisión para la Paz y la restitución de la identi¬ 
dad de Macarena Gelman, durante los primeros meses del gobierno de Jorge Batlle. 


60 



libertad de miles de personas. 14 En esas condiciones las víctimas deben 
tomar sobre sí el costo de exponer sus más dolorosas experiencias vitales, 
mientras los perpetradores se amparan en la caducidad de la ley, abusan 
con insolencia de sus impunidades, tanto cuando callan lo que saben o 
cuando dicen lo que quieren. En lo referido a los abusos sexuales y de 
género, los perpetradores se apoyan, además de en la impunidad, en al¬ 
gunos sentidos comunes que desplazan la carga de la prueba hacia las 
víctimas de esas agresiones, transfiriendo a estas últimas una intangible 
pero real cuota de «responsabilidad» por la violencia sufrida. 15 

Para las y los torturados se reproducen similares patrones que para 
otros grupos sociales subalternos cuando quieren reclamar reconocimien¬ 
to y justicia como víctimas de violencia sexual, especialmente mujeres, 
niñas y niños. Con la nada menor diferencia que para estas últimas per¬ 
sonas —al menos hipotéticamente— el Estado es un escudo; defectuoso 
pero no renunciante a la responsabilidad de proteger los derechos a la 
integridad y dignidad de la vida dentro de su territorio. En cambio para 
las y los torturados, el Estado opera al mismo tiempo como perpetrador, 
encubridor y amparo de los responsables de los atropellos. Por acuerdo de 
la sociedad el Estado es un agente central en la reproducción de aquellas 
violencias sufridas anteriormente y que ahora se actualizan bajo la forma 
de restricciones al derecho de las víctimas a demandar justicia. 

El mensaje de la sociedad políticamente organizada va en sentido con¬ 
trario a las necesidades de cualquier forma de reconciliación que incluya 
unas víctimas que necesitan historizar sus experiencias en la tortura como 
condición para reconocerse nuevamente como parte del tejido social. 16 

Los estados cómplices son poderosos agentes contrarios a la satis¬ 
facción de esas necesidades, y el silencio de las víctimas debe pensarse 
en mayor medida como efecto de la opresión contemporánea de la im¬ 
punidad que como expresión de una voluntad de callar y ocultar sus 
sufrimientos. 


14 «... nuestra experiencia reciente relativizó al máximo el valor de la ley, la legalidad y los 
derechos protegidos por un Estado que devino terrorista, [... ] sino porque a poco de andar 
la democracia, la aprobación de la ley de caducidad marcó la caducidad de la ley en el 
imaginario de los uruguayos [...] caducidad entendida en un sentido amplio referido a la 
caducidad de las obligaciones morales que nos religan a un sentido de comunidad nacio¬ 
nal.» Alvaro Rico, 2005. 

15 Son paradigmáticos los dichos del militar procesado Gilberto Vázquez, un oficial tor¬ 
turador que afirma rotundamente que durante la represión nunca se permitió violar ni 
manosear (ni siquiera desnudar a las prisioneras), y que en la única ocasión que él supo 
de una relación sexual entre captor y prisionera, la misma era de carácter «consensual»: 
«... la tupa estaba en el cuarto del oficial y gritaba y no porque la torturaran...» afirma 
—palabras más o menos— buscando mediante una clave machista la complicidad de una 
colectividad acostumbrada a descalificar a la mujer por razón de su práctica sexual. En la 
película Decile a Mario que no vuelva de Mario Handler. 

16 Por historizar me refiero a una necesidad individual o colectiva de salirse de los márgenes 
donde los discursos y relatos legítimos instalan todos aquellos fenómenos que son conflic¬ 
tivos, disfuncionales e interpelantes del discurso mismo. 


61 



Lo innombrable 


... Los grupos solo se plantean los problemas que pueden tolerar... 

Pierre Bourdieu 


El predominio de una visión androcéntrlca respecto a las prisiones 
políticas y la cultura de impunidad son razones consistentes para una 
primera aproximación a los silencios, invisibilizaciones y negaciones de 
las violencias sexuales y de género. 

Sin embargo unos fenómenos que abarcan a amplios grupos de personas 
y revelan contenidos densos, invitan a buscar otros pliegues para explicar 
su producción, persistencia y reproducción. Sobre esos posibles contenidos 
quiero dejar algunas suposiciones abiertas a la exploración y, tal vez. a ser 
refutadas. Son dos y ambas tienen que ver con la rearticulación discursiva 
de los órdenes de géneros y políticos después de la dictadura. 

Desde la salida de la dictadura se recreó —entre otros— uno de los gran¬ 
des mitos nacionales, tal es que los enfrentamientos, conflictos internos 
y guerras uruguayas concluyen «sin vencidos ni vencedores». Ello implicó 
asumir que habiendo sido guerras de resultado nulo (en términos de victo¬ 
ria o derrota) la indagación de sus motivos y significados debe ceder ante 
las necesidades de la pacificación. De ese modo es posible también que 
quienes hasta poco antes fueran partes antagónicas e irreconciliables se 
articulen como un nuevo todo definido por la voluntad de «pacificarse». 

Una de las consecuencias discursivas de esa modalidad de reingreso al 
sistema de gobierno democrático fue la disolución de las responsabilida¬ 
des por el advenimiento de la dictadura, por sus actos y crímenes. Donde 
no hay vencidos ni vencedores tampoco debería haber victimarios ni víc¬ 
timas. Para el mejor logro de semejante prodigio discursivo, todos los he¬ 
chos e interpretaciones sobre el terrorismo de Estado fueron subsumidos 
en un sistema de explicaciones basadas en lo que grosso modo se engloba 
bajo el rótulo de la «teoría de los dos demonios». 

Esa interpretación fue sistemáticamente cuestionada, en particular 
por las organizaciones políticas y sociales que sufrieron las represiones, 
por grupos de víctimas directas y sus familiares, y por la academia. 17 

No obstante ello, al cabo de un cuarto de siglo la teoría de los dos 
demonios devino en una verdad de sentido común (que no necesita ser 
demostrada) para quedar incorporada con ciudadanía plena al elenco de 
la mitología nacional. Es notorio que la ausencia de actuaciones judiciales 
referidas al terrorismo de Estado —impedidas por la aprobación de la ley 
de caducidad— facilitó las condiciones para que durante dos décadas se 
afirmara esa interpretación restrictiva, y en sustancia falsa, de la dicta¬ 
dura. Pero la principal carga de voluntad para afirmar esa «explicación» 


17 La más significativa de estas últimas impugnaciones a los contenidos de la teoría de los dos 
demonios, aunque no la única, es la Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo 
de Estado en Uruguay (1973-1985 ) publicada en 2008 por la Universidad de la República. 


62 



la llevaron las elites políticas actuando desde el Estado. 18 Los partidos 
tradicionales impusieron la ley de caducidad en 1986 y usaron el poder 
del Estado hasta 2005 para hacerla efectiva como política y como cultura. 
Con la llegada de la izquierda al gobierno se abrieron signiñcativos flan¬ 
cos a las prácticas institucionales de impunidad, pero ello no supuso una 
refutación orgánica de una forma de interpretar la dictadura hacia la cual 
manifiestan fuerte empatia los discursos de algunos de los principales 
referentes del gobierno de izquierda 19 

Para el interés de este trabajo destaco que en esa visión, el ejercicio 
de violencia desplegado por el Estado durante tres lustros contra toda la 
población, termina resigniñcado como costo indeseado pero inevitable del 
enfrentamiento militar entre los tupamaros y una parte de las Fuerzas 
Armadas, presentados como dos bandos ajenos a la sociedad. 20 

Para nuestro tema de análisis resulta relevante traer a primer plano 
que todo discurso de guerra legitima las violencias que ocurren en su 
transcurso, también las sexuales y de género. El Corpus del discurso de 
guerra está orientado a fundamentar el mejor ejercicio y la justificación 
moral de la violencia, contrariamente al discurso civil que se articula y 
orienta a limitar las violencias abusivas, especialmente del Estado. 21 

Por esa razón la calificación de las violencias sexuales, provocadas por 
agentes del Estado durante la dictadura, se convierte en un punto de ten¬ 
sión entre las éticas de la sociedad civil y las que sustentan las sociedades 
militares. 


18 «La reescritura de la historia oficial desde el poder democrático estructura una memoria 
del Estado basada en los secretos del Estado terrorista. La cultura del miedo y la percep¬ 
ción de amenaza se resignifican en el riesgo a repetir la violencia sesentista en el presente 
y desestabilizar las instituciones políticas. En síntesis, el miedo a la ley y al castigo del 
Leviatán por desafiar el orden deben reciclarse en democracia como el temor a repetir la 
historia de los años sesenta. Imponer esa creencia en el imaginario de la sociedad posdic¬ 
tadura implicó estereotipar y repetir hasta el cansancio una explicación monopólica del 
poder estatal sobre las causas y sujetos responsables de la crisis sesentista y del desen¬ 
lace rupturista en 1973. [...] A través de ello en vez de explicar y asumir el fenómeno, la 
política institucional se dedica a recrear una ilusión social, se hace sinónimo de buenos 
modales democráticos, pacificación y superación civilizada de las diferencias. Y todo vuel¬ 
ve a recomenzar desde el principio ideal.» Alvaro Rico, 2005. 

19 «El discurso del MLN durante este período siempre se mantuvo situado en la teoría de los 
dos demonios y siempre vio con mucha desconfianza todo lo que implicara la revisión del 
pasado reciente o la posibilidad de llevar a la justicia a los militares que hubieran come¬ 
tido violaciones a los derechos humanos.» «Los dos demonios del presidente». Reportaje 
al historiador Carlos Demasi. En: <http://www.brecha.com.uy/component/flexicontent/ 
items/item/8545-los-dos-demonios-del-presidente>. Set., 2011 

20 Carlos Demasi, «Sobre la teoría de los demonios», primera versión mimeografiada e integró 
posteriormente su artículo «Un repaso a la teoría de los dos demonios» en El presente de 
la dictadura, Markarian, Rico y otros (comp) (2003), Ediciones Trilce, Montevideo. 

21 En este plano son especialmente significativas las afirmaciones de uno de los pocos mi¬ 
litares que asumió la defensa de la tortura como acto de guerra: «En la defensa o en el 
ataque, en forma elegante o desprolija, con uno u otro método, lo único que un pueblo no 
le perdonará nunca (al ejército) es la derrota (por eso) vana sería una discusión sobre la 
moralidad de ese tipo de órdenes, la moral estaba en otro lado, la moral y la ética exigían 
ganar la guerra y nadie se detiene en una guerra para analizar las formas en que se va 
combatiendo y menos si se va ganando». Jorge N. Tróccoli, 1996. 


63 



Las primeras atribuyen carácter criminal a esas violencias y promue¬ 
ven su conocimiento y persecución como parte de una pedagogía ciudada¬ 
na basada en los derechos de las personas. Las racionalidades militares, 
con diferentes argumentaciones, tienden a subsumir todas las violencias 
en unas explicaciones generales donde los actos y las responsabilidades 
de los perpetradores se desdibujan hasta el punto que resulta difícil dis¬ 
tinguir quién es la víctima y quién el victimario. 22 

Sin vencedores pero con vencidas 

El predominio del discurso de guerra tiene efectos que interesan por su 
contribución al recorte y resigniñcación de las violencias sufridas por las 
mujeres durante la tortura. 

El carácter androcéntrico del discurso de guerra y el nulo reconoci¬ 
miento de la dimensión de género en las torturas y prisión de los hombres 
intervienen directamente en la representación y signiñcación de las vio¬ 
lencias sexuales. En una épica de violencia legitimada, como es la guerra 
entre pares combatientes, las violencias sexuales adquieren un carácter 
residual y quedan encapsuladas en el espacio de los excesos indeseables 
pero difícilmente evitables. 

El encapsulamiento de esas experiencias no autoriza a suponer que 
desaparecen sus efectos, sino —tal vez— que estos asumen los sentidos 
dominantes en la racionalidad de guerra. Por ejemplo el significado que 
adquiere la violación de las personas en las sociedades militaristas, orga¬ 
nizadas por y para el control territorial. 

Tomaré la definición amplia de violación en las condiciones de prisión 
que propuso Lilián Celiberti ya en 1989: 

El torturador es, además hombre, y en tanto tal, posee el conocimiento y 

la internalización del poder que socialmente mantiene sobre la mujer. La 

seducción, en una situación tan objetiva de poder, es, ni más ni menos, que 

una de las formas de la violación... (Celiberti y Garrido, 1989). 

Con esa misma perspectiva son analizadas por Ana Longoni las des¬ 
calificaciones de mujeres sobrevivientes contenidas en algunas significa¬ 
tivas memorias militantes argentinas. Allí se revela una sutil articulación 
de significados entre los que destaca en primer lugar el carácter patri¬ 
monial de las relaciones entre los hombres y las mujeres militantes de 
organizaciones políticas armadas: «...la sexualidad y sentimientos (de las 
mujeres) son tomados como dominio o propiedad de la organización polí¬ 
tica...» (Longoni, 2007). 

Las agresiones sexuales son violencias expresivas que se emiten como 
mensajes, cuya eficacia radica en ser enunciados mediante una estructu¬ 
ra simbólica donde el agresor y la colectividad comparten el imaginario de 


22 En un extremo de esta «confusión» podemos colocar la siguiente pregunta que, según 
Jorge Tróccoli (en la obra ya citada) un torturador le dirige a su torturado: «¿Por qué nos 
hacemos esto?». (El subrayado es mío). 


64 



género, hablan el mismo lenguaje y así pueden entenderse (Segato, 2004). 
Dentro de la esfera de sentidos de la guerra, las violencias sexuales sufri¬ 
das por las prisioneras adquieren los significados específicos que les dan 
las sociedades militaristas. Esto es, según Longoni (2007), que 

los vencedores aprendieron desde hace siglos que el peor castigo para los 
vencidos es matar a los hijos y dejar vivas a sus mujeres (...) tomar sexual - 
mente. y en lo posible preñar a las mujeres de otros, es dejar establecido 
para siempre quién es vencedor y quién vencido. 

Para esa cultura, la apropiación de los cuerpos de las mujeres por 
parte de los represores/vencedores vendría a representar una pérdida de 
bienes simbólicos de mayor relevancia política que el acto de violencia 
contra la persona mediante el cual se produce la apropiación. 

Ello sería así porque en la guerra toda violencia encuentra una justi¬ 
ficación y, sobre todo, porque la pérdida de aquellos bienes inscribe en la 
conciencia de todos y mediante una gramática socialmente reconocida, un 
mensaje intolerable. De allí concluye Longoni que, la descalificación de las 
sobrevivientes se apoya en la descalificación de putas y traidoras, con la no 
reconocida finalidad de mantener intactas algunas representaciones políti¬ 
cas cuya contradicción resulta intolerable para los discursos hegemónicos: 

La doble condición superpuesta de putas y traidoras para abominar a muje¬ 
res sobrevivientes se origina, justamente, en que en sus cuerpos entregados 
al enemigo se inscribe, de una manera irreparable, la magnitud de esa derro¬ 
ta ¿Resultará tranquilizador, para sus hombres, acusarlas de traidoras para 
encontrar una explicación que les permita mantener intactas determinadas 
certezas? (Longoni, 2007). 

Ese encapsulamiento e impregnación de sentidos, provenientes de la 
racionalidad militar, en la literatura argentina se expresa como desca¬ 
lificación, y en la uruguaya parece haber tomado la forma de silencio, 
negación y desconocimiento de las violencias sexuales. Entre las pocas 
menciones disponibles hay una ficción donde asoma un sistema de valo¬ 
ración atribuido a la cultura militante uruguaya que parece convergente 
con lo analizado para la argentina. 23 

El episodio da cuenta de la violación a una prisionera realizada por los 
militares como un espectáculo cuya finalidad habría sido tomar venganza 
de un prisionero porque tenía la libertad firmada. 24 

Se habría tratado de una acción contra el hombre, que se realizó en el 
cuerpo de su esposa: 

Lo supo: iban a violarla y él tendría que presenciarlo. ¿Podría cerrar los 
ojos, tendría que oírlo? (...) ¿Irían a violarla para decirle así, en el minuto 
mismo en que se iba, que todo le pasaba por haber sido tan flojo? (Martínez 
Moreno, 1981). 


23 Carlos Martínez Moreno. 1981. El autor fue un abogado, ensayista y escritor directamente 
familiarizado con las experiencias de las personas torturadas durante la represión. 

24 «La libertad firmada», ese es el nombre del cuento. 


65 



Los únicos espectadores y protagonistas centrales del drama son el 
prisionero y el comandante de la unidad. La mujer violada y el «negro» 
violador, por obediencia debida, son apenas los motivos para escenificar 
el atropello contra la dignidad del preso/esposo: 

Habían pensado en un negro del cuartel [...] Era mejor al ñn de cuentas [...] 
un negro que un perro. Los perros acaso penetran menos. Pero babean y 
gruñen y arañan y hasta es posible que laceren y muerdan y llegados a una 
gran furia maten [...] ahora él debe estar quizá pensando que habría sido 
preferible un perro, porque los perros no preñan a las esposas de los presos 
y los negros probablemente sí.... 

¿Es posible que, situando la dignidad masculina como principal bien 
en disputa, el autor haya querido comunicar que en situación de guerra 
la violación de una prisionera no era un hecho cargado de suficiente sig¬ 
nificación dramática? Imposible afirmarlo. Pero sí que, desde el principio 
hasta un final situado décadas después de la violación, el foco está cen¬ 
trado en el hombre/preso/esposo de una (su) mujer violada como señal 
indeleble de su propia derrota. 

La sugerencia de que el hombre pueda haber pensado «que habría sido 
preferible un perro», revela la clave del conflicto que el autor atribuye al 
protagonista: el daño infligido a la mujer ocupa un lugar subalterno frente 
a la posibilidad de que el negro embarace a la mujer del preso. 

La violación se presenta entonces como una «performance» que atra¬ 
viesa el cuerpo/persona de la mujer para llegar con un mensaje al hom¬ 
bre. 25 En ella estaría siendo violada una representación vicaria del honor 
masculino. Un honor cuya defensa asume la mujer mediante una pasi¬ 
vidad ante la agresión sexual que revela su deber (femenino) de cuidar al 
esposo, incluso mientras ella está siendo violada. O tal vez precisamente 
porque está siendo violada: 

(Ante la orden del violador) ella abre las piernas y entrega el cuerpo (sin 
resistencia): no quiere violencias, quiere evitárselas, no a ella sino a Alberto 
[... ] En ese mismo instante Ada está repitiendo que no importa, que nada de 
eso sirve, ni ella goza y se lo está diciendo a Alberto, como si esa contraseña 
estorbase el Inminente orgasmo del negro (Martínez Moreno, 1981). 

Años después, cuando la amenaza de embarazo quedó olvidada, la ten¬ 
sión persistiría como incertidumbre sobre si ella gozó durante la violación: 

(...) si ella no se hubiera jactado tantas veces él no podría haberlo asumido 
nunca como el revés de un goce, como el revés de la desconfianza de la de¬ 
nuncia de un goce [...] por lo demás todo ha sucedido como ella lo predijo; 
no ha habido gravidez ni (asegurado a Alberto) orgasmo de su parte... (Mar¬ 
tínez Moreno. 1981). 


25 «La lengua del feminicidio utiliza el significante cuerpo femenino para indicar la posición 
de lo que puede ser sacrificado en aras de un bien mayor, de un bien colectivo [... ] El cuer¬ 
po de mujer es el índice por excelencia de la posición de quien rinde tributo, de víctima 
cuyo sacrificio y consumición podrán más fácilmente ser absorbidos y naturalizados por 
la comunidad.» Rita L. Segato, 2004. 


66 



Es una duda que no llega a acusación ni revela sospecha sobre la leal¬ 
tad de la mujer hacia él: 

¿En qué ha tenido que pensar ella todo el tiempo para que no hubiese 
(goce)? Le ha preguntado él durante años y ella ha simulado no entender 
la pregunta [...] No es nada, no ha sido nada, no he sentido nada se (había) 
puesto a vociferar ella [...] con esa forma de furor que, en cuanto pareja, no 
dejará de perseguirlos nunca... (Martínez Moreno, 1981). 

La hipótesis mortiñcante no parte de la desconfianza hacia ella sino 
hacia una apreciación de la «naturaleza femenina» que percibe el cuerpo 
de la mujer como un lugar fuera de control y donde el goce puede sobre¬ 
venir sin que intervenga ni pueda impedirlo la voluntad. 26 

A los efectos de la interpretación que propongo, esta ficción revela la facili¬ 
dad, casi automática, con que se organizan las jerarquías dentro de un orden 
de géneros, y cómo ese orden se articula sin fricciones con las disposiciones 
discursivas de la racionalidad de la política entendida como guerra. 

Se abre así una ventana de comprensión acerca de la dificultad que 
pueden encontrar significativos colectivos militantes para reconocerse 
víctimas de esos extremos del accionar terrorista del Estado. Por lo me¬ 
nos no pueden hacerlo sin renunciar, mediante ese reconocimiento, a su 
condición de combatientes en una guerra que habría concluido sin hom¬ 
bres vencidos ni hombres vencedores. En todo caso con algunas mujeres 
dañadas... 

Lo irrevocable 

Para finalizar quiero dirigir la atención hacia los mandatos de silencio 
que podrían haber quedado instituidos como efecto duradero de las expe¬ 
riencias sociales de violencia y criminalidad producidas desde el Estado. 

Dada la finalidad de este trabajo propongo considerar la siguiente ca¬ 
racterización de la tortura y la violencia sexual: 

Uso y abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intención o vo¬ 
luntad compatibles, la violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad 
de la víctima (que) es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo (...) 
¿Por qué la violación obtiene ese significado? Porque debido a la función de 
la sexualidad en el mundo que conocemos, ella conjuga en un acto único 
la dominación física y moral del otro (...) Es por su calidad de violencia ex¬ 
presiva más que instrumental —violencia cuya finalidad es la expresión del 
control absoluto de una voluntad sobre otra— que la agresión más próxima 
a la violación es la tortura, física o moral (Segato. 2004). 

De manera que ya no solamente se impugna definir la violación como una 
«forma cualquiera de tortura», sino que propongo entender que la tortura 


26 Pierre Bourdieu (1998, 2000) define las apreciaciones que sostienen y reproducen el or¬ 
den de géneros como «automatismos» producto de unas disposiciones que se «sustentan, 
antes que en la conciencia y los controles de la voluntad (...) en una relación de conoci¬ 
miento (de lo que es un hombre y una mujer) profundamente oscura para ella misma». 


67 



tendría efectos simbólicos equiparables a los producidos por la violación. De 
manera que allí donde se dice violación se estaría describiendo un campo 
de significados aplicable a todas las formas de tortura en una escala que no 
refiere únicamente a individuos/as sino que abarca a toda la comunidad. 

Cuando la tortura fue durante más de una década la principal argu¬ 
mentación del poder —como ocurrió en Uruguay— la sociedad se rela¬ 
cionó con ese poder dentro del sistema simbólico basado en el código de 
violencia impuesto. Es verdad que no todas las personas fueron directa¬ 
mente afectadas por la tortura, pero la eficiencia del sistema se apoyó en 
su capacidad para lograr que la tortura representara una amenaza para 
cualquiera en todo momento. 27 Las capacidades de resistencia de quie¬ 
nes afrontaron los riesgos de «la máquina» no contradice la eficiencia de 
un sistema que sostuvo al régimen durante una década. Es tan evidente 
que la tortura fue un sostén simbólico, clave para el régimen, que este no 
renunció a mantener activa hasta el último minuto la amenaza que repre¬ 
sentaba la práctica de la tortura. 28 

Me interesa llamar la atención sobre lo siguiente: los cambios políticos 
no tienen fuerza suficiente para despejar la amenaza que impregnó a la 
sociedad uruguaya durante una década de terrorismo. Porque 

[... ] cuando un sistema de comunicación con un alfabeto violento se instala, 
es muy difícil desinstalarlo, eliminarlo. La violencia constituida y cristalizada 
como sistema de comunicación se transforma en un lenguaje estable y pasa a 
comportarse con el casi automatismo de cualquier idioma (Segato, 2004). 

Una sociedad donde las personas vivieron dominadas por la inminencia 
imprevisible de sufrir contra sus personas unos atentados provenientes del 
Estado, como los que produjo la dictadura uruguaya, incorpora una fuerte 
conciencia de fragilidad, vulnerabilidad e indefensión. La autonomía perso¬ 
nal y colectiva resultó drásticamente subordinada a un poder soberano que 
no solamente se realizó torturando y matando, sino especialmente como 
arbitrario donador de una sobrevida secreta o silenciosa. 29 

Así desde el cuerpo arrasado de los y las torturadas se proyectó un 
mandato de silencio colectivo cuya actualidad representa el éxito durade¬ 
ro de la pedagogía social del Estado terrorista. 30 


27 «El martirio de algunos es referente simbólico de punición para todos (y por eso) la ins- 
titucionalización de las prácticas de tortura impregna y contamina todos los niveles de 
convivencia, aún los aparentemente más distantes del hecho político...». Maren y Marcelo 
Viñar (1993) . 

28 Lo cuál se ejemplificó dramáticamente en el asesinato en la tortura del doctor Vladimir 
Roslik, en abril de 1984, pocos meses antes de la apertura democrática, y cuando las 
negociaciones políticas que organizaron la salida estaban en curso. 

29 «Y no existe poder soberano que sea solamente físico. Sin la subordinación psicológica y 
moral del otro lo único que existe es poder de muerte, y el poder de muerte, por sí solo, no 
es soberanía. La soberanía completa es, en su fase más extrema, la de hacer vivir o dejar 
morir.» Rita L. Segato, 2004. 

30 «La tortura toca ese punto de intersección que es fundamental de lo humano: el cuerpo 
y la palabra. Usar el martirio físico —el dolor impensable— para quebrar la palabra es 
precisamente la manera como se construye el paradigma del horror [...] Ese es el punto 


68 



Se trata de una inscripción en la conciencia y la emocionalidad colec¬ 
tivas que no se expresa como imposibilidad de enunciar la existencia de 
torturas durante la dictadura, cosa que actualmente pocas personas nie¬ 
gan. Sus efectos parecen describirse mejor observando lo intolerable que 
resulta hoy, para los individuos y la colectividad, reconocerse en aquello(s) 
que fueron cuando vivieron subordinados al poder terrorista del Estado. 

En este aspecto la historia uruguaya no parece diferir de otras socie¬ 
dades sometidas a poderes absolutos y criminales. Entre las víctimas de 
los campos de exterminio nazis hubo durante décadas una categoría de 
prisioneros que permanecieron invisibles inclusive en los relatos de sus 
propios compañeros. Eran «lo intestimoniable» que en la jerga del campo 
se conocía como el «musulmán». Eran 

los hundidos que estaban prontos para ser convertidos en cadáveres y por 
décadas no pudieron ser ‘vistos’ porque su visión introduce en el campo y 
el campo introduce en el mundo (algo que) no se quiere ver a ningún precio 
[... ] el umbral fatal que todos los deportados están a punto de atravesar en 
cualquier momento (Agamben, 2000). 

En el mismo sentido, los y las víctimas directas de la tortura fueron una 
representación de ese umbral fatal que durante la dictadura toda persona 
sentía poder atravesar en cualquier momento. Representaron el extremo 
amenazante del poder de daño que la dictadura esparció en la sociedad. 

¿Y hoy? Es claro que semejante amenaza puede razonarse superada, al 
menos dentro de las condiciones políticas contemporáneas, y sin embargo 
no termina de disiparse. Parece estar inscripta —con palabras de Primo 
Levi— como lo irreparable e irrevocable. Se trataría de un sentimiento 
de humillación y fragilidad del vínculo social que no puede disolverse ni 
lavarse. El Estado torturador de ayer —hoy encubridor y cómplice— vino 
a demostrar «que el género humano puede producir una mole infinita de 
dolor que se crea de la nada, sin gasto y sin trabajo» (Levi, 1989, 1995). Es 
un sentimiento también silenciado porque es incompatible con un relato 
de pacificación nacional, sostenido en el desconocimiento de la existencia 
de vencedores, vencidos, vencidas y dañadas. 


de terror que busca la tortura y que es eficaz aun antes de ser ejercido, siempre que su 
presencia planee en la ciudad.» Maren y Marcelo Viñar, 1993. 


69 



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70 



El horror femenino 

Las representaciones de los episodios traumáticos en 

TESTIMONIOS DE MUJERES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO 


Carla Larrobla 


¿Cómo representar lo inenarrable? ¿Cómo recorrer el horror? ¿Cómo reconocer sus 

huellas y sus marcas? ¿Cómo abordarlo? 


El inicio de un camino: 

las memorias en el espacio público 

El pasado reciente está plagado de episodios traumáticos que inter¬ 
pelan nuestro presente y cuyos efectos psicosociales están latentes en 
distintas dimensiones de nuestra cotidianidad. Un pasado, cuya recons¬ 
trucción está enmarcada por luchas simbólicas y políticas y que, por 
momentos, parece ser «radicalmente incompatible con la neutralidad» 
(Levin, 2009). Donde las formas de representación que se gestan imponen 
sentidos distintos a un pasado que es disputado por las memorias de los 
sobrevivientes y por la historia en tanto práctica de escritura. 

El proceso de construcción del pasado reciente en un objeto de estudio 
consensuado como legítimo ha recorrido diversos caminos constituidos 
por fuertes querellas académicas y batallas ideológicas que trascendieron 
los espacios intelectuales. 

Impregnado de las dimensiones traumáticas que se configuraron en 
torno al terrorismo de Estado y a la violencia política de los años previos a 
la dictadura, el pasado reciente ha sido abordado, principalmente, desde 
la perspectiva de la recuperación de la memoria. 

De esta manera, a partir de 1985, con el regreso de la democracia, las 
denuncias acerca de las violaciones de los derechos humanos cumplieron 
un rol central en las políticas de recuperación de las memorias de las 
dictaduras y marcaron una representación del pasado reciente basada en 
las experiencias traumáticas que vivieron las víctimas del terror. En este 
caso, las denuncias sobre la situación de los presos políticos, y la lucha 
por la verdad en torno a la figura de los detenidos desaparecidos, se ubi¬ 
caron en el centro del debate. 

El año 1989 marca un punto de inflexión. Se llevó a cabo el plebiscito 
de la «ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado» 1 en el cual la 


1 El 22 de diciembre de 1986 el Parlamento votó la aprobación de la ley mediante la cual 
los crímenes cometidos en la dictadura no serían juzgados. A partir de ese momento las 
organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos así como el Frente Amplio y 


71 



mayoría de la población se manifestó a favor de la aprobación de la misma. 
Este hecho modificó el escenario instalando la impunidad y alejando de la 
agenda pública los problemas concernientes a los derechos humanos y a 
la última dictadura. En el imaginario colectivo este período se representa 
como una etapa de silencio, donde la desolación de la derrota se traslada 
desde las organizaciones sociales hasta el mundo académico. 

Fue unos años más tarde cuando la iniciativa de la organización Ma¬ 
dres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos de convocar una 
marcha del silencio por verdad y justicia en el año 1996, parece reconfigu¬ 
rar el escenario y comienzan a emerger los debates en torno a la memoria 
y a los derechos humanos que caracterizan a este tercer momento. 

Acompañando este proceso de reinscribir el discurso de la memoria 
en el espacio público, desde mediados de los noventa aparecen series de 
estudios críticos 2 que se tornan cruciales e ineludibles para el estudio de la 
historia reciente y que permitieron arrojar luces nuevas sobre el pasado. 

Se inicia así un nuevo momento de las formas de acercarse al pasado 
reciente que estaría vinculado con las grandes transformaciones episte¬ 
mológicas que signan el desarrollo de las ciencias sociales en los años 
noventa y que comienzan a desembarcar en Uruguay y generan un nuevo 
escenario de producciones e investigaciones. De esta manera el fenómeno 
de la memoria se va desarrollando a través de varias propuestas. Por un 
lado nos encontramos con investigaciones que procuran pensar sobre el 
fenómeno de la memoria, la historia y la sociedad uruguaya. Los trabajos 
mencionados anteriormente abrieron un camino para los abordajes mul- 
tidisciplinarios dando inicio a un largo ciclo de producciones que intenta¬ 
ron dotar de nuevos significados a los relatos sobre el pasado. 

Una fuerte apuesta a la memoria fue llevada adelante por el Taller 
de Género y Memoria que núcleo a ex presas políticas uruguayas (2001, 
2002, 2003) y cuya propuesta se basó en la recopilación de testimonios 
que dieron lugar a tres libros. Dichos testimonios fueron seleccionados 
por cuatro académicos (Graciela Sapriza, Rosario Peyrou, Lucy Garrido y 
Hugo Achugar) que participaron de los talleres y acompañaron al grupo 
en distintas instancias. De esta experiencia surge el taller Testimonio y 
Memoria (2006) que da lugar a una nueva publicación. 


algunos sectores de los partidos tradicionales comenzaron la campaña pro referéndum, 
que consistía en la recolección de firmas para poder plebiscitar dicha ley. El 17 de diciem¬ 
bre de 1987 se entregaron a la Corte Electoral 634.702 firmas las cuales superaban el 
porcentaje constitucional para recusar la ley. Luego de un proceso de un año de conteo y 
revisión de firmas, el 16 de abril de 1989 se llevó a cabo el plebiscito donde se enfrentaban 
el voto amarillo (aprobación de la ley) y el voto verde (anulación de la ley). Los resultados 
dieron el triunfo al voto amarillo, que obtuvo un 55% de los sufragios. 

2 A modo de ejemplo podemos mencionar: Hugo Achugar y Gerardo Caetano (comp.) (1993), 
Identidad uruguaya: mito, crisis o afirmación, Ediciones Trilce, Montevideo. Isabella Cosse y 
Vania Markarian (1994), 1975, el año de la Orientalidad. Ediciones Trilce, Montevideo. Alvaro 
Rico (comp.) (1995), Uruguay cuentas pendientes. Dictaduras, memorias y desmemorias. Edi¬ 
ciones Trilce, Montevideo. 


72 



En los últimos años se ha asistido a un aumento de la producción 
bibliográfica referente al pasado reciente. Distintas disciplinas se han 
preocupado por estudiar diferentes aspectos vinculados a la última dic¬ 
tadura cívico militar que se desarrolló en Uruguay entre 1973 y 1985. El 
desarrollo de las ciencias sociales en Uruguay presenta un importante 
atraso si se le compara con las producciones provenientes de Argentina, 
lo cual también se constata en el caso del estudio del pasado reciente. 
Podríamos afirmar que en Uruguay se asiste a un período de recopilación 
de información y de fuentes documentales que están sentando las bases 
para próximas investigaciones que arriesguen dimensiones interpretati¬ 
vas y que permitan reflexionar con mayor profundidad sobre el período 
histórico mencionado. 


Los lugares del testigo: las representaciones del horror 

El testimonio denuncia 

Las memorias irrumpen en el espacio público convirtiendo a los por¬ 
tadores de experiencia en testigos. La figura del testigo convierte al so¬ 
breviviente del horror en portavoz y prueba de las atrocidades cometidas; 
de esta manera los testimonios de las víctimas van atravesando distintos 
momentos de elaboración. 

A medida que la dictadura transcurría en Uruguay, desde el exilio se 
iniciaron diversas campañas de denuncia sobre las violaciones a los de¬ 
rechos humanos que allí se sucedían. Muchos ex detenidos que salían 
del país, llevaban sus testimonios del horror a diversos países, medios 
de prensa y organismos internacionales. De esta manera comenzaron a 
difundirse los primeros relatos que impactaban por las crueldades a las 
que fueron sometidas las víctimas de la dictadura. 

Los testimonios se convierten en prácticas políticas de denuncia y de 
resistencia. Frente al mutismo y desconocimiento del Estado, aparecen 
las voces de las víctimas... 

Estas voces que se enfrentan al silencio presentan un tono mili¬ 
tante de resistencia y combate al horror experimentado en los centros 
clandestinos y establecimientos de reclusión. Confrontan las miserias 
y las indiferencias, colocan allí, en el espacio público, las atrocidades 
que vivieron, desafían los tejidos mal hilados de la sociedad a la que 
pertenecen. 

En muchos casos el testimonio se enmarca, pues, en una decisión 
política de combate a la dictadura. Son las organizaciones partidarias de 
pertenencia las que ofrecen la contención y las que se encargan de la 
difusión de esos relatos. El objetivo de enseñar la experiencia de las vícti¬ 
mas es mostrar los niveles de violencia, sadismo y deshumanización que 
presenta la dictadura. 


73 



Los testimonios ofrecidos por Ofelia Fernández y Sara Youtchak 3 luego 
de su liberación y salida de Uruguay son publicados en la revista Estudios 
del Partido Comunista de Uruguay. Sara recuerda que tras su llegada a 
Francia durante el exilio 

no paré de testimoniar... iba a todos lados a contar mi experiencia. Era una 
militante de la denuncia. Presentamos mi caso en cuanto organismo de 
derechos humanos hubiera. Era imprescindible, un mecanismo de desen¬ 
mascarar a la dictadura. 4 

Sara fue detenida el 21 de octubre de 1975 en el inicio de la llamada 
Operación Morgan contra el Partido Comunista. Tras su secuestro fue 
conducida al centro clandestino 300 Carlos R o Infierno chico, en la zona 
de Punta Gorda. 

De los cabellos me subieron por una escalera: empezaron las interminables 
sesiones de tacho y picana. Pero hay sutilezas mayores que se aplican a esta 
técnica: distintas capuchas que permiten mayor o menor pasaje de agua o 
aire, o las más terroríficas que tienen un forro de nylon que al abrir la boca 
en la desesperación por respirar, se pega al paladar no dejando pasar ab¬ 
solutamente nada, una forma de submarino seco. [...] Todo manejado con 
precisión y ritmo, desde la mano del torturador [... ] hasta las zonas de apli¬ 
cación de la picana (oreja, boca, ano, clítoris, mamas, tobillos) (Youtchak, 
octubre de 1981). 

Ofelia Fernández (marzo de 1981) fue detenida en febrero de 1976, 
siendo conducida al Departamento 5 de la Policía: 

fuimos bajados de aquel vehículo y subidos hasta un tercer piso a golpes. Al 
llegar a arriba nos encontramos con un grupo de 60 o 70 compañeros que 
estaban hacinados en una pieza, tirados por el piso, la mayoría de ellos to¬ 
talmente masacrados. (...) Después de lo que ellos llamaban el tratamiento 
intensivo, de horas de palizas, golpes, teléfono, etcétera. Fuimos colocados 
de plantón una semana. El plantón consistía en estar de pie con los pies 
separados, un metro y medio aproximadamente, los brazos horizontales, 
en general con algún peso colgando de las manos, posición ésta que se 
mantenía en base a golpes, sin tomar agua, sin permitirnos ir al baño, sin 
comer [...]. 

Al cabo de una semana comenzaron las sesiones de tortura más específicas 
(...) en una segunda etapa comenzaron a combinar (picana y submarino)... 

El máximo de esas combinaciones (...) era lo que ellos llamaban la bañera 
china. (...) En una de esas oportunidades recuerdo haber perdido el cono¬ 
cimiento y haber perdido la posibilidad, cuando me desperté, de mover las 
piernas. Eso hizo que, por primera vez, me dejaran tirada en el piso por 
un par de días, porque no me podía mantener en pie. Posteriormente me 
llevaron de un lado para otro, cargándome como si fuera una bolsa. Así me 
trasladaban a la cámara de tortura e incluso, alguna vez, me llevaron al 
baño de esa manera. 


3 Ambas fueron militantes del PCU. Ofelia Fernández fue dirigente de la UJC. 

4 Entrevista a Sara Youtchak, realizada por Carla Larrobla, junio 2011. 


74 



Cuando Ofelia es trasladada a Cárcel Central se encuentra con «dece¬ 
nas y decenas de compañeros, de jóvenes, que también estaban destroza¬ 
dos físicamente, muchos de ellos sordos, por ejemplo, y compañeras muy 
jovencitas violadas» (Fernández, marzo de 1981). 

El horror aparece aquí marcado en el cuerpo, como una huella del 
tormento sufrido en la tortura. Es el cuerpo de estas mujeres el que fue 
sometido a los vejámenes que aquí se relatan. Pero al mismo tiempo, la 
experiencia personal parece desdibujarse en un relato que pretende pre¬ 
sentar la universalización del horror al resto de los detenidos políticos. Es 
parte del objetivo de estos relatos, la experiencia individual cobra fuerza 
en la medida que representa a los otros. Esos otros que aún continúan 
presos. Esos otros que son el objeto de la lucha y la denuncia. 

Es por ello que asentimos, junto a Pilar Calveiro (otoño 2006), que la 
experiencia que se relata en los testimonios es una construcción que se 
encuentra «pensada desde coordenadas de sentido sociales». De esta for¬ 
ma, cada testimonio responde a una serie de necesidades impuestas por 
el entorno, y es por ello que está determinado por el lugar de producción 5 
desde donde es enunciado así como por los potenciales destinatarios. 

En estos mismos relatos, Ofelia Fernández hace referencia a la dife¬ 
renciación que implicaba ser mujer. Pero el sentido de mujer está es¬ 
trechamente ligado al rol femenino consensuado socialmente: el de las 
madres presas. Este era «uno de los aspectos más altos de la política 
represiva dentro del penal y también estrechamente vinculado a nuestra 
condición de mujeres, de nuestras particularidades como tales». Ofelia 
se detiene a narrar las inclemencias perpetradas contra las madres que 
se encontraban detenidas: «Se trabaja sobre el punto débil más notorio: 
los hijos» (Fernández, marzo de 1981). 

En este caso se revela una preconcepción claramente definida de lo 
femenino basado en la maternidad. Lo más específico y particular que 
puede desmoronar a la presa política: su condición de madre. He aquí la 
forma narrativa de representar el horror femenino; una forma de inscribir 
la diferencia de género que reproduce un modelo de discurso patriarcal. 

Ello nos remite al planteo realizado por María Herminia Di Liscia 
(2007), quien se pregunta si es posible que exista una memoria femenina. 
«¿Cómo se constituye una cultura de las mujeres dentro del patriarcado, 
donde no hay palabras y significantes propios?» 

La imposibilidad de pensarse dentro de otras categorías analíticas que 
no sean las social y académicamente impuestas ha sido una de las viejas 
preocupaciones de los estudios tanto feministas como de género. Y es una 
cuestión visible en los testimonios de muchas de las mujeres. No se trata 
de una elección de lugar o de rol consciente, es una forma de pensar y de 


5 Michel de Certeau, 1993. Uno de los tantos aportes realizados por este autor reside en 
pensar los discursos históricos (la historiografía como práctica de escritura de la historia) 
como producciones de un lugar. Ese lugar está definido por las demandas sociales y por 
las relaciones de poder. 


75 



pensarse que trasciende lo individual. Por ello en varios testimonios se 
insiste sobre la particularidad femenina referida a la maternidad. 

Cerca de 30 años después, la maternidad reaparece como parte crucial 
de la experiencia concentracionaria. El libro Maternidad en prisión política 
(Jorge (coord.), 2010) reconñgura el rol de las madres que dieron a luz en 
las cárceles y que se mantuvieron junto a sus bebes por un tiempo de¬ 
terminado. Aquí la maternidad se entiende como un factor que permitió 
vencer el horror, éste queda subsumido a una fuerza visceral capaz de 
resistir las marcas físicas y psicológicas. 

En el relato de Ana Julia, su experiencia vinculada al ser madre se 
constituye como representación del horror. Ella se exilió en Chile, salió 
de Uruguay junto a su pareja el 17 de octubre de 1972. En Chile queda 
embarazada y en febrero de 1973 su compañero parte hacia Cuba. 

Cuando voy a tener familia hay un gran paro de la salud [... ] y yo entro en 
trabajo de parto [...] Al director del hospital lo habían sacado a patadas, la 
derecha chilena es muy fuerte. Ahí entro yo [...] preguntando por el director 
que era el que me iba a atender y vino la partera de guardia y me dijo: ¡Ah, 
así que vos sos uruguaya! Entonces va a nacer un pequeño tupamaro y lo 
vamos a acogotar [... ] y me deja tirada en una cama. Al rato pasa un médi¬ 
co profesor con un grupo de estudiantes y me pregunta qué había pasado 
[...] yo le explico que la partera no me quería atender y él decide —junto a 
sus estudiantes— atenderme si es que yo acepto. Y claro que acepté [...] el 
niño nació en manos de ellos [...] en el medio de ese hospital que parecía 
un campo de batalla. No tenían anestesia por lo que tuvieron que atarme 
para poder coserme [...] Yo tenía miedo de que se llevaran a mi hijo. Uno de 
los estudiantes me dijo que me fuera ya del hospital [...] la gente me gritaba 
cosas, me tiraban cosas [...] Cuando pude ponerme de pie salí de allí. 6 

Múltiples representaciones del horror aparecen en esta experiencia. Lo 
trágico de la maternidad en un contexto repleto de microescenas de terror 
parece superar al propio relato. Ana Julia cuenta su historia y recorre 
nuevamente ese hospital y las calles chilenas... dice un par de palabras y 
repite varias veces: «Fue horrible». Y sin embargo la sensación de protec¬ 
ción voraz hacia su hijo parece haberla ayudado a afrontar el resto de las 
experiencias traumáticas que le faltaba atravesar. 


El testimonio imposible 

La salida de la dictadura permitió y generó que los relatos acerca del 
horror comenzaran a difundirse dentro del país. En el marco de las po¬ 
líticas de denuncia, estos testimonios se volvieron cruciales tanto para 
poder realizar las gestiones judiciales necesarias como para develar a la 
sociedad las atrocidades cometidas en un pasado muy cercano. 

Si bien estos relatos contienen descripciones acerca de la tortura tan¬ 
to física como psicológica a la que eran sometidos los presos políticos, la 


6 Entrevista a Ana Julia Herrera, realizada por Jimena Alonso y Carla Larrobla, 2009. 


76 



necesidad de esclarecer crímenes como asesinatos y desapariciones fue 
dominando el espacio testimonial. En ese sentido, las atrocidades perso¬ 
nales comenzaron a ocupar un segundo plano. 

La instalación de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CIP) en 
1985 con el propósito de averiguar el destino de los detenidos desapare¬ 
cidos, supuso la puesta en movimiento de la recopilación testimonial de 
quienes pudieran atestiguar en aras de clarificar lo sucedido. 

Estos testimonios del horror describen, en muchos casos, las diferen¬ 
tes torturas a las que sus portadores fueron sometidos. Pero parece existir 
una especie de consenso en el abordaje de esta temática, unlversalizando 
la práctica de la tortura como parte inherente de los secuestros, deten¬ 
ciones, interrogatorios y reclusiones. En ese sentido «la tortura» no suele 
aparecer narrada como parte central de la experiencia concentracionaria 
(Calveiro, 2004): pero tampoco es lo que el destinatario quiere saber. El 
testigo es más que nunca un sobreviviente. El valor de su palabra se 
orienta a lo que pudo presenciar... 

Sara Youtchak fue convocada a testimoniar a la CIP, su rol ahora es la 
de testigo de lo que pudo haberle sucedido a Eduardo Bleier: 7 

No puedo describir las torturas a que fue sometido Bleier en ese segundo 
local. Lo que sí puedo asegurar es que lo vi desnudo, jamás imaginé que 
tuviera un cuerpo tan grande. Pero la última vez que lo vi era una reducción 
como las que hemos visto en los campos de concentración y cosas por el 
estilo. A lo largo de todo ese período lo he visto y lo he oído aullar como una 
bestia, lo he oído pedir por los compañeros, nombrar compañeros, pedir 
su apoyo como un niño, clamar por su madre. Puedo asegurar haber visto 
reducirse físicamente a un hombre, y reducirse, incluso, la fuerza de poder 
pedir, llamar, clamar, hasta convertirse efectivamente en una especie de 
bestia que aullaba. Cuando le daban muy someramente algún descanso 
llamaba a sus compañeros. Insisto en que podríamos llegar a descripciones 
feroces de lo que ha pasado; creo que ya habrá oportunidad... 

No era esta la oportunidad de hablar de su experiencia personal, su 
lugar de testigo se constituía en torno a lo que quien había «desaparecido» 
no podía narrar. Y si bien ella misma expresa esa imposibilidad, logra 
apartarla del relato y se coloca por fuera del horror... Lo trágico es lo del 
otro en la medida que uno puede atestiguar porque sobrevivió. 

La idea de Agamben acerca de lo intestimoniable puede resulta ilumi¬ 
nadora para comprender la compleja trama sobre la que se escriben los 
testimonios sobre los que no pueden testimoniar. 

El testigo testimonia de ordinario a favor de la verdad y de la justicia, que 
son las que prestan a sus palabras consistencia y plenitud. Pero en este caso 
el testimonio vale en lo esencial por lo que falta en él; contiene, en su centro 
mismo, algo que es intestimoniable, que destruye la autoridad de los supervi¬ 
vientes. Los «verdaderos» testigos, los «testigos integrales» son los que no han 
testimoniado ni hubieran podido hacerlo. Son los que «han tocado fondo», los 


7 Eduardo Bleier fue detenido el 29 de octubre de 1975, era odontólogo y tenía 47 años. 
Integrante del Comité Central del PCU. Continúa desaparecido. 


77 



musulmanes, 8 los hundidos. Los que lograron salvarse, como seudotestigos, 
hablan en su lugar, por delegación: testimonian de un testimonio que falta. 
Pero hablar de delegación no tiene aquí sentido alguno: los hundidos no tie¬ 
nen nada que decir ni instrucciones ni memorias que transmitir. No tienen 
«historia» ni «rostro» y, mucho menos, «pensamiento». Quien asume la carga 
de testimoniar por ellos sabe que tiene que dar testimonio de la imposibilidad 
de testimoniar. Y esto altera de manera definitiva el valor del testimonio, obli¬ 
ga a buscar su sentido en una zona imprevista (Agamben, 2000: 34). 9 

Pero también estos testigos del horror poseen una experiencia acerca 
del terror. Su propia historia, sus propios tormentos. Si los testimonios 
brindados en el exilio permitían mostrar al mundo las atrocidades de la 
dictadura uruguaya, estos mismos relatos se insertan en el circuito nacio¬ 
nal, local, para dar a conocer a la sociedad una realidad que no siempre 
quiso o pudo visualizar como tal. 

En ese sentido, el testimonio desarrolla un papel de portavoz de la 
verdad que se ve reforzado por otro tipo de publicaciones que relatan el 
pasado a través de la voz de sus protagonistas. Las historias de vida jue¬ 
gan un papel fundamental en la difusión de la literatura sobre el pasado 
reciente, las biografías o las entrevistas comienzan a resultar fructíferas 
para el mercado editorial. 

Los relatos elaborados por los testigos resultantes de una memoria 
subjetiva dan cuenta de una verdad, la verdad del protagonista, que pro¬ 
cura inscribirse en el presente como verdad sobre el pasado. Que convoca 
al resto de la sociedad a desandar los silencios. 

De esta manera la voz de los protagonistas configura el escenario del 
pasado posible. Enzo Traverso señala que las representaciones colectivas 
del pasado son forjadas en el presente y al ser inscritas en una continui¬ 
dad histórica generan una narrativa cargada de significaciones. Dichas 
significaciones, al enmarcarse en un campo de disputa por los sentidos, 
generan un uso político del pasado. En ese sentido los relatos políticos y 
partidarios comienzan a priorizarse. 

Luego de la aprobación de la ley de caducidad, comienza a expandirse 
un gran silencio acerca del terror como práctica sistemática desplegada 
por el Estado. 


Rompiendo los silencios 

Habrán de pasar varios años para que las memorias sobre lo atroz co¬ 
miencen a resurgir. Habrá que buscarlas. Habrá que preguntar para que 
comience a configurarse un espacio de escucha imprescindible, para que 
puedan emerger ciertas voces. 


8 Los musulmanes eran aquellos judíos que realizaban tareas dentro de los campos de con¬ 
centración del nazismo obligados por la SS, por ejemplo, a conducir a otros judíos a las 
cámaras de gas. El resto de la población de los campos los llamaba musulmanes. 

9 Giorgo Agamben, 2000: 34. Los entrecomillados del autor refieren a la obra de Primo Levi: 
Si esto es un hombre. 


78 



Los padecimientos de los uruguayos detenidos en Argentina fueron 
encontrando otros espacios de expresión. Las diversas causas judiciales 
llevadas a cabo en la vecina orilla permitieron la difusión de distintos 
testimonios que narran las experiencias de los sobrevivientes del Centro 
Clandestino de Detención Automotores Orletti. 

Un grupo de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo fueron 
secuestrados en los meses de junio y julio de 1976 y trasladados a Orletti, 
allí vivieron el horror perpetrado por las fuerzas uruguayas y argentinas 
actuando de forma conjunta en el marco del llamado Plan Cóndor. En 
el mes de julio de 1976. 24 de ellos fueron trasladados de forma ilegal a 
Montevideo, donde aparecerán en el mes de octubre luego de un montaje 
casi cinematográñco preparado por los oficiales uruguayos. 

Ana 1 recuerda que 

El clima era de terror permanente, con gritos, patadas y compañeros que iban 
a la «máquina» permanentemente. Muchos tenían heridas en los pies, ya que 
los colgaban rozando el piso y debajo ponían sal. La mayoría tenía serias difi¬ 
cultades de mover los brazos. Estábamos todos tirados en un piso mugriento, 
sin comer, casi sin ir al baño, encapuchados y atados o esposados. Puede 
decirse que la primera condición para emprender un proceso de destrucción 
era que no nos sintiéramos personas, éramos tratados como «cosas». 10 

Esta conceptualización del terror es también sostenida por Ana 2 quien 
expresa que: 

Al poco rato, me suben para arriba con violencia, me sacan toda la ropa y 
empiezan los interrogatorios violentos, acompañados de distintos tipos de 
tortura, electricidad, submarino, la ruleta rusa. Eso duró un tiempo y luego 
me tiraron de la escalera y quedé ahí en la planta baja de Orletti. Estaba 
totalmente desnuda, me tiraron un saco para que me pusiera encima. El cli¬ 
ma de Orletti era terrorífico, la música estaba a todo lo que da, los gritos de 
los torturados, los gritos de los que participaban de la tortura que parecían 
drogados, era un infierno. 11 

Ninguna de estas descripciones acerca de lo infernal que resultaba la 
reclusión en Orletti se asocia con experiencias de violencia sexual. No hay 
mención alguna que nos permita pensar que esas prácticas se sucedieron 
allí. Y sin embargo años más tarde (en los juicios llevados a cabo en el 
2010) se filtrarán narraciones que describen los vejámenes sexuales a los 
que eran sometidas las detenidas en Orletti. 

La imposibilidad de inscribir en el discurso determinados eventos con¬ 
siderados traumáticos se encuentra ligada a la ausencia de una audien¬ 
cia dispuesta a reconocer y escuchar los horrores ajenos. El silencio de 
las víctimas resulta, en muchos casos, de la incapacidad de escucha de 
los otros. En ese marco, los «testigos» comienzan a recorrer una etapa de 
olvido donde aquello que no puede decirse parece ingresar en zonas que 
impiden su rememoración. 


10 Testimonio. En: Archivo Sara Méndez- Raúl Olivera. 

11 ídem. 


79 



Se va construyendo, entonces, un abordaje mudo de las prácticas de 
violencia sexual a las que fueron sometidas las mujeres, pero también los 
hombres, bajo el terrorismo de Estado. 

Hablar de la violencia sexual no representa un lugar cómodo, se vuelve 
un espacio imposible de representar, se anulan las palabras posibles para 
describir el horror. Si una testimoniante puede dar cuenta minuciosa de 
las torturas físicas a las que fue sometida, parece enmudecerse cuando se 
acerca al momento en que la violencia se transformó en sexual. 

Al hablar de violencia sexual nos estamos refiriendo a las acciones de 
contenido sexual a la que es sometida una persona «por medio de la fuer¬ 
za, amenaza del uso de la fuerza, coacción, temor a la violencia, intimida¬ 
ción, opresión psicológica y abuso de poder» (Aucía, 2011: 36). 

Cuando el Taller de Género y Memoria de las ex presas políticas (ya 
mencionado) se propuso como tema discutir la sexualidad en prisión: «fui¬ 
mos todas sin respuestas, ninguna había escrito nada en su casa y nin¬ 
guna decía nada...». 12 

No pudo generarse el espacio para hablar de la violencia sexual. La 
imposibilidad «se mantiene hasta hoy, de ver qué era violencia sexual. La 
violación era algo claro, pero por ejemplo no percibíamos el desnudo como 
parte de la violencia sexual». 13 Al mismo tiempo las propias testimoniantes 
observan que la percepción que tenían acerca de la tortura era «muy ma- 
chista», quizás porque el tema del género no estaba planteado como tal y 
porque las organizaciones de pertenencia tenían una lógica patriarcal que 
impedía observar la diferenciación de género. «No eras hombre o mujer, 
eras militante», sostiene Elena. Entonces había dimensiones de la tortura 
que no ingresaban dentro del imaginario de lo posible. 

Yo nunca me imagine que esto había pasado (...) solo una compañera en 
el cuartel contó que le habían eyaculado encima [...]». «Yo es la primera vez 
que leo o que oigo estas cosas [...] de compañeras que estuvieron con noso¬ 
tras (...) No se hablaba de esto. 14 

Como señala Temma Kaplan (2007): 

Con la creencia de haber sido mancilladas por la tortura infligida, muchas 
veces no pueden o no quieren recordar lo que sufrieron. Su vergüenza de 
hecho las coloca en una conspiración de silencio junto a sus torturadores, 
como si las víctimas acarrearan alguna responsabilidad por lo sucedido. 

En la vergüenza y el pudor parece estar una de las claves para com¬ 
prender el silencio. Gianella repite varias veces que la vergüenza que sen¬ 
tía, acompañada de la sensación de suciedad, obstaculizaron su puesta 
en relato de los tormentos sexuales. 


12 Entrevista a Gianella Peroni, Isabel Triveli, Marta Valentini, Elena Zaffaroni. Realizada 
por Jimena Alonso y Carla Larrobla, 9 de noviembre de 2011. 

13 ídem. 

14 ídem. 


80 



Yo hice mi testimonio, tuve un tema de vejación sexual, lo había hablado 
pero lo había olvidado. Fue una amnesia. No hablamos mucho [...] el pudor 
por un lado, no herirse, juega el tema de la vergüenza, yo tuve vergüenza 
ajena... una se siente sucia. Nosotras como militantes enfocábamos la de¬ 
nuncia hacia la tortura. La violación era como algo más individual. El hecho 
de hablar en público de estas cosas [... ] depende del eco [... ] no siempre hay 
una receptividad que te estimule. 15 

Se denota también la adscripción de lo sexual al mundo privado, no 
solo como si el abuso fuera terroríficamente individual sino también como 
si no fuera parte de un plan sistemático de degradación y deshumaniza¬ 
ción. El pensar la violencia sexual en esta clave, la aleja del testimonio, la 
convierte en un horror privado y personal. Establece una frontera entre lo 
decible y lo indecible (Pollak, 2006: 24), convierte a estos padecimientos 
en algo no confesable al mundo exterior. Encierra a la víctima con su pro¬ 
pio sufrimiento y por ello, la obliga a olvidar. 

El silencio de la víctima también responde a la sordera social o fami¬ 
liar. No dice lo que supone que no quiere escucharse, pero tampoco reci¬ 
be estímulos para poder hablar. Nadie pregunta, no hay que responder. 
Gianella recuerda que nadie le preguntó acerca de qué le había sucedido. 
Quizás por no hacerla transitar de nuevo por los horrores que había que 
olvidar, quizás por evitarse los sufrimientos que suelen provocar los do¬ 
lores ajenos. 

Paul Ricoeur (2000) sostiene que las formas individuales del olvido 
están confusamente unidas a las formas colectivas, en ese sentido, hay 
olvidos que responden a un mandato social de lo que debe olvidarse. Di¬ 
chos mandatos operan de forma silenciosa al tiempo que silencian lo que 
no quiere escucharse. 

Estas supresiones forman parte de las trampas que ofrecen los relatos, 
pero los eventos traumáticos, por su condición de tales, permanecen, in¬ 
cluso cuando parecen inaccesibles. 

Los olvidos actúan como negaciones y operan sobre lo que es posible 
recordar. De esta manera obstruyen el camino de lo rememorado y apa¬ 
recen los vacíos. 

Nosotras lo negábamos. Hablábamos de la tortura, pero teníamos la idea de 
que las violaciones habían sido casos aislados. Toda la parte de la violencia 
sexual te rebaja más, la tortura es más digna... increíblemente. Lo sexual 
es la parte más desagradable contigo misma, es la parte en la que te sentís 
más sucia. 16 

Estos sentimientos que aparecen reiterados en los testimonios reflejan 
el factor culpabilizador que genera el acto de violación sexual. «Una cosa 
es que te torturen, otra cosa es ser parte de la fiesta.» La más repulsiva 
de las humillaciones parece estar representada por la violencia sexual en 


15 Entrevista a Gianella Peroni, Isabel Triveli, Marta Valentini, Elena Zaffaroni. Realizada 
por Jimena Alonso y Carla Larrobla, 9 de noviembre de 2011. 

16 Idem. 


81 



su expresión como violación... El horror se desplaza desde lo sufrido al 
posible placer causado al verdugo. 

Marta expresa que nunca tuvo conciencia de la violencia sexual: que el no 
poder imaginar que eso sucedía generó que nunca tuviera miedo al respecto. 
Entonces narra una historia que sucedió en el cuartel de La Paloma: 

éramos siete mujeres. Se acerca un cabo, se acercó a una de las muchachi- 
tas y le dijo que si nosotras nos animábamos a levantarnos de madrugada 
nos podíamos bañar con agua caliente. Era invierno, estaba vestido con la 
ropa del uniforme y una capa por el frío. Nos llevó al baño que era como un 
galpón grande con vidrios rotos, y a los costados los ducheros. Primero no 
había agua caliente, segundo casi no salía agua [...] éramos siete mujeres 
desnudas frente al tipo que se paseaba lo más campante de un lado a otro... 
Nosotras... cuatro tratando de agarrar la gotita de agua, dos abrazadas, y 
una gritando como loca [...] Yo nunca pensé en otro tipo de ataque. 

Esta experiencia recién puede ser recordada, luego de casi 40 años, 
en clave de violencia sexual. La ausencia de categorías que permitieran 
pensar estos episodios como parte de los abusos sexuales cometidos dia¬ 
riamente por las fuerzas de seguridad a las presas políticas configura un 
espacio de lo imposible de ser narrado. 

Sara vivió cuatro meses en el 300 Carlos, el «Infierno grande», en sus 
testimonios pasados no se mencionan con detalle los padecimientos 
sexuales. «Nunca pensé que fuera necesario...» expresa, cuando se le pre¬ 
gunta sobre algunos silencios. 

Siempre relaté al detalle las torturas y sin embargo omití las violaciones. En 
realidad las penetraciones, porque nunca ful violada por un hombre... es 
decir, siempre se trató de objetos. Te introducían objetos por el ano y por 
la vagina... 17 

En su relato todavía está presente el horror pero éste se desprende de 
su propia experiencia, lo más terrible que ella declara haber pasado, no 
fueron las vejaciones a las que fue sometida. El terror se concentra «en 
lo que me hacían presenciar... las violaciones a los compañeros... tenían 
perros. Usaban perros para las violaciones...». 18 

Lo indecible transformado en lo dicho parece ser una forma de elaborar 
una representación de los horrores vividos, donde la anulación de lo hu¬ 
mano construye un vacío de significados que no encuentra sentido. 


Algunas apreciaciones finales 

El horror femenino aparece representado desde diversos lugares, y pa¬ 
rece depender del momento en que los testimonios fueron producidos, y 
los objetivos que se perseguían con esa puesta en palabras de los episo¬ 
dios traumáticos. 


17 Entrevista a Sara Youtchak, realizada por Carla Larrobla. Junio 2011. 

18 ídem. 


82 



De los Intentos primarios de suspender la memoria subjetivizada en 
aras de encontrar testimonios universales que pudieran ofrecer al mundo 
las miserias sufridas por los presos políticos de la dictadura uruguaya, se 
fue llegando al espacio de recuperación de las memorias personales. Esas 
memorias silenciadas en su dimensión más trágica que comienzan a hacer¬ 
se oír cada vez con mayor fuerza. No obstante este rescate del sujeto, estas 
memorias dan cuenta de la sistematicidad con la que fue aplicada la vio¬ 
lencia sexual, y nos coloca nuevamente ante la encrucijada social de com¬ 
prender cómo no fuimos capaces de evitar el terror. Nos invitan a pensar 
en cómo el miedo se instituye como silenciador de los gritos que provienen 
de los «campos». Nos obliga a escuchar y a preguntar. Coloca los pasados 
colectivos y traumáticos en el centro de la escena... nos interpela. 


83 



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84 



Salvar a la Patria y a la Familia 

Dictadura, disidencia sexual y silencio 


Diego Sempol 
Federico Grana 


Introducción 

Existe importante bibliografía que aborda en forma interdisciplinaria 
el origen, las características y el impacto social y político de la dictadura 
cívico militar en Uruguay (1973-1984), así como trabajos clave sobre el 
surgimiento de los movimientos de derechos humanos en nuestro país y 
sobre las «luchas de la memoria» (Jelin, 2002) que aún despierta ese pa¬ 
sado reciente en el presente. 

Pero muy poco se ha investigado sobre la persecución y la violencia 
que el terrorismo de Estado en nuestro país desarrolló sobre la población 
lésbica, gay, travestí, transexual, bisexual, Intersexual, Queer (LGTTBIQ) 1 
durante estos años. En el proceso de «reconstrucción nacional» que inten¬ 
tó llevar adelante el régimen dictatorial y las elaboraciones particulares 
que formuló sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional se entremezclaron 
valoraciones morales que buscaban preservar la nación, la familia hete- 
ropatriarcal y a los jóvenes de «desviaciones sexuales» y «corrupciones 
morales» que permitieran anidar la subversión. 

En este trabajo nos proponemos iniciar una línea de investigación, a 
través de testimonios y recopilación de documentos, sobre la existencia 
durante esos años de violencia estatal sistemática sobre la población LG¬ 
TTBIQ en Montevideo, así como analizar la forma en que este tema fue o no 
abordado por las organizaciones LGTTBIQ en los últimos 30 años. Las pre¬ 
guntas que guían este trabajo son: ¿cómo tematizaron las organizaciones 
LGTTBIQ montevideanas la violación de los derechos humanos sufrida por 
estos grupos durante la dictadura? ¿La fuerte discriminación existente 
hacia la población LGTTBIQ durante la democracia contribuyó a silenciar o 
invisibilizar sus planteos? ¿En qué medida la tradicional violencia estatal 
sobre estos grupos normalizó e invisibilizó la violencia ejercida por el te- 


1 A efectos de evitar anacronismos utilizaremos en el presente texto los términos homo¬ 
sexual, lesbianismo y travestí cuando se alude a períodos previos a los años noventa, y 
la sigla LGTTBIQ cuando abordamos los años noventa o nos referimos en forma genérica 
a los movimientos de la diversidad sexual. La sigla LGTTBIQ recién cobró visibilidad en 
Uruguay en los últimos veinte años. 


85 



rrorismo de Estado? ¿Cómo se relacionaron las organizaciones LGTTBIQ 
con las formas en que se construyó a nivel social y oficial la categoría de 
los derechos humanos? 


Estatuto legal y violencia estatal 

Las visiones académicas y sociales que patologizaban a la homosexuali¬ 
dad y al lesbianismo fueron en Uruguay hegemónicas durante casi todo el 
siglo XX, pero esto de todas formas no eximió de que esta población fuera 
objeto de persecución policial y/o tratamiento judicial. Mientras a las perso¬ 
nas con problemas de salud mental se las eximió de judicializaciones, nada 
similar sucedió con la población homosexual y travestí. La obsesión estatal 
por controlar la reproducción social y biológica, e imponer un modelo de fa¬ 
milia heter opatriar cal, lo volvieron un gran difusor de la heteronormatividad 
y activo practicante de formas de violencia hacia los disidentes sexuales. 

En Uruguay el Código Penal criminalizó la sodomía hasta 1934 cuando 
se producía sin consentimiento, sin aclarar a partir de qué edad la persona 
estaba en condiciones de consentir este tipo de acciones. Además, los homo¬ 
sexuales detenidos en espacios públicos eran frecuentemente acusados de 
«ultraje al pudor», o «atentado a las buenas costumbres». Las «leyes mora¬ 
les», como señala Elias (1986:34), contribuyen a victimizar a los individuos 
y refuerzan la subordinación social de algunas identidades ya de por sí es¬ 
tigmatizadas, al verse envueltos en una atmósfera cuasi delictiva, así como 
pierden desde la perspectiva judicial su carácter de víctimas, en la medida 
que casi siempre son abordados dentro del sistema como ofensores. 

Entre 1921-1930, según Barrán (2002: 178), los casos judiciales que 
involucran a homosexuales se multiplican por diez, aun cuando solo un 
número reducido de detenidos por la policía llegaban finalmente a instan¬ 
cias judiciales. Este incremento de la persecución policial estuvo directa¬ 
mente relacionado con los objetivos que se planteó Juan Carlos Gómez 
Folie, jefe de Policía de Montevideo entre 1923 y 1927, para la ciudad de 
Montevideo: «limpiar» la capital de «depravados sexuales», «afeminados in¬ 
decorosos» y «pervertidas» (Barrán, 2002: 178). 

Pero en Uruguay la Policía estuvo y está subordinada al poder político 
y no gozó —a diferencia por ejemplo de la Policía Federal argentina— en 
ningún momento de potestades judiciales y legislativas. En Uruguay, la di¬ 
sidencia sexual fue estigmatizada a nivel social, pero aquí la violencia social 
recibió en algunos momentos reforzamiento estatal policial, pero este últi¬ 
mo —en términos comparativos con la región— no fue el principal actor. 


La antesala al golpe de Estado 

En Uruguay en los años sesenta y principios de los setenta —coinciden 
todos los entrevistados—, al amparo de una escasa represión policial a 
homosexuales y travestís, se produjo la consolidación progresiva de un 
circuito semiclandestino de levante y sociabilidad en el centro mismo de 


86 



Montevideo y en una de las playas más importantes de la ciudad (Pocitos). 
En la capital existían varios lugares de encuentro informales y anónimos: 
baños de cines (Trocadero, York, Renacimiento, Hindú y Plaza), bares (Pa¬ 
lacio de la Pizza, La Rinconada, Las Cuartetas) y el local de la compañía 
Onda. Los eventos sociales y reuniones de los «entendidos» se comenzaron 
a realizar en bares y restaurantes. 

Me acuerdo que pasaba, con la gente tomando té, una coca cola, café en el 
Sorocabana, horas, horas, hacían romerías, veinte o treinta personas, ibas 
para acá, Ibas para allá, que trillabas 18 de Julio de punta a punta, después 
te parabas en un boliche, y ahí te juntabas con otra gente. O si no te encon¬ 
trabas con este, y volvías para allá de vuelta. Esas pateadas de 18 de julio 
y Ejido a la plaza Independencia ibas por una acera y venías por la otra. Y 
te parabas en un bar y conversabas con gente y te enganchabas con otro... 

Y si te borrabas era porque ya habías conseguido algo, y si no enganchabas 
igual te quedabas con la gente conversando, yo qué sé. Era otra historia. 

Era todos los días de la semana, siempre había gente. Todo el mundo se 
hacía un rato, o cuando terminabas de laburar ya te quedabas un rato en 
el centro... (Entrevista a Roberto Acosta 8/7/2006). 2 

Park y Burgess (1967: 45) señalan cómo en las urbes existe una «re¬ 
gión moral», que atrae a individuos y grupos diferentes y permite su inte¬ 
racción temporaria. El centro de la ciudad de Montevideo, al tener gran 
concentración de habitantes, mucho movimiento por la fuerte vida laboral 
que concentraba y cierto anonimato en comparación con los barrios car¬ 
gados de control social, se volvió el lugar privilegiado por los disidentes 
sexuales para concentrarse. El «trille» por la principal avenida de la ciu¬ 
dad en busca de pares, la existencia de numerosos bares y cines de en¬ 
cuentro, permitieron la construcción de nuevas redes de sociabilidad y el 
desarrollo de patrones comunes. 

También durante esta época se volvieron frecuentes las salidas en gru¬ 
po a espacios naturales, así como las fiestas privadas, las que en general 
eran relativamente cerradas, ya que se llegaba a ellas bajo estricta invi¬ 
tación, y los desconocidos debían ser introducidos por alguien del grupo 
que los respaldara. 

Nos reuníamos en el apartamento de algún amigo, y se armaba baile y todo. 
Siempre alguno llevaba alguna ficha nueva, o un amiguito, o a veces se 
armaba rosqueta entre unos y otros, que tenían más afinidad o que tenían 
ganas de curtirse a aquel amigo que estaba bien. También nos juntábamos 
para ir al parque, a la playa o a la Turisferia por ejemplo. (...) Y esos picnics 
en la Turisferia, correr por esos médanos, ¿viste? El hacer un asado, que 
pasaran la media noche, la una de la mañana y estar bañándote con las 
noctilucas era maravilloso... (Entrevista a Roberto Acosta 8/7/2006). 

Existían también fiestas más abiertas, en las que se vivía un clima cre¬ 
ciente de liberación sexual y la mezcla entre heterosexuales y homosexua- 


2 Roberto Acosta nació en 1950, es jubilado y fue durante años activista gay independien¬ 
te. Actualmente forma parte del Colectivo Ovejas Negras. 


87 



les era bien recibida, en la medida que entre otras cosas, la bisexualidad 
era vivida en los hechos como una práctica legítima. 

[...] empecé a frecuentar gente que leía, que era sensible, que eran pensado¬ 
res, en donde los prejuicios eran otros... era un bochorno ser virgen y tener 
prejuicios, nadie era fiel, [... ] con quien venga y como venga. Para mí, lo vivía 
así, la gente era totalmente maníaca, [...] si ibas a una reunión y alguien se 
te tiraba encima, lo que correspondía era revolearte. «Sí vas a estar de mon¬ 
ja qué hacés en esta rueda», me decían... trataba de explicar y te respondían 
«¡andá a cagar!» [...] La gente arrastraba las pieles por la playa en la ma¬ 
drugada, se iba con una y después con otro. [...] todos con todos. Hombres 
con hombres, mujeres con hombres. Los veías apretando, chuponeándose 
o yéndose... las reuniones eran sumamente populosas. (Entrevista a Mario 
17/9/2007). 3 

Este circuito semiclandestino parece haber logrado sobrevivir a las Me¬ 
didas Prontas de Seguridad, pero a medida que fue avanzando el autorita¬ 
rismo rápidamente se redujo, apareciendo en los testimonios como quiebre 
signiñeativo el proceso que se inicia con el golpe de Estado el 27 de junio de 
1973. Gerardo en ese sentido recuerda el creciente clima represivo que se 
comenzó a instalar a partir de 1973 y cómo la preocupación de caer en una 
redada policial pasó a ser nuevamente una preocupación real: 

Subo a un auto, [...] vamos como a Las Piedras a un cine que estaba aban¬ 
donado, en donde había 200 personas, con medía luz, era una fiesta en la 
que pasaba de todo [... ] tenía miedo que apareciera la policía, era la época 
en que se estaba haciendo seguimientos a reuniones de homosexuales, es¬ 
cándalos que aparecían en el diario [... ] Aparezco en el diario y mañana no 
voy a mi trabajo y si mi familia me ve me da un patada en el culo. (Entrevis¬ 
ta a Gerardo, 10/10/2008). 4 

Este inicio de apertura y consolidación de espacios de encuentro se- 
miclandestinos convivieron con discursos patologizadores y estigmatizan¬ 
tes los cuales estaban en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad. Esa 
visión del disidente sexual como débil, enfermo, corruptor de menores o 
traidor estaba arraigada tanto en los sectores conservadores como en los 
sectores que desafiaban el sistema político a fines de los años sesenta. Un 
ejemplo de ello pueden ser las declaraciones de Jorge Zabalza en las que 
señala como el conservadurismo moral del MLN-Tupamaros 

también se extendió al tema de la homosexualidad. Recuerdo la discrimina¬ 
ción en casos de lesbianismo, con reuniones donde se les criticaba por ser¬ 
lo. O también la exclusión de homosexuales: no se los reclutaba. Todo eso 
formaba parte de la cultura machista que dominaba en el país y en la cual 
estábamos inscriptos. Se entendía como moral solo la relación de pareja 
heterosexual: nos manteníamos dentro de los preceptos de la moralina que 
decíamos combatir. (Entrevista a Jorge Zabalza en Aldrighi, 2001: 197). 


3 Mario nació en 1946, es docente, se identifica como gay y nunca tuvo militancia política 
ni fue activista del movimiento LGTTBIQ. 

4 Gerardo nació en 1945, es docente, y nunca tuvo militancia político partidaria, ni parti¬ 
cipó de alguna organización LGTTBIQ. 


88 



La generación de los sesenta, como señala Hobsbawm (1999: 201-202), 
involucrada en proyectos de emancipación social en Occidente, fue hostil 
al consumo de drogas y a los temas que aludieran a la liberación sexual, 
en la medida que no eran consideradas dimensiones constitutivas del pro¬ 
yecto de transformación social. 

Dictadura y represión de la disidencia sexual 

Perelli (1990) señala cómo en el Cono Sur los regímenes militares de¬ 
sarrollaron en su discurso una noción de orden que idealizó el Occidente 
cristiano e hizo centro en la familia heter opatriar cal. El discurso autorita¬ 
rio trazó así una frontera entre lo uruguayo y lo extranjero (Perelli, 1987; 
Cosse y Markarian, 1996) definiendo a la identidad nacional en base a 
una serie de «valores esenciales» que no eran más que una interpretación 
de los valores católicos de los sectores más conservadores y eclesiásticos. 
Valores que sustentaban un «orden natural» a partir del cual se enfrenta¬ 
ban el Bien y el Mal (Perelli, 1987). La subversión pasó así a ser cualquier 
tipo de actividad o actitud 

destinada a socavar la fuerza militar, económica, psicológica, moral o polí¬ 
tica de un régimen. El ejército de Uruguay identifica la subversión como ac¬ 
ciones violentas o no desarrolladas [... ] en todos los campos de la actividad 
humana que se manifiestan en el ámbito interno de un estado y cuyas fina¬ 
lidades se perciben como no convenientes para el sistema político global. (El 
Soldado n. Q 80, diciembre de 1981). 

En una cartilla publicada en la revista El Soldado en setiembre de 1984, 
citada por Perelli, (1987: 43) se señalaba sin ambages: «[...] Los enemigos de 
la institución familiar son, en fin, enemigos de nuestra civilización». 

Esa preocupación se veía también en los productos propagandísticos 
del régimen realizados por la DINARP. En ellos se resaltaban, como señala 
Marchesi (2001: 111), los valores del «Nuevo Uruguay» en construcción: el 
esfuerzo, la abnegación y la disciplina. En ese sentido, el gobierno buscó 
formar a las nuevas generaciones en valores que reproducían la ideología 
y roles de género tradicional. La educación física y su celebración a través 
de los juegos atléticos y deportivos estudiantiles y festivales de atletismo 

actuaban como modeladoras de la conducta a la vez que permitían moldear 
las supuestas características de cada género: la gracia y la plasticidad de la 
gimnasia femenina, que rivalizaron con la actividad y arrojo de los varones. 
(Marchesi, 2001: 112). 

El objetivo era formar una generación acorde con los objetivos del pro¬ 
yecto fundacional dictatorial, que permitiera «el rescate de la nación en el 
terreno psicológico, emocional, e intelectual (paralelamente a la recupera¬ 
ción material) es una tarea de máxima prioridad». (El País 8/1/75, citado 
por Cosse, y Markarian, 1996: 100). 

Esta interpretación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y la exa¬ 
cerbación implícita del régimen heteronormativo estructuró en buena 


89 



medida todo el sistema educativo y sus programas durante la dictadura 
cívico militar, volviéndose hegemónica una visión hispanista y neotomista 
(Campodónico, Massera, Sala, 1991:142), que buscó reforzar la familia 
como la base de la sociedad y los roles tradicionales de género. 

El ascenso del autoritarismo buscó controlar dependencias estatales 
claves, entre ellas la de la policía de Montevideo. El 26 de mayo de 1971 
se aprueba la Ley 13.963, conocida como la ley orgánica policial, que re¬ 
organizó profundamente esta fuerza al crear varias dependencias nuevas 
y al unificar los criterios de funcionamiento en todo el país. A su vez los 
jefes de policía de todo el país, designados por el Ministerio del Interior el 
26 de abril de 1972, fueron todos militares (salvo en el departamento de 
Artigas), lo que implicó que se profundizara la militarización, el desarrollo 
de una férrea disciplina interna, la creación de fuertes jerarquías internas 
y el adoctrinamiento en la Doctrina de la Seguridad Nacional. La Direc¬ 
ción Nacional de Información e Inteligencia cobró un papel preponderante 
en el funcionamiento de la policía, y se produjo la pérdida creciente de las 
garantías procedimentales con los detenidos. 

En 1976, coincidiendo con el intento fundacional de la dictadura cí¬ 
vico-militar (Caetano Rilla, 1987), el régimen llevaba adelante una nueva 
ola represiva, en particular contra los militantes del Partido Comunista 
(PCU) en Uruguay y el Partido por la victoria del Pueblo (PVP) en Argentina. 
Paralelamente, ese año y a raíz del asesinato de un homosexual, el jefe de 
policía de Montevideo, coronel Alberto Ballestrino, detuvo a más de 300 
homosexuales y se propuso limpiar la ciudad de «la actividad perniciosa 
del homosexualismo»: 

Iniciamos una activa campaña para combatir la actividad perniciosa del 
homosexualismo que ambienta, en gran medida, brutales asesinatos como 
el que acabamos de aclarar. [...] Impartí ordenes expresas al Departamento 
de Orden Público para que amplíe aún más la actividad represiva de este 
tipo de desviación que muchas veces se materializa en la calle en forma 
ostensible (El Diario 27/10/76). 

Ballestrino señaló estar preocupado por el «incremento de la homosexua¬ 
lidad en los últimos tiempos» en Montevideo, así como de las enfermedades 
venéreas debido a la prostitución clandestina. Según el jefe de policía el 
asesinato de RVL «es fruto de un hogar destruido. Es el caso típico de un mu¬ 
chacho descarriado que se juntó con otros descarriados y con homosexuales 
que atenían contra la moral» (El Diario 27/10/76). Finalmente, Ballestrino 
llamaba a los padres a estar «alerta», para que extremen la vigilancia ya que 
las «malas compañías, como el caso de homosexuales, los pueden llevar por 
un camino equivocado y reprobable» (El Diario 27/10/76). 

La crónica periodística se hizo eco de esta visión y realizó un análisis 
de la historia de Aníbal Alvarez, uno de los tres asesinos de RVL, relatando 
cómo el fracaso de su matrimonio lo llevó a juntarse con malvivientes y 
elementos repudiables, a la cárcel durante tres meses por hurto, y final¬ 
mente a cometer un asesinato. Tanto el periodista como el jefe de policía 


90 



culpabilizaban a la víctima, siguiendo una tendencia ya estudiada (Sarti, 
Barbosa, Mendes Suáres, 2006 y Ramos, Carrara, 2006), y consideraban 
que el peligro social no radicaba en la existencia de asesinos, sino de ho¬ 
mosexuales que pudieran corromper a menores, y atacar a la familia, ese 
pilar clave de la sociedad en la visión militar. 

Los testimonios recabados denuncian la intensificación de las perse¬ 
cuciones durante ese año y posteriores, y cómo la presunción de homose¬ 
xualidad estaba en el origen de la detención policial: 

Durante la dictadura los milicos no solo perseguían tupamaros, sino tam¬ 
bién homosexuales. A mí una vez me llevaron cuando estaba esperando el 
ómnibus en 8 de Octubre a las dos de la mañana. En la comisaría estuvo 
bravo, me acuerdo que el comisarlo me dijo «que andabas buscando vos a 
estas horas», riéndose, y la mano venía de aprete. Por suerte mi cuñado 
trabajaba en esa comisaría, lo mencioné y ahí todo cambió. Pero a los ho¬ 
mosexuales que eran afeminados los milicos los perseguían todo el tiempo, 
no podían ni caminar por la calle. (Entrevista a Jorge 12/8/2008).5 

El incremento de la peligrosidad del «trille» en el espacio público no im¬ 
pidió que subsistieran algunos lugares de levante en baños públicos (baño 
de la Terminal de ómnibus de Arenal Grande y de la Sala 2 de Cinemateca) 
y parques de la ciudad. Horacio recuerda tener que enfrentar situaciones 
de levante homosexual en forma recurrente cuando trabajó en una em¬ 
presa privada de seguridad en el parque Batlle y Ordóñez: 

con mis compañeros hacíamos recorrida, y cada dos por tres veníamos con 
alguien... había uno que se llamaba la Pantera, uno flaco... un día Iba para 
el monumento de la maestra, veo a la Pantera con un gurí, un chongo... doy 
toda la vuelta y ellos estaban justo en el momento en el que estaban baján¬ 
dose la ropa... ¡¿Que están haciendo acá?! Nada, —dicen— estamos acá, 
haciendo nada. Acompáñenme a la luz... les dije. Un atrevido yo, era un 
vigilante de parque con un chifle y un bastón... denme la cédula... y me van 
a acompañar... Yo no te acompaño nada, me contestó. (...) querés que em¬ 
piece a los pitazos sabés como se llena esto de milicos (...) cuando llegué a 
la gaceta le dije a mis compañeros: encontré estos dos atrás del monumento 
de la maestra. Y ellos preguntaron que estaban haciendo y la Pantera dice... 
nada, si este no me dejó hacer nada... (Entrevista a Horacio 29/8/2011). 5 6 

Para los homosexuales y personas que tenían expresiones de género 
disidentes a las socialmente esperadas, o que por su vestimenta y forma 
de interactuar parecían candidatos a ser incluidos dentro de la categoría 
de homosexual, se volvió peligroso incluso desplazarse normalmente por 
el espacio público para desarrollar sus tareas cotidianas. 

Estaba esperando que saliera de estudiar mi amigo, para Irnos juntos a una 
habitación en Pocitos. y vino la policía, y ¿Usted que está haciendo acá?'. 

Me patearon, me toquetearon todo, se dieron cuenta que era mariquita ¿vis- 


5 Jorge nació en 1936, es actor y docente, y no tuvo nunca militancia política. 

6 Horacio nació en 1963, y fue militante de la organización Homosexuales Unidos entre 
1989 y 1996. El episodio transcripto fue auto rotulado como parte de un período «homo- 
fóbico» en su vida, previo a que se «asumiera como homosexual». 


91 



te? Me tiraban de los pelos, qué tenés en esa cabeza, porque tenía el pelo 
african look [...] Me llevaron muchas veces detenido durante la dictadura, 
por averiguaciones [... ] Por el solo hecho de estar en una esquina esperando 
a alguien, y ya no podías ¿viste? Y ya te agarraban los milicos, [... 1 y querían 
pasarte todos. Si vos te dejabas te pasaba toda la comisaría. Los milicos en 
ese sentido..., los odio ¿viste? Porque son de terror... (Entrevista a Roberto 
Acosta 8/7/2006). 

Pero pese a los riesgos en ocasiones algunos dejaban números tele¬ 
fónicos en paredes y puertas de baños para contactos, o arreglaban por 
esta vía encuentros. Si bien durante la dictadura no hubo en Montevideo 
boliches ni lugares bailables para homosexuales, luego de la derrota del 
proyecto constitucional militar en el plebiscito de 1980 y el comienzo de 
un afloje del régimen se comenzó a hacer nuevamente reuniones infor¬ 
males en casas o en clubes del centro. El actor uruguayo Petru Valensky 
recuerda en ese sentido: 

La detención en la que caí yo fue muy violenta. El 12 de enero de 1982. 
Fue muy triste. Fue frente por frente a (la redacción del diario) El País, en 
la calle Zelmar Michelini. El boliche en aquella época se llamaba Gente. 

162 personas caminando ante la mirada atónita de los que cargaban los 
diarios, que no podían creer tanto maltrato. A quien era jefe de policía en 
ese momento la vida me llevó a conocerlo, incluso a tener que hacerle una 
nota. Yo le pregunté qué había pasado esa noche, por qué había sido eso, 
y él me contó que estaba muy apretado, que lo habían obligado. (Qué Pasa 
18/11/2006). 

Además, los chantajistas seguían siendo un problema importante (al¬ 
gunos policías, otros que afirmaban serlo pero no lo eran), y existían ce¬ 
ladas para atrapar a homosexuales por «corrupción de menores» o para 
conseguir dinero. 

En aquella época no había boliches, no había nada, lo que sí había eran 
trampas que se hacían para 'cazar’ a los gays y meterlos presos. Te hacían 
el cargue, es decir, te cargaban, y después te extorsionaban o directamente 
te llevaban preso. (Valensky, Qué Pasa 18/11/2006). 

Estaba en el Seminario pero alguna escapadita me hacía [... ] El extorsiona- 
dor fue mi corte con la Iglesia. En 18 y Paraguay me pongo a ver vidrieras, y 
pasa él, un hombre grandote, se hace el coso y se me pone hablar. Al rato de 
haber arreglado me saca un carné de policía, y me dice que me va a llevar a 
la Jefatura. Me cagué hasta los pelos... mientras íbamos caminando, yo ya 
estaba jugado... pensaba el escándalo que se iba a armar... y pensaba que 
me lo merecía, por el tema del pecado... entonces ahí él me dijo que esto se 
podía arreglar de otra forma... Me había pedido cinco mil pesos, era mucha 
plata. Me voy al Seminario me meto al cuarto de mi amigo y le expliqué lo 
que pasaba. Me dio once mil pesos, bajo y se los entrego al tipo y cierro la 
puerta. Pero él siguió golpeando. Ahí es cuando se empiezan a encender las 
luces... y él se va cuando ve que la gente se despierta [...] A los dos días me 
citaron en la Curia, yo les dije que andaba con un policía. Ellos me dijeron 
que tenía que resolver ese problema humano y me tenía que ir. Me hicie¬ 
ron buscar mis cosas e irme. [...] me siguió persiguiendo después de eso, 
incluso cuando ya estábamos en democracia. La extorsión no se cerró ahí... 


92 



me lo cruzaba por 18 de Julio y volvía de nuevo sobre mí.... tenía que salir 
disparando, me metía mano en el bolsillo. Pasaba por al lado tuyo y te decía 
«puto de mierda» y te escupía. No iba a la Policía por miedo. (Entrevista a 
Oscar Olivera 31/8/2011). 7 

El aparato represivo y el miedo social que generó la dictadura facilita¬ 
ron, como señalan estos testimonios, la arbitrariedad policial y el desa¬ 
rrollo de prácticas extorsivas de funcionarios policiales al amparo de la 
impunidad existente en la época. 

El otro grupo dentro de los disidentes sexuales —además de los homo¬ 
sexuales—, que sufrió durante la dictadura las situaciones más problemᬠ
ticas y frecuentes de persecución fue la población travesti, 8 conocida por 
ese entonces como «los travestís». Este grupo había comenzado a ocupar 
varias calles montevideanas a ñnes de los años sesenta para desarrollar 
como estrategia de sobrevivencia el comercio sexual, 9 pero con la llegada 
de la dictadura, según las entrevistadas, existió una inflexión importan¬ 
te en su relacionamiento con la policía. Si bien la persecución policial 
al comercio sexual siempre existió, lo que cambió con el incremento del 
autoritarismo fueron los lapsos de detención y los niveles de violencia ins¬ 
titucional: a ñnes de los sesenta los arrestos de Orden Público o en una 
comisaría no superaban en general las 24 horas, mientras que a partir de 
1974 pasaron a durar siete o quince días. Y los malos tratos y la tortura 
para obtener información sobre delincuentes (narcotráfico, contrabando, 
robos) al principio casi ausentes se fueron instalando progresivamente 
como una práctica policial cotidiana: 

En aquel tiempo te llevaban y te tenían un rato. Después empezó la dicta¬ 
dura y ta... te tenían preso siete u ocho días en Jefatura. En la comisaría te 
pasaban a otra dependencia y de esa a otra. Salías de Orden Público, llega¬ 
bas a la puerta y te hacían entrar a Inteligencia, y después a Hurto. Al final 
te comías más de siete días. [...] Era todo el tiempo... Estabas haciendo un 
mandado, y te agarraban y ya estabas fichado y ta... ya marchabas. En jefa¬ 
tura a lo primero te hacían que te pegaban, amenazas, te llevaban para un 
cuarto, todos con capucha y te amenazaban, hacían que te Iban a dar una 
paliza. En el tiempo de la dictadura sí... te hacían un submarino, que era 
un tanque con agua, te daban la picana que eran dos cablecltos. Te sacaban 
del tanque mojada y te ponían esos cablecitos... eso era la famosa picana. 

Yo era menor cuando me pasó. Estuve una semana: me sacaban a cada 


7 Oscar Olivera nació en 1959. es psicólogo y fue integrante de las organizaciones Escor¬ 
pio. Somos, y La Brújula Queer. 

8 La persecución policial en Montevideo durante las dictaduras se centró dentro de la 
diversidad sexual en particular en homosexuales y travestís. Si bien en algunos ca¬ 
sos se detuvo a lesbianas fue la excepción. Esta diferencia probablemente radique en 
las diferentes formas de relacionamiento con el espacio público que tienen lesbianas, 
homosexuales y travestís, pautadas por los patrones de género. El pasado reciente y 
la violación de los derechos humanos de los disidentes sexuales no fue por ello un eje 
significativo para las lesbianas que integraban organizaciones mixtas en Montevideo, en 
donde no hubo grupos exclusivamente lésbicos de peso. 

9 El primer lugar fue en una calle céntrica (Andes y 18 de Julio), y a partir de 1967-1968 
la mayoría se trasladó a la zona de bulevar Artigas y 21 de Setiembre. 


93 



rato. Cuando veían que no me daba más el cuerpo, los mismos llaveros te 
daban agua, aunque te prohibían tomarla porque se decía que amortigua¬ 
ba los golpes. Y te sacaban desnuda del calabozo. [...] A veces la policía te 
extorsionaba. En dictadura era mucho más. Si arreglabas, sí entregabas a 
alguien, salías de la oficina sin problema (Entrevista a Julia 16/7/2011). 10 

Durante la dictadura, la Jefatura, aseguran los testimonios, se pobló 
de delincuentes, homosexuales y travestís. «El patio de Jefatura estaba 
siempre lleno, [...] no como ahora que no hay nadie nunca... siempre ha¬ 
bía maricones, gays, punguistas y travestís... era infernal» (Entrevista a 
Lucy, 3/6/2009). 11 

El riesgo de desarrollar el comercio sexual como estrategia de sobrevi¬ 
vencia creció signiñcativamente ante el agravamiento de la violencia po¬ 
licial, y pese a que en algunos casos se optó por emprender trabajos for¬ 
males, los procesos de identificación y fichaje impidieron a las personas 
escapar de las redes de represión policial: 

Siempre los maricones éramos los que pagábamos los platos rotos [...] vivía¬ 
mos una semana dentro del patío de jefatura. Los problemas mayores eran 
con la 3 y la 4 (que ahora es la 2) y Orden Público. [... ] No me golpeaban a lo 
primero, después empezaron a apretar para que entregáramos gente, para 
esto, para lo otro, los de Hurto y los de Homicidios. Ahí te golpeaban, pero 
a mí hasta el momento no me había pasado nada. [...] Como la cosa venía 
cada vez peor, busco en el diario trabajo y entro en una fábrica de calzados, 
estoy un año trabajando, pegando cajas, [... ] en esa época Iba la policía a La 
Teja a la casa de las chicas a ver qué pasaba, sabían los nombres de todas, 

[... ] me voy a un cumpleaños a Aparicio Saravia, al cante, me agarra la po¬ 
licía ahí, yo estaba de gay, pero ya sabían que yo era Mariela, me empiezan 
a pegar, a pegar, que tenía que entregar y yo no sabía nada. Me dieron una 
paliza... me colgaron, y me hicieron picana en los huevos y capucha... estu¬ 
ve una semana ahí adentro. No sabía nada, ful a un cumpleaños. Después 
cuando vieron que no tenía nada me pidieron disculpas, y me dieron un café 
[...] te hacían submarino, picana y te pegaban. Había 15 chicas más, esta¬ 
ban ya por orden público [...]. Cuando estuve en el patío, dije yo ni loca me 
quedo acá. Ahí empezamos a irnos todas: unas a Brasil, otras a Argentina 
(Entrevista a Mariela 2/10/2011). 12 

A la represión policial se sumó la existencia de secuestros por parte 
del ejército y/o la Armada, donde muchas travestís sufrieron maltratos, 
golpizas y violencia sexual de todo tipo. 

[...] era un época en que pasaban y te llevaban.... y te llevaban. A mi me 
llevaron una vez a la Armada, y otra vez al Cuartel 14. Me tuvieron una 
semana, más o menos... ¿viste?... y era uno atrás del otro. SI te negabas, te 
pegaban (Entrevista a Julia 16/7/2011). 


10 Julia nació el 21/5/1957 en Montevideo, se autoidentifica como travestí y estuvo en 
situación de prostitución desde los 11 años. 

11 Lucy nació el 17/2/1956 en Montevideo, se autoidentifica como travestí y está en situa¬ 
ción de prostitución desde los 16 años. 

12 Mariela nació el 30/10/1954 en Montevideo, se autoidentifica como travestí y está en 
situación de prostitución desde los 18 años. 


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Mariela recuerda que algo similar les sucedió a varias de sus compañe¬ 
ras del circuito de prostitución callejera: 

[...] a mis amigas las llevaron... la Negra Pantera estuvo 15 días en el cuar¬ 
tel... las llevaban a los cuarteles y a la Marina, las violaban, las hacían 
caminar de rodillas sobre pedregullo. Era cuando andaban en la calle las 
Fuerzas Conjuntas... yo siempre corrí como loca, me conocía los aparta¬ 
mentos y vericuetos de 21 de Setiembre ... no sabes... me conozco todos los 
por mayores de ahí adentro porque siempre me escondía. En la Armada te 
daban una inyección. [... 1 y después te dejaban en las rocas, «abrazate de las 
piedras que te vas a caer y no mires hasta que nos vayamos», seguías enca¬ 
puchada, viste, escuchabas el ruido de las olas, y no sabías dónde estabas, 
y ahí te dejaban, para que vos no vieras (Entrevista a Mariela 2/ 10/2011). 

Esta violencia sexual también fue aplicada por la policía, muchas veces 
sobre la propia población que reprimía y torturaba: 

La policía aparecía a cualquier hora de la noche, llamaba y te sacaba volan¬ 
do de la cama. Muchas veces ibas a parar a una celda, te fichaban y te deja¬ 
ban toda la noche ahí. Otras, te llevaban y era simplemente para satisfacer 
sus deseos sexuales. Y muchas veces también no llegabas a la comisaría 
sino que el deseo sexual era satisfecho en donde se les antojaba (Pierri y 
Possamay, 1993: 19). 

A partir de 1980 se inicia en Uruguay el proceso de transición, que 
tuvo un carácter fuertemente negociado o pactado (Caetano, Rilla, 1987) 
y dos momentos diferentes: una primera instancia que se abrió a partir de 
la derrota del plebiscito en 1980 y una segunda a partir de 1985, con el 
triunfo de Julio María Sanguinetti, que se extendió hasta 1989. 

A partir de 1985 cobraron relevancia los valores democráticos y la liber¬ 
tad de expresión. La salida de la dictadura y el clima de liberación ante el 
ñn de la censura promovieron la proliferación de discursos a nivel mediáti¬ 
co sobre la sexualidad en muy variados formatos. Los ejes innato-adquiri- 
do, patología-normalidad atraviesan las discusiones sobre la sexualidad, y 
en estos debates participan las instituciones psicoanalíticas, de sexología, 
la Iglesia Católica y las organizaciones homosexuales y lésbicas. 

Durante este período surgen en Montevideo organizaciones que lucha¬ 
ban por los derechos de homosexuales y lesbianas. Estas organizaciones se 
posicionaron en el espacio público exigiendo el reconocimiento social, dere¬ 
chos, y el cese de la represión policial a la población homosexual. ¿Cómo se 
posicionaron ante el pasado reciente? ¿Qué recuerdan y cómo? 


Democracia, pasado reciente y orsanizaciones LGTTBIQ: 
silencio y memorias privadas 

La transición democrática uruguaya tuvo un carácter «restaurador» a 
nivel político y simbólico (Sempol, 2006), reactivándose rápidamente el 
funcionamiento partidocéntrico que establece la lealtad partidaria como 
eje dominante para otras adhesiones y pertenencias (Beisso y Castagnola, 
1987; Caetano, Rilla, Pérez, 1992). El tema de la violación de los derechos 


95 



humanos durante la dictadura ocupó un lugar relevante en el debate pú¬ 
blico durante el gobierno de Sanguinetti (1985-1989), en la medida que 
este promovió la aplicación de amnistías para los militares implicados. A 
su vez. la subordinación del poder militar a la autoridad civil fue un pro¬ 
ceso complejo, lleno de retrocesos y avances durante los cinco primeros 
años de la democracia. El riesgo de desacato que anunciaban los militares 
citados para ser juzgados por la violación de derechos humanos durante 
la dictadura promovió entre el Partido Colorado y el Partido Nacional la 
aprobación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, 
el 22 de diciembre de 1986. La aprobación de esta ley generó profundo 
malestar en algunos sectores sociales, por lo que el 28 de enero de 1987 
se constituyó la Comisión Nacional Pro Referéndum que reunió a figuras 
emblemáticas (Matilde Rodríguez, Elisa Dellepiane y María Esther Gatti), 
al movimiento de derechos humanos uruguayo, un vasto número de orga¬ 
nizaciones sociales, y sectores político partidarios. Pese a que se logró la 
cantidad de firmas necesarias el resultado del referéndum del 16 de abril 
de 1989 dio la victoria al voto amarillo (a favor de mantener vigente la ley), 
con el 57% de los votos. 

De esta forma en Uruguay, el tema de los derechos humanos no se 
volvió un marco fundacional de la nueva democracia, y no hubo durante 
la siguiente década ningún tipo de investigación judicial sobre la violación 
de los derechos humanos durante la dictadura cívico militar. Y la publi¬ 
cación del informe Nunca Más en Uruguay (que fue elaborado a iniciativa 
del SERPAJ y no del Estado), no tuvo tanto impacto social. 

Al mismo tiempo que se procesaba este debate social y político sobre 
los derechos humanos, y el lugar que debían ocupar las Fuerzas Armadas 
en la nueva democracia, la policía siguió ejerciendo en forma rutinaria en 
la ciudad prácticas de control social sobre diferentes grupos sociales. 

De esta forma, a partir de fines de 1985 a la detención de homosexuales 
en espacios públicos se sumó una nueva modalidad: las razias. Esta fue 
una estrategia represiva que la policía aplicó, en forma intermitente hasta 
fines de 1989. La detención en «averiguaciones» (Decreto 680/980 de la 
dictadura que aún no había sido derogado durante el primer gobierno de¬ 
mocrático) era inconstitucional (artículos 15 al 17), iba en franca oposición 
al Código Penal, (Código de procedimiento Penal, artículos 118/124) y era 
contrario al derecho internacional reconocido por Uruguay. Los funciona¬ 
rios policiales según la Constitución solo debían tener derecho a detener 
a un individuo si se estaba ante un delito flagrante, cuando hay pruebas 
o por orden escrita del juez, pero nunca podían detener a los ciudadanos 
por no tener documento de identidad, constancia laboral y/o carné de es¬ 
tudiante. La policía montevideana aprovechó la vigencia de este decreto 
militar para realizar razias masivas en algunos lugares de encuentro de las 
subculturas juveniles, y para detener a gays en el espacio público. 

Pero este continuismo del autoritarismo moral no despertó, en los pri¬ 
meros años democráticos, críticas dentro del sistema político y las organi- 


96 



zaciones sociales más importantes, en la medida que sus mecanismos de 
regulación heteronormativos eran implícitamente compartidos por todos 
estos sectores. 

La izquierda uruguaya durante los años ochenta, reprodujo las visio¬ 
nes sesentistas en donde se consideraba a la homosexualidad como una 
patología (Ruiz y Paris, 1997, Sempol, 2010). Esteban Valenti señalaba en 
1988 que existía en el seno del PCU una «definición histórica» en torno a la 
exclusión de los homosexuales del partido, y agregaba: 

eso es así históricamente y nadie lo ha revisado y no creo que esté planteada 
su revisión. Es posible que hace unos cuantos años, la confrontación con el 
homosexualismo era muy dura y muy tajante (mientras) hoy hay una actitud 
firme, clara, pero no de campaña y propaganda. (Búsqueda 8/12/1988: 6). 

El Frente Amplio incluso recibió mal y minimizó el peso de los planteos 
y exigencias del feminismo uruguayo. 

... el feminismo en ese momento era visto como una postura individualista, 
europeizante que nada tenía que ver. En la izquierda [...] era más una cosa 
poco... poco revolucionaria... más pequeñoburguesa (Entrevista a Lilián 
Celiberti 25/11/2010). 13 

el autoritarismo venía por dos lados; por un lado en lo que había degene¬ 
rado el batllismo y por otro la izquierda. La izquierda y el batllismo tenían 
en común un acuerdo en bloquear determinados temas políticos [...] pen¬ 
sar la sexualidad como categoría política era imposible, el marxismo no 
asumía y no podía asimilar eso como una categoría independiente de la 
lucha de clases, el problema de la legalización de las drogas, el problema 
de la sexualidad de la mujer, el problema de los negros (Entrevista a José, 
24/2/2011). 14 

La exclusión de esta temática, tanto entre las organizaciones sociales 
de izquierda como entre los partidos políticos tradicionales, la consolida¬ 
ción de una agenda centrada en la violación de los derechos humanos por 
motivos políticos, y el referéndum, acapararon todo el debate político de 
esos años, relegando a un plano subordinado aspectos de la democrati¬ 
zación relacionados con la sexualidad y la equidad de género. Este punto 
ciego del sistema político fue de todas formas criticado. 

[...] es innegable que ‘lo homosexual’ se está transformando ya en un sím¬ 
bolo productor de reflexión para la sociedad toda: por su porfiada resis¬ 
tencia que proclama la legitimidad y libertad del deseo individual frente a 
toda compulsión restrictiva, pueden entreverse allí los fundamentos de una 
nueva concepción de la persona social. [...] en una nueva ofensiva, más pro¬ 
funda esta vez, contra los autoritarismos patriarcales homogenelzantes de 
Izquierdas y derechas (Jaque 23/07/86, Año III, n. e 135: 24). 


13 Lilián Celiberti fue militante del PVP, presa política durante la dictadura y es feminista. 
Fue una de las fundadoras de la organización Cotidiano Mujer, espacio en el que sigue 
actualmente participando. 

14 José nació en 1952, es investigador y escritor, y fue militante durante 1984 y 1985 del 
grupo Escorpio. 


97 



La visión hegemónica de la homosexualidad como perversión promo¬ 
vió en las organizaciones la necesidad de legitimar una agenda mínima y 
centrar sus acciones en los problemas más urgentes del presente en que 
vivían. La represión policial en un creciente clima de liberación política 
explica el surgimiento de Escorpio (setiembre de 1984), la primera orga¬ 
nización homosexual del Uruguay. Su proyecto fue construir una sub¬ 
cultura en oposición al partidocentrismo. haciendo eje en la liberación 
sexual y de los cuerpos. El ñn de la censura a partir de 1985 permitió que 
su «Manifiesto Homosexual» cobrara visibilidad, pero el clima represivo y 
de discriminación fue tan intenso que la organización funcionó en forma 
clandestina hasta su disolución en 1987 y tuvo grandes dificultades para 
hacer audibles sus denuncias y planteos. 

Además. Escorpio pretendía «destruir el esquema de roles rígidos exis¬ 
tentes por sus derivaciones opresivas y autoritarias», proponer una edu¬ 
cación sexual «liberadora a todos los niveles», «destruir el folklore y la 
mitología que rodea el tema que solo promueve una conducta homófoba» 
y lograr así «la inserción natural en la sociedad y una vida digna» (docu¬ 
mento Manifiesto Homosexual, Escorpio, 1985). Las metas de Escorpio 
eran integrarse, aportar, a través de la construcción de garantías que 
permitieran ese proceso. 

La persecución de la que eran objeto los homosexuales durante la 
transición democrática fue denunciada por la fundación Escorpio, y se 
optó por distribuir volantes con información clave para las personas que 
experimentaban estos apremios. Así uno de los volantes del grupo Es¬ 
corpio convocaba a no «ceder al chantaje de los tiras» y a «denunciar las 
extorsiones», se alentaba a resistir el fichaje cuando se era detenido y se 
aclaraba que la homosexualidad no era un delito en Uruguay, y que esta 
no era comprobable por «pruebas forenses» (volante de Escorpio, 1985). 

El otro problema grave, los chantajes, también recibió especial atención 
dentro de la organización. El abogado Eduardo Reisch Sintas recuerda: 

En esa oportunidad vinieron a consultarme dos jóvenes. Querían el ase- 
soramiento legal para ver la forma de poder terminar con la extorsión que 
venían sufriendo y determinar cuáles serían los caminos posibles a seguir. 
Vamos a ver qué podemos hacer, les dije, y fue así que acudí a la Policía. 

Por suerte en ese momento estaba de jefe de Policía alguien que había sido 
compañero de facultad y que también era abogado, y con su colaboración 
logramos capturar al sujeto que los estaba extorsionando y que resultó ser 
un funcionario policial (...) (Hablan los homosexuales. Ettore Pierri y Lucia¬ 
na Possamay, La República , 1993: 20, 21) 

A su vez, dentro de la propia organización se diseñó como estrategia 
hacer celadas a los chantajistas, a efectos de lograr su procesamiento. 

(...) después que empiezo a militar en Escorpio, salió que había extorsio¬ 
nado a mucha gente, ya en democracia conocí a Neber, que a él también 
le había pasado lo mismo. Con Escorpio se intentó hacer un anzuelo para 
atraparlo pero no se logró. (Entrevista a Oscar Olivera 31/8/2011). 


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Pero en ninguno de los documentos de Escorpio se hace alusión a la 
represión que sufrieron los homosexuales durante la dictadura. La acción 
y el discurso del grupo se centró en generar condiciones sociales y políti¬ 
cas de habitabilidad en ese contexto histórico y combatir la continuidad 
de la violencia estatal, dejando de lado temas del pasado, que dado el alto 
grado de homofobia y rechazo social eran inaudibles. 

[...] yo empecé a salir también en radio, era terrible, los oyentes tenían un 
discurso insoportable, [...] la gente llamaba, que éramos enfermos, locos, 
que había que ponernos presos. En estas opiniones veías la ferocidad, un re¬ 
chazo virulento, la violencia justificada. (Entrevista a José 24/2/2011). 15 

Entre 1988 y 1989 se produce un nuevo pico represivo, y el incremento 
de las razias sobre los mismos grupos. Así describía su experiencia un homo¬ 
sexual que fue detenido en una razia en el boliche Controversia en 1989: 

las horas se convirtieron en días y fueron 17 horas bajo un sol adivinado de 
un día miércoles. Y el frío o el sueño se juntó con la rabia, la inseguridad y 
la desazón. Se dijo «hay que hacer algo», «que alguien lo haga», «¿Quiénes?» 
Entonces vinieron a la memoria, iniciales o siglas, quizás una conciencia es¬ 
timulada por los palos o la amenaza. Y volvieron las discusiones por lo bajo 
y por lo alto. El «hasta cuándo» y el «cómo explico ahora», el «no quiero que 
se enteren». Un desmayo, un joven epiléptico en plena crisis y sin atención. 
Otra vez los gritos, esta vez muchas más voces, la solidaridad casi estuvo 
presente y al fin, una respuesta entre dientes y a la fuerza que se llevó el 
«fardo» a otro lado. Total... «si es puto que se muera». La farsa continuó has¬ 
ta la tarde [...] mucha gente quedó aliviada al salir a la calle contaminada 
de la ciudad. Otros problemas tendrían, después; explicaciones a mamá y 
papá, al jefe del laburo y a la mujer que no se enteraría de que pasó la noche 
entre un boliche gay y jefatura. Mucha gente respiró hondo y se fue alejando 
entre murmullos y pasos largos. ¿Habían recuperado la libertad? (Aquí esta¬ 
mos , boletín de Homosexuales Unidos, marzo-abril de 1991: 8). 

En 1989 surgió la Coordinadora Anti Razias. Se juntan así por primera 
vez grupos roqueros, grupos juveniles barriales, gremios estudiantiles, y 
la organización Homosexuales Unidos (1988-1996) asiste a las instancias 
de coordinación, logrando romper el aislamiento social que vivía el movi¬ 
miento homosexual uruguayo. El asesinato del joven Antonio Machado en 
una comisaría despertó una fuerte movilización social, logrando la Coor¬ 
dinadora reunir, según la prensa de la época, en algunas manifestaciones 
hasta 30 mil personas y con ello frenar finalmente este tipo de práctica 
represiva, consolidando la conformación de un polo social alternativo, bᬠ
sicamente juvenil que no se sentía identificado con la cultura militante ni 
la acción político partidaria. 

Tanto Escorpio, como Homosexuales Unidos adoptaron un marco in¬ 
terpretativo centrado en la liberación, que interpelaba al discurso médico 
patologizante y a la cultura conservadora uruguaya. Escorpio no utilizó el 
paradigma de los derechos humanos a diferencia de Homosexuales Uni- 


15 José nació en 1952, es docente y fue integrante del Grupo Escorpio. 


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dos, y ambas no se posicionaron públicamente —salvo excepciones— so¬ 
bre el pasado reciente. 16 

En Uruguay las primeras organizaciones travestís aparecieron en 1991 
(Mesa Coordinadora de Travestís y luego la Asociación de Travestís del 
Uruguay) y centraron su trabajo en el problema de VIH-SIDA y la exclusión 
social. Estas organizaciones no denunciaron en su momento la existencia 
de violencia policial debido a que esta en general había cesado a fines de 
los años ochenta, luego de que se judicializara una denuncia por tortura 
que sufrió una travesti en una comisaría montevideana. 

El silencio en las organizaciones travestís sobre la violación de los de¬ 
rechos humanos durante la dictadura y la violencia policial en los años 
ochenta fue también persistente. En una entrevista, que realizó el sema¬ 
nario Mate Amargo en 1991 a varias integrantes de la Mesa Coordinadora 
de Travestís, emergió esta realidad en forma explícita. El cronista primero 
les preguntó «¿Cómo vivieron los travestís durante la dictadura?» y anotó 
a continuación en la nota la reacción de las entrevistadas «(intercambian 
miradas y por primera vez noto algo parecido al espanto)». Finalmente 
Fanny, una de las entrevistadas, contestó: «Mirá, nadie te va a hablar de 
esto. Para nosotras es una página cerrada. Cambié de tema, por favor». 
El cronista insistió: «¿Y la situación actual cuál es?». Adriana, otra de las 
chicas entrevistadas, entonces respondió: «Te diría que normal. A menudo 
nos detienen, estamos 12 horas y nos largan» (Mate Amargo, Año VI, n. s 
128, 11/9/1991: 12-13). 

Este silencio de la población LGTTBIQ sobre la violencia estatal que su¬ 
frió durante la dictadura es muy difícil de interpretar. A nivel general, es 
posible que la persistencia de este silencio esté relacionada con el miedo a 
volverse visibles (inevitable si se realiza una denuncia), así como a los efec¬ 
tos de un estigma social que legitimaba la represión estatal y cuestionaba el 
lugar de víctima de homosexuales y trans. Así mismo, todavía para muchos 
homosexuales, la sexualidad seguía siendo un aspecto íntimo y cualquier 
denuncia, que tuviera como centro este tema, era vivida como riesgosa en 
la medida que exponía en exceso al individuo a la mirada del otro. 

También pudo incidir el temor a no ser tomados en serio por las au¬ 
toridades en la medida que no existía ninguna ley que garantizara sus 
derechos y eran hegemónicas las visiones que patologizaban estas iden¬ 
tidades, así como una evaluación resignada ante la situación de vulne¬ 
rabilidad social que termina por volver inconducente y hasta peligrosa 


16 Las publicaciones de las organizaciones no hablan del pasado dictatorial. Solo dos men¬ 
ciones aparecen en los boletines de Homosexuales Unidos, una en que se alude a la 
necesidad de que los derechos humanos dejen de ser un discurso para ser una realidad, 
mientras que se comentan los incidentes del Filtro, y la otra en la que se denuncia el 
autoritarismo moral de la dictadura en forma genérica: «[...] Nuestra reciente dictadura 
militar —como las demás del continente— predicó una moral sexual y familiar enmarca¬ 
da en los mismos parámetros represivos, llegando a prohibir el pelo largo en los varones 
y los pantalones en las niñas, a modo de “tratamiento preventivo”» {Aquí estamos, boletín 
de Homosexuales Unidos, diciembre de 1993: 10). 


100 



cualquier tipo de denuncia. Muchos perpetradores seguían estando en 
cargos claves en la Policía y las Fuerzas Armadas, aun cuando las per¬ 
sonas cuyos derechos humanos fueron violados por motivos políticos 
eran consideradas víctimas y sus denuncias eran reconocidas por una 
parte importante de la población, algo que no sucedía para nada con las 
víctimas homosexuales y trans. De esta forma, el escenario distaba de 
ser alentador para iniciar acciones judiciales o denuncias de este tipo y 
promovía miedo y estrategias de autopreservación individuales entre los 
afectados. Este aspecto, probablemente, pesó mucho más que el hecho 
de que existió una clara ruptura (en particular con la población trans) en 
el relacionamiento con la policía montevideana, durante la dictadura y la 
transición democrática, respecto a los años sesenta y noventa, lo que de 
alguna forma desalentaba la naturalización de la violencia estatal entre 
estos actores y el resto de la sociedad. 

A su vez, las organizaciones homosexuales y lésbicas de los años 
ochenta no tenían casi relación con las trans y buscaban políticamen¬ 
te deconstruir la asociación recurrente entre homosexual y travestí que 
circulaba socialmente en estos años, por lo que tampoco fueron ámbitos 
receptivos, a partir de los cuales se pudiera llevar al espacio público algún 
caso que involucra a travestís (las que a diferencia de los homosexuales 
no tenían problemas con la visibilidad). La problemática de las trans se 
logró incluir en la agenda del movimiento recién a partir de la década de 
los noventa, a través de sus propias organizaciones, momento en que las 
mayores dificultades con la policía ya eran un tema del pasado. 

Esta configuración generó que las experiencias y sentidos sobre la re¬ 
presión persistieran entre la población LGTTBIQ como memorias privadas y 
que con el tiempo (debido a la dispersión geográfica, la muerte de muchos 
de sus protagonistas y la falta de organizaciones LGTTBIQ que construyeran 
efectivamente comunidad) se fueran deshilachando y encapsulando en las 
narrativas individuales, silenciadas por la vergüenza y la imposibüidad de 
encontrar un otro que escuche y que reconozca su realidad y permita afir¬ 
mar el relato. De hecho, durante la realización de esta investigación, mu¬ 
chos de los entrevistados me refirieron que era la primera vez que hablaban 
sobre este tema por fuera de su círculo íntimo de afectos. 

Si bien la agenda de los derechos humanos se reactivó a partir de 
1996 en nuestro país y sufrió importantes cambios y avances en los úl¬ 
timos años, que permitieron confirmar socialmente la existencia de una 
metodología represiva sistemática que generó detenidos desaparecidos, 
tortura y represión por motivos políticos durante la dictadura, la no in¬ 
clusión de ninguna referencia a persecuciones por orientación sexual 
o identidad de género, reforzó la invisibilidad de este tipo de violencia 
estatal moralizante. 

Las organizaciones LGTTBIQ montevideanas recién comenzaron a utili¬ 
zar la categoría de derechos humanos en forma central a fines de los años 
noventa, pero siempre aludiendo a los derechos humanos de la diversidad 


101 



sexual, y no a la sexualidad como un derecho humano, como hizo el movi¬ 
miento LGTTBIQ argentino en los años ochenta y el movimiento internacio¬ 
nal LGTTBIQ a partir de mediados de los años noventa (Correa, Petchesky, 
Parker, 2008). Además, los discursos de las organizaciones que incluye¬ 
ron esta categoría no hicieron referencia al pasado reciente. 


Reflexiones finales 

Como señala John Conroy (2001), en toda sociedad existe una clase de 
individuos que la mayoría social admite como «torturables». Esta catego¬ 
ría va variando en el tiempo, y es la base que permite identificar en cada 
contexto cuáles víctimas reciben reconocimiento oficial, cuáles van a ser 
consideradas libres de toda culpa, y cuáles son ignoradas por completo en 
un momento dado (Elias, 1986:17). 

En Uruguay la persecución policial sobre homosexuales y trans duran¬ 
te la dictadura cambió radicalmente, en la medida que se practicó la tor¬ 
tura y el maltrato en forma recurrente, y el ejército y la armada torturaron 
y ejercieron violencia sexual en particular sobre la población travestí. Este 
ensañamiento específico con la población trans demuestra nuevamente 
como existieron y aún existen ciudadanos que viven en «estado de excep¬ 
ción permanente». Y que por lo tanto, al ser considerados en sí mismos 
como cuerpos abyectos carentes de derechos son pasibles de la más varia¬ 
da gama de acciones discriminatorias, escudando o argumentando estas 
acciones en un discurso moralista que culpabiliza a la víctima, señalando 
que fue su condición, actividad laboral o conducta de riesgo la causante 
de estas situaciones de violencia, eliminando de esta manera la responsa¬ 
bilidad de la sociedad y sus conductas discriminatorias que hasta el día 
de hoy condena a la población trans a ejercer el comercio sexual como 
única salida laboral sustentable. La violencia militar cesó con la transi¬ 
ción democrática pero no la policial, la que duró hasta fines de los años 
ochenta. A partir de ese momento, la estigmatización y la exclusión social 
de la población LGTTBIQ se volvieron en Montevideo el eje central del tra¬ 
bajo de las organizaciones. Por ello, en términos generales, la violencia es¬ 
tatal hacia la diversidad sexual en Montevideo a partir de 1990 fue antes 
que nada en el terreno simbólico: el no reconocimiento de derechos legales 
y la inacción ante las situaciones de discriminación a nivel social. 

La transición pactada uruguaya y el naufragio del impulso de lograr 
«verdad y justicia» en 1989 impidieron la judicialización de las denuncias 
por violación de los derechos humanos de familiares de detenidos desapa¬ 
recidos, reduciendo aún más las posibilidades de que algo similar sucediera 
con las violaciones a los derechos humanos sufridas por la población LGTT¬ 
BIQ. Se instaló así un persistente silencio sobre la violencia vivida, que fue 
abonado por las barreras sociales y la vergüenza que imponía estar en el ar¬ 
mario, la fuerte discriminación social y la imposibilidad de hacerse audibles 
socialmente. Este silencio también puede explicarse por la minimización en 


102 



las propias víctimas de la violencia estatal y la falta de reconocimiento del 
derecho a tener derechos. A su vez la temática de la diversidad sexual no 
era tomada por el sistema político ni las organizaciones sociales de mayor 
relevancia, los cuales incluso antes y luego de la dictadura esgrimían dis¬ 
cursos fuertemente heteronormativos y homofóbicos. 

De esta forma, el nivel de realidad y visibilidad que lograron en los últi¬ 
mos diez años las violaciones de los derechos humanos por motivos políticos 
(en particular los detenidos desaparecidos gracias a los procesos judiciales), 
nunca fue alcanzado por las que tuvieron ñnes político moralizantes. 

Las conquistas legales obtenidas por la diversidad sexual en los últimos 
cinco años en Uruguay 17 produjeron un cambio en la situación de subordi¬ 
nación social que vivía la población LGTTBIQ, y un avance importante en su 
legitimación social. Este movimiento abre nuevos lugares de enunciación y 
hasta tal vez, en el caso montevideano, la salida al espacio público de las 
memorias privadas sobre la dictadura. Esta posibilidad es incierta, es ver¬ 
dad, pero sin embargo la progresiva desnaturalización que algunos entre¬ 
vistados/as manifestaron sobre sus experiencias de violencia estatal ante 
nuestro interés en este tema, marcan una inflexión prometedora. 


17 En nuestro país se logró la aprobación de la ley de unión concubinaria en el 2007, y en el 
2009 la reforma integral del sistema de adopción (que permite a parejas homoparentales 
adoptar) y ley de cambio de sexo registral, que permite a la población trans adquirir un 
documento legal acorde con su identidad de género. 


103 



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104 



Violencias de género 

EN EL TERRORISMO DE ESTADO ARGENTINO 1 

María Sonderéguer 


¿Qué interrogantes nos plantea incorporar la perspectiva de género al 
análisis de la violencia sexual y de género en el marco de violaciones ma¬ 
sivas y sistemáticas de derechos humanos? ¿Qué sucede cuando aborda¬ 
mos desde esta perspectiva los testimonios de las víctimas del terrorismo 
de Estado en Argentina? Cómo se escriben y se inscriben en los cuerpos 
los enunciados de la represión? 

En Argentina —del mismo modo que en otros países del continente— la 
violencia sexual ejercida durante la última dictadura se presenta como 
un caso paradigmático donde es posible observar cómo la estructura de 
género reaparece y reafirma el sistema hegemónico masculino al mismo 
tiempo que permite que ésta permanezca invisibilizada trascendiendo el 
propio terrorismo de Estado. El cuerpo de las mujeres —y eventualmente 
el de los varones— aparece como un territorio marcado o a marcar, en 
cuya apropiación se dirime la lógica de poder entre los géneros. 

En estos últimos años, y con la reapertura de los procesos penales por 
los crímenes cometidos durante la dictadura, luego de la declaración de 
inconstitucionalidad de las llamadas «leyes de impunidad» (la ley de punto 
final, 2 la ley de obediencia debida, 3 y los Indultos 4 ) algunas mujeres que 
sufrieron distintas formas de violencia sexual en los campos clandestinos 
de detención han comenzado a narrar una historia que había permanecí- 


1 Este trabajo reedita y amplía el artículo «Memoria, justicia y reparación: violencia sexual y 
violencia de género en el terrorismo de Estado en Argentina», publicado en Discriminación y 
género: las formas de la violencia. Ed. Ministerio Público de la Defensa, Buenos Aires, 2010. 

2 Ley 23.492, de extinción de acciones penales por presunta participación, en cualquier gra¬ 
do, en los delitos del artículo 10 de la Ley 23.049, y por aquellos vinculados a la instaura¬ 
ción de formas violentas de acción política, promulgada el 24 de diciembre de 1986. 

3 Ley 23.521 de determinación de los alcances del deber de obediencia, promulgada el 8 de 
junio de 1987, que establecía niveles de responsabilidad entre quienes dieron las órdenes, 
quienes obedecieron y quienes cometieron excesos. Así, quienes obedecieron órdenes bajo 
coerción de autoridades superiores quedaban eximidos de responsabilidad penal. Con 
todo, tres tipos de delitos quedaron fuera de los alcances de la ley de obediencia debida: la 
violación sexual, la sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil, 
y la apropiación extorsiva de inmuebles. 

4 El 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 el entonces presidente argentino, 
Carlos Saúl Menem, sancionó una serie de decretos que indultaron a civiles y militares 
implicados en violaciones a los derechos humanos, e incluso a los integrantes de las jun¬ 
tas que habían sido condenados en el Juicio a las Juntas militares en 1985 y al procesado 
ministro de Economía Martínez de Hoz. 


105 



do velada hasta hoy. Velada, invisibilizada, obturada. En los años ochen¬ 
ta, en el escenario del Juicio a las Juntas, las denuncias de prácticas 
de violencia sexual hacia las mujeres —o hacia los varones— quedaron 
subsumidas en la figura de los tormentos y en las distintas vejaciones. 
Incluso quedaron relegadas ante el crimen de la desaparición forzada, 
que se consideró el elemento central de la metodología represiva del te¬ 
rrorismo de Estado. Pero desde los años noventa, la incorporación de la 
perspectiva de género en la investigación de violaciones masivas a los de¬ 
rechos humanos en los procesos políticos de la región latinoamericana y 
en distintas partes del mundo, ya sea en situaciones de conflicto armado 
o en procesos represivos internos, permitió comenzar a identificar en los 
distintos relatos, en los testimonios, una práctica reiterada y persistente 
de violencia sexual hacia las mujeres. El debate jurídico a nivel interna¬ 
cional pudo entonces caracterizar la violencia sexual en el contexto de 
prácticas sistemáticas de violencia como una violación específica de los 
derechos humanos y en 1998, el Estatuto de la Corte Penal Internacional 
la tipificó como crimen de lesa humanidad. Por eso, creemos que en los 
juicios actuales en Argentina los testimonios sobre violencias sexuales 
hacen posible comenzar a pensarlas como un crimen específico, como un 
delito autónomo diferenciado de los tormentos. Los abusos y las múlti¬ 
ples formas de sometimiento sexual no fueron casos aislados, no fueron 
hechos eventuales, sino que se trató de prácticas sistemáticas, llevadas a 
cabo por el Estado, dentro del plan clandestino de represión y exterminio. 
Es necesario por ello indagar en la especificidad de las violaciones sexua¬ 
les y otros delitos de violencia de género cometidos durante el terrorismo 
de Estado, visibilizarlos y analizar de qué modo esa consideración puede 
llegar a impactar en nuestra jurisprudencia. 5 

Numerosos testimonios de mujeres detenidas durante la dictadura des¬ 
criben las múltiples formas de violencia sexual a que fueron sometidas: 
desnudez forzada, manoseos de carácter sexual, violaciones individuales 
y grupales, penetración con objetos, etcétera. Tanto en las declaraciones 
ante la CONADEP como en el Juicio a las Juntas Militares en 1985, 6 las 
mujeres relataron distintos modos de violencia sexual y en algunos ca¬ 
sos expresaron haber sido violadas. Sin embargo puede estimarse que la 
cantidad de mujeres violadas fue muy superior a los casos denunciados, 
tanto porque no se preguntó específicamente a las mujeres por las viola¬ 
ciones sexuales (la información existente proviene de las declaraciones es¬ 
pontáneas) como porque la percepción de que el número fue significativo 
se ve reforzada por la gran cantidad de testimonios de detenidos que dicen 
haber presenciado una violación. 


5 En este trabajo expongo algunas de las reflexiones propuestas en el marco del proyecto 
«Violencia sexual y violencia de género en el terrorismo de Estado» desarrollado bajo mi 
dirección y la codirección de Violeta Correa en los Centros de Derechos Humanos de las 
universidades nacionales de Quilmes y de Lanús, 2008-2011. 

6 Véanse los testimonios transcriptos en los ejemplares del Diario de Juicio, Editorial Perfil, 
Buenos Aires, 1986 y el Nunca Más, EUDEBA, Buenos Aires, 1986 y reediciones. 


106 



Para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad argentinas, la 
gramática de los cuerpos tiene una significativa incidencia en su constitu¬ 
ción como sujetos. Las escuelas policiales y militares «modelan» los cuer¬ 
pos de sus agentes en un disciplinado aprendizaje. El soporte corporal 
instituye sus identidades e informa sobre los atributos de sus integrantes. 
Por ende, la «intervención» sobre los cuerpos por parte de los perpetrado¬ 
res también se inscribe en este dispositivo disciplinario: podemos leer en 
los crímenes una lengua y esa lengua nos interpela. 

En el caso de la sexualidad, cuando esa lengua escribe su letra en el 
cuerpo de una mujer —o de un varón— expresa un acto domesticador: 
«la dominación sexual tiene también como rasgo conjugar el control no 
solamente físico sino también moral de la víctima y sus asociados». 7 Si 
en los cuerpos se inscribe la disputa política, en el cuerpo territorio de 
las mujeres —y de los varones— el intercambio sexual juega un papel 
en la reproducción de la economía simbólica del poder marcada por el 
género. 8 

La violación, como uso y abuso del cuerpo de unos por otros, se produ¬ 
jo tanto con las mujeres como con los varones. En el caso de los varones, 
la estructura de género, que es un concepto relacional y posicional, se 
manifestó como lógica de poder. Mientras el cuerpo violado de los varones 
fue destituido de su masculinidad, fue «feminizado», en el cuerpo violado 
de las mujeres la agresión sexual pretendió inscribir la «soberanía» de 
los perpetradores. Para los perpetradores, las violencias de índole sexual 
sobre las víctimas fueron un modo de dominación, un método de discipli- 
namiento, destinado a reforzar su condición de dueños y señores de los 
cuerpos, de la vida y de la muerte. 

Asimismo, en la «entrega» del cuerpo de las mujeres, en los víncu¬ 
los sexuales e incluso amorosos —y no solo en los encuentros sexuales 
forzados, sino en aquellos vínculos afectivos entre secuestradas y sus 
captores «más complejos e insondables» 9 (sabemos que el contexto no es 
neutro y está pautado por la violencia), el intercambio sexual se inscri¬ 
bió en un diferendo: aquello que Franco i se Héritier denomina valencia 
diferencial de los géneros, 10 es decir, el proceso por el cual las diferencias 
biológicas configuraron relaciones jerarquizadas entre varones y muje¬ 
res, relaciones de género en las que los varones ejercen su dominio sobre 
las mujeres. El concepto de género nos informa de una estructura de 
relaciones y posiciones. Por ello, la «ocupación» del cuerpo de la mujer se 
asimila a la ocupación del territorio enemigo. Pero asimismo, la «escri¬ 
tura» de ese cuerpo que la violencia sexual se propone producir, ensaya 
una reescritura de los cuerpos que sustenta resignificaciones morales y 


7 Rita Segato, Territorio, soberanía y crímenes de Segundo estado: la escritura en el cuerpo 
de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Serie Antropología 362, Brasilia, 2004: 12. 

8 ídem. 

9 Ana Longoni, Traiciones, Buenos Aires, Norma, 2007: 137. 

10 Frangoise Héritier, Masculino/Femenino II. Disolver la jerarquía, FCE, Buenos Aires, 
2007. 


107 



apuesta a restituir una jerarquía de lugares respecto de varones y muje¬ 
res, víctimas y perpetradores. 11 

Desde esta perspectiva, me interesa pensar la violación y la traición como 
crímenes atravesados por la estructura de género; crímenes que se come¬ 
tieron con las mujeres —la violación— o con los que se calificó el compor¬ 
tamiento de las mujeres —la traición—; crímenes que al articular sujetos, 
cuerpos, creencias, pueden ser pensados como categorías que se iluminan 
mutuamente. Las narraciones sobre la ley, el castigo, la verdad y la justicia 
que se desplegaron desde los inicios de la democracia, en 1983, se articula¬ 
ron sobre presupuestos en los cuales la problemática de género opera como 
una de sus determinaciones sustanciales, aunque denegada. 12 

Tanto cuando el cuerpo de las mujeres es violado como cuando se 
«entrega», nos encontramos inscriptos en una estructura simbólica que 
percibe al cuerpo de las mujeres como territorio —literal— de los varones. 
Si el cuerpo de las mujeres es de los varones, son por ende los varones 
quienes inscriben allí su soberanía. Al analizar la violación sexual, Rita 
Segato señala que la escena de la violación es una escena triangular, 
conformada por eje vertical, que indica la relación entre el perpetrador y 
la persona violada, el eje agresor-agredida, y un eje horizontal, el eje del 
agresor y sus pares. Por el dominio del cuerpo de la mujer se produce una 
agresión a la moral de los varones con quienes ella está vinculada. Es una 
forma eficaz de escribir la derrota de «los otros» en el cuerpo de las muje¬ 
res. 13 Desde esta perspectiva, la violación y la traición son dos categorías 
que pueden ser pensadas como dos núcleos de significados en los que se 
condensa la relación entre las prácticas de intercambio sexual y la lógica 
de poder entre los géneros. 

Por numerosos testimonios 14 sabemos que las mujeres víctimas de tor¬ 
tura sufrieron algún tipo de violencia sexual y que dicha práctica ejercida 


11 Pueden leerse en este sentido algunos testimonios en los que se relata cómo los marinos 
sacaban a las detenidas a cenar, a bailar, a pasar el día en el Tigre, y las obligaban a ma¬ 
quillarse, a vestirse bien, a mostrarse como mujeres sumisas y «femeninas» (véase Ese 
infierno, conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA, de Miriam Lewin, 
Munú Actis, Elisa Tokar, Liliana Gardella y Cristina Aldini, Ed. Sudamericana, Buenos 
Aires, 2001). 

12 Véase el proyecto «Memoria, Violencia y Género: articulaciones conceptuales y encru¬ 
cijadas teóricas», Universidad Nacional de Quilmes, Directores: María Sonderéguer y 
Alejandro Kaufman, 2007-2011. 

13 Rita Segato «La violencia sexual y el discurso del derecho», en Violencia de género en el 
terrorismo de Estado: políticas de memoria, justicia y reparación (comps. María Sonderé¬ 
guer y Violeta Correa). Cuaderno de Trabajo, CEDHEM-Centros de DDHH, Universidad 
Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Lanús, 2010. 

14 Pilar Calveiro señala: «En muchos campos, en particular en los que dependían de Fuerza 
Aérea o de la Policía, los interrogadores se valieron de todo tipo de abuso sexual. Desde 
violaciones múltiples a hombres y mujeres, a veces hasta veinte veces consecutivas, así 
como vejámenes de todo tipo combinados con los métodos ya mencionados de tortura, 
como la introducción en el ano y la vagina de objetos metálicos y la posterior aplicación 
de descargas eléctricas a través de los mismos. En estos lugares también era frecuente 
que a las compañeras les dieran «a elegir» entre la violación y la picana, en Poder y Des¬ 
aparición, Buenos Aires, Colihue, 1998: 65. 


108 



contra las mujeres constituyó un método específico de tortura pautado por 
la condición de género de la víctima. Pero esa práctica específica no fue 
visibilizada en la Indagación de los crímenes del terrorismo de Estado, en 
las narraciones de las víctimas, en las políticas reparatorias posteriores, o 
en las múltiples memorias de la represión. Solo muy recientemente, en los 
últimos tres años en Argentina, se ha comenzado a establecer una perspec¬ 
tiva diferenciada respecto de los delitos sexuales que se cometieron en los 
distintos centros clandestinos de detención durante la dictadura. 

Conocemos también relatos —algunos de ellos recurrentes— sobre re¬ 
laciones amorosas entre algunas detenidas desaparecidas con sus capto¬ 
res; en esos relatos, la «entrega» sexual de esas mujeres es equiparada a la 
delación y a la colaboración con los perpetradores; las «traiciones» cometi¬ 
das nos informan de la estructura jerárquica de las relaciones de género. 
La narrativización de las memorias de la represión requiere entonces una 
articulación conceptual con el problema de las representaciones de género 
y de la violencia en la actualidad. 

En la legislación internacional, las violaciones sexuales sistemáticas son 
consideradas violaciones a los derechos humanos. El Estatuto de la Corte 
Penal Internacional (Estatuto de Roma), aprobado en 1998, estipula que es 
un crimen de lesa humanidad la «Violación, esclavitud sexual, prostitución 
forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales 
de gravedad comparable» (artículo 7, 1-g), cuando se comete como parte de 
un ataque sistemático o generalizado contra una población civil. 

La inclusión de la violencia sexual como una grave violación a los de¬ 
rechos humanos se consolida a partir de los años noventa, cuando la 
Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en 
Viena la reconoce como tal en su plataforma de acción, promulgada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Poco después, la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, 
consolidó los alcances de la Conferencia de Viena, al establecer que «los 
derechos de las mujeres son derechos humanos». 

Del mismo modo, la Convención Interamericana para prevenir, sancio¬ 
nar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), 
de 1994, entiende como violencia contra la mujer la violencia física, sexual 
y psicológica, que comprenda —entre otras violencias— la violación, el 
maltrato y el abuso sexual, tanto en el ámbito doméstico, interpersonal 
y familiar; en el ámbito de la comunidad; o perpetrado y tolerado por el 
Estado o sus agentes. 

Sin embargo, en todos los años transcurridos desde el final de la dic¬ 
tadura, y regulada por una estructura de poder entre los géneros que se 
sustenta en el uso y abuso del cuerpo de unos por otros, 15 la violación 
de las mujeres durante el terrorismo de Estado en Argentina no pudo 


15 Rita Segato, Las estructuras elementales de la violencia, Prometeo 3010-Editorial UNQ, 
Bernal, 2003: 23. 


109 



ser visibilizada como un hecho político: hubo violaciones, se supo, pero 
no fueron significadas como una forma específica de tortura, quedaron 
subsumidas en la figura de los tormentos y las distintas vejaciones y no 
constituyeron un dato a visibilizar específicamente en los testimonios. 

Sin embargo, ya en abril de 2007, el Fiscal Federico Delgado, titular 
de la Fiscalía Criminal y Correccional número 6, que tramita la causa 
14.121/03 «Suárez Masón, Guillermo y otros s/privación de la libertad 
agravada» dictaminó que los delitos sexuales cometidos en el marco del 
terrorismo de Estado deben ser caracterizados como crímenes de lesa hu¬ 
manidad porque formaron parte del plan sistemático represivo. También, 
en la ciudad de Buenos Aires, se presentó en julio de 2007, con la repre¬ 
sentación legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la primera 
querella en la que se denunciaron las violaciones sexuales que fueron co¬ 
metidas en el marco de la llamada «causa ESMA» (el centro clandestino de 
detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada). En junio 
de 2009, el juez federal Sergio Torres, a cargo de la etapa de instrucción de 
la causa ESMA, decidió procesar al jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 
3.3/2, Jorge «el tigre» Acosta, por el delito de «violación», al que consideró 
un delito autónomo, y como prueba para la atribución de responsabilidad 
consideró válido centrarse en el testimonio dado por la víctima. 16 

El 9 de febrero del año 2010. dos organizaciones feministas, el Comité 
de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 
(CLADEM) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR), pre¬ 
sentaron un amicus curiae en la causa número 4012, caratulada «Riveros, 
Santiago Ornar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, ho¬ 
micidio, etcétera», ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 
N. Q 2 de San Martín, a cargo del juez Juan Yalj, luego de que este magis¬ 
trado y la Cámara de Apelaciones de San Martín, dictaron la falta de méri¬ 
to para Riveros respecto del delito de violaciones sexuales, por considerar 
que habían sido «eventuales y no sistemáticas» y por ende no constituían 
crímenes de lesa humanidad. 17 

Pero el 12 de abril del año 2010, los jueces José María Escobar Cello, 
María Ivon Vella y Daniel Edgardo Laborde, del Tribunal Oral Federal de 
Santa Fe, en la causa contra Horacio Américo Barcos, ex agente civil de 
inteligencia del Ejército, dictaron el primer fallo que establece que los 
abusos sexuales y la violación sexual hacia una víctima del terrorismo 
de Estado, cometido en el marco de la represión ilegal llevada adelante 
durante la dictadura en los centros clandestinos de detención, constituye 
una forma particular de tormento que corresponde encuadrar como delito 
de lesa humanidad y por ende, imprescriptible. 


16 Lorena Balardini, Ana Oberlin, Laura Sobredo, Violencia de género y abusos sexuales en 
centros clandestinos de detención. Un aporte a la comprensión de la experiencia argenti¬ 
na, mimeo, Buenos Aires, 2010. 

17 Grietas en el silencio, introducción y edición a cargo de Marta Vasallo, CLADEM-INSGE- 
NAR, Rosario, 2011. 


110 



Poco después, el 12 de junio de 2010, un fallo distinguió por primera 
vez al delito de violación sexual del de tormentos, y dictaminó que para 
probarlo bastaba con los testimonios de las víctimas: el Tribunal Oral Fe¬ 
deral 1 de Mar del Plata condenó a prisión perpetua al suboficial Gregorio 
Rafael Molina, ex jefe del centro clandestino La Cueva, que funcionó en el 
viejo radar de la Base Aérea de Mar del Plata, por violaciones reiteradas, 
agravadas por la calidad del autor de encargado de la guarda de la vícti¬ 
ma, entre otros delitos de lesa humanidad. 

En enero de 2011, dos policías retirados que integraban el Centro 
Clandestino de Detención de la ciudad de Mendoza, conocido como el D2, 
fueron detenidos y encarcelados luego de ser denunciados en diciembre 
de 2010, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad que se 
desarrolla en el Tribunal Oral 1, por una testigo que los señaló como quie¬ 
nes la violaron reiteradamente durante los nueve meses en que estuvo de¬ 
tenida en esa cárcel clandestina. Al mes siguiente, en febrero de 2011, el 
fiscal ad hoc, Diego Vigay, del Juzgado Federal de Primera Instancia de la 
Ciudad de Resistencia, al analizar el caso en donde se investiga la desapa¬ 
rición de Sara Fulvia Ayala de Morel en el marco de la causa «Caballero, 
Lucio Humberto y otros», Expediente N. Q 243/84, emitió un dictamen en 
el que califica a las violaciones sexuales a detenidos y detenidas políticas 
durante la última dictadura como crímenes de lesa humanidad. 18 

Luego, en una resolución inédita, el 19 de mayo, el juez federal N. Q 1 de 
Tucumán, Daniel Bejas, a cargo de la instrucción de la causa «Fernández 
Juárez, María Lilia y Herrera, Gustavo Enrique s/ su denuncia por priva¬ 
ción ilegítima de la libertad» (Expediente número 133/05 y causas conexas), 
en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas 
en el penal de Villa Urquiza, de San Miguel de Tucumán, donde funcionó 
un centro clandestino de detención, procesó por primera vez a dos altos 
jerarcas militares, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, 
como «partícipes necesarios» 19 por la violencia de género perpetrada contra 


18 Poco después, el 29 de agosto, el conjuez federal, Juan Antonio Piñero, ordenó el pro¬ 
cesamiento con prisión preventiva del ex policía Albino Luis Borda, por el abuso sexual 
agravado contra la detenida desaparecida Sara Fulvia Ayala de Morel. 

19 Para determinar la autoría y la participación criminal en los delitos sexuales en el terroris¬ 
mo de Estado en Argentina, algunos juristas se fundan en la tesis de «autoría mediata por 
aparato organizado de poder», basada en la doctrina utilizada de Claus Roxin para expli¬ 
car los crímenes del nazismo. En esta definición de autoría, la noción de «autor mediato» 
(es decir, quien ejecuta el hecho a través de otros que son utilizados como instrumentos) 
es reconceptualizada por los siguientes elementos: la existencia del autor de escritorio o el 
«hombre de atrás»; la intercambiabilidad de los autores directos; la existencia de un apa¬ 
rato organizado de poder. Por ende, quienes ocupaban los eslabones altos y medios, los 
«hombres de atrás» son responsables concomitantes de los autores directos de los delitos. 
Además, aun si no pudieran considerarse como autores mediatos, al tratarse de delitos de 
lesa humanidad, puede aplicárseles la figura de «partícipes necesarios» a quienes ocupa¬ 
ban las posiciones de mando en el ámbito geográfico en que se cometieron las agresiones 
sexuales o bien eran responsables de los grupos operativos integrados por quienes fueron 
ejecutores inmediatos de esos hechos (véase Lorena Balardini, Ana Oberlin, Laura Sobre¬ 
do, Violencia de género y abusos sexuales en centros clandestinos de detención. Un aporte 
a la comprensión de la experiencia argentina, mimeo, Buenos Aires, 2010. 


111 



todas las mujeres detenidas en el penal de Villa Urquiza, en Tucumán, y 
por el delito de violación sexual agravada en grado reiterado (artículos 119 
y 122 del Código Penal) en perjuicio de una adolescente que tenía 19 años 
cuando fue llevada al penal tucumano. Y en octubre, la Unidad Fiscal de 
Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos 
Humanos 20 presentó el documento «Consideraciones sobre el juzgamiento 
de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado» que 
establece que los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de 
Estado deben ser considerados crímenes contra la humanidad. 

Con todo, perdura hoy un debate en los distintos tribunales y entre los 
juristas respecto de si corresponde considerar los delitos sexuales como 
crímenes específicos o si deben ser subsumidos en la categoría general de 
torturas o tormentos. Sin embargo, tal como señaló el juez federal Sergio 
Torres en una entrevista reciente, aunque las denunciantes no hayan de¬ 
clarado expresamente la intención de instar la acción penal contra el autor 
del hecho para impulsar la investigación, si en las declaraciones testimo¬ 
niales los abusos y violaciones sexuales fueron narradas es porque «las víc¬ 
timas tienen el deseo de que se conozcan, de que trasciendan, en definitiva, 
de que se investiguen». 21 Por ello, y sobre la base del alegato 22 presentado 
el 2 de junio por el Centro de Estudios Legales y Sociales —que encabeza 
la querella en el juicio oral sobre los crímenes en la ESMA — el juez Torres 
ordenó, en setiembre de este año, la apertura de una causa específica para 
investigar las violaciones y otros delitos de violencia de género cometidos en 
ese centro clandestino de detención durante la última dictadura. 

Recordemos que en el Código Penal argentino, la violación sexual es¬ 
taba tipificada como «delito contra la honestidad» y recién en el año 1999, 
la definición fue sustituida por la designación de «delito contra la integri¬ 
dad sexual». La figura legal pone de manifiesto un orden previo al orden 
contractual contemporáneo: «el residuo de la sociedad de estatus, premo¬ 
derna, que antecede a la sociedad moderna y contractual constituida por 
sujetos sin marca (de género o raza) que entran en el derecho en un pie 
de igualdad». 23 Incluso hoy, el ejercicio de las acciones penales en el caso 
de una violación, son «acciones dependientes de instancia privada», es 
decir, dependen de la «acusación o denuncia del agraviado o de su tutor», 


20 Informe elaborado por el coordinador de la Unidad, Pablo Parenti, y el fiscal general 
Jorge Auat, y presentado el 7 de octubre de 2011 

21 Entrevista de Alejandra Dandan y Victoria Ginsberg «Violencia de género que no prescri¬ 
be», Página 12, sábado 3 de setiembre de 2011. 

22 El CELS reclamó que se separen las declaraciones de violencia de género para impulsar 
una investigación como delito autónomo. La abogada Carolina Varsky señaló la sistema- 
ticidad de las agresiones sexuales y destacó que los delitos contra la integridad sexual 
configuraron una más de las prácticas aberrantes a las que fueron sometidos la gran 
mayoría de los detenidos y detenidas: la esclavitud sexual; es decir, las relaciones sexua¬ 
les estables obligadas con los oficiales de la UT 3.3.2; los abusos sexuales, el proceso 
de «resocialización» y «refeminización» de las víctimas, etcétera. (Alejandra Dandan, «La 
maternidad clandestina», Página 12, 3 de junio de 2011). 

23 Rita Segato, Las estructuras..., o. cit, p. 27. 


112 



las acciones «que nacieren de los delitos de violación, estupro o atentado 
al pudor». 24 

Desde esa misma lógica, la entrega del cuerpo a los perpetradores fue 
visibilizada como traición y se significó como un hecho político. El deli¬ 
to de la traición se instaló en la circulación del cuerpo de las mujeres, 
de acuerdo con la regla social de la exogamia —residuo de una historia 
de larga duración— que establece que el objeto de intercambio no es un 
sujeto con los mismos derechos que el sujeto que lo posee, y no puede 
disponer de sí mismo según su voluntad. 25 

Me interesa detenerme en la noción de marcos sociales de memoria 26 
para reflexionar sobre esos recuerdos oscurecidos y obturados —las viola¬ 
ciones sexuales sistemáticas— o iluminados por la sospecha y estigmati¬ 
zados —las traiciones de las mujeres—. 

La memoria es memoria de las memorias, y al mismo tiempo se cons¬ 
truye con fronteras, con coordenadas que encuadran lo ocurrido, lo fi¬ 
jan, le dan estabilidad y consistencia. Pero la fijación no es definitiva. 
En esa selección de recuerdos y olvidos que se expresa en los recuerdos 
individuales, continuidad e identidad de la experiencia (continuidad con 
una serie de acontecimientos similares, identidad para predicarse a sí 
mismo como sujeto activo o pasivo de lo acontecido) trazan una inter¬ 
sección necesaria. El relato del pasado encuentra en el presente sus 
principios de intelección. 

Ha sido necesaria una transformación de los marcos sociales de me¬ 
moria para que se empezaran a crear las condiciones para «nuevos» re¬ 
cuerdos, puesto que el testimonio da fe de la memoria como experiencia 
estructurante de la subjetividad. Desde 1983 a 1996, la llamada tran¬ 
sición a la democracia se construyó sobre la base de la revalorización 
de la idea de un sujeto de derechos que operaba como fundamento de 
legitimidad del nuevo orden que se iniciaba. En este sentido, el Juicio a 
las Juntas, en 1985, se mostró como un escenario en el que las víctimas 
del terrorismo de Estado devinieron testigos y su palabra, sometida a la 
transformación reglada de la escucha legal, redefinió el relato de la trage¬ 
dia vivida en testimonio ordenado según las normas de producción de la 
prueba jurídica. El derecho restituyó a las víctimas su condición de suje¬ 
tos a costa de su abstracción como sujetos concretos, situados histórica y 
existencialmente. 27 El paradigma republicano sostenido en una noción de 
ciudadanía universal abstracta estableció el terreno respecto del cual se 
establecía una política de la memoria ligada a la construcción del Estado 
de derecho como horizonte contractual. Este sujeto de derechos neutro no 
permitía la inscripción de las diversas subjetividades. 


24 Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.179, y sus modificaciones. 

25 Frangoise Héritier, o. cit., p. 21. 

26 Maurice Halbwachs, Memoria individual y memoria colectiva, Estudios N. Q 16, CEA de la 
Universidad Nacional de Córdoba, otoño 2005. 

27 María Sonderéguer, «De eso sí se habla....», revista Puentes, N. Q 3, de marzo de 2001. 


113 



Como sabemos, las denominadas leyes de punto final y obediencia debida 
(y más tarde los indultos), significaron una ruptura del pacto de credibilidad 
respecto de los alcances del nuevo orden republicano y, desde mediados de 
los noventa, diversos episodios (las declaraciones de Adolfo Scilingo, un mili¬ 
tar «arrepentido»; el nacimiento de la organización HIJOS; 28 la llamada autocrí¬ 
tica del general Balza; la proliferación de nuevos testimonios sobre las luchas 
políticas de los años setenta; la multitudinaria movilización de repudio al 20 
aniversario del golpe militar en Plaza de Mayo en 1996, entre otros) parecieron 
indicar una nueva flexión con respecto a la memoria del pasado más reciente 
y dieron lugar a la emergencia de narraciones que aglutinaban diversos colec¬ 
tivos: nosotras presas políticas, «cazadores de utopías», «pájaros sin luz». 

Luego de la crisis política e institucional de los últimos días de diciembre 
de 2001, en el año 2003 el nuevo gobierno encaró una serie de decisiones de 
política estatal que comprende distintas medidas de justicia retroactiva y la 
instauración de conmemoraciones y sitios de memoria: la recuperación del 
predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó un centro 
clandestino de detención para la realización de un Espacio para la Memoria 
y promoción de los derechos humanos; la instauración del 24 de marzo como 
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la anulación de las 
llamadas «leyes de impunidad», 29 con la consecuente sustanciación de nuevos 
juicios a los responsables de crímenes durante la dictadura y, por ese camino, 
propusieron un nuevo «pacto» fundador de la sociedad argentina. Este nuevo 
contrato propone como un piso mínimo convivencial el paradigma de igualdad 
universal de los derechos humanos y confluye con las teorizaciones sobre la 
estructura de género, las luchas por la igualdad de los movimientos feminis¬ 
tas, y el impacto de los nuevos desarrollos del derecho internacional. 

Las determinaciones sustantivas que la estructura jerárquica entre los 
géneros establece entre varones y mujeres nos impone también una re¬ 
flexión en relación a los crímenes de violación sexual y de traición (sexual). 
En la violencia sexual y la traición, en la agresión y en el tributo sexual 
del cuerpo de las mujeres, se cristaliza una arcaica violación y privación 
de derechos. Ambos crímenes, violación y traición, nos hablan del des¬ 
poseimiento de las mujeres, del enfrentamiento de los varones con otros 
varones, de las acciones de reforzamiento del estatus masculino. 30 Ambos 
crímenes trazan también una escritura, una letra violenta en las que el 
cuerpo es soporte de una «resocialización», de una nueva normalización 
de las subjetividades de las víctimas. Todo crimen es un texto 31 y ese texto 
articula voces y enunciados, creencias y hegemonías, cuerpos y sujetos. 
En la trama que tejen se revelan los vínculos que la ley, la justicia, la ver¬ 
dad y el Estado establecen con ellos. 32 


28 Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, conformada por 
hijos e hijas de personas desaparecidas. 

29 Las leyes de punto final y obediencia debida (y más tarde los indultos). 

30 Véase, Frangoise Héritier, o. cit., p. 77. 

31 Rita Segato, Territorio, soberanía y crímenes..., o. cit. 

32 Josefina Ludmer, El cuerpo del delito. Un manual, Perfil Libros, Buenos Aires, 1999. 


114 



Por ello, los y las testigos hablan entonces en la doble condición de la 
palabra testigo: quien es tercero ante un litigio y quien da fe de un hecho. 
Por ello, la incorporación de la perspectiva de género a la indagación sobre 
los crímenes del terrorismo de Estado incide en el presente: por un lado, 
en la conceptualización legal de las conductas, por otro, en las políticas de 
justicia, memoria y reparación: pero también en las múltiples situaciones 
de detención y encierro en las cuales la lógica de dominación a través de los 
intercambios sexuales se produce en la actualidad. Por ello, los diversos mo¬ 
dos que asume el testimonio, la exigencia misma de «dar testimonio» —al in¬ 
terrogar los relatos testimoniales existentes, al producir o encontrar nuevos 
relatos— tienen una función que es tanto instrumental como simbólica. 

Dar cuenta del impacto diferenciado de la violencia represiva sobre 
varones y mujeres, esclarecer y tipificar las violencias de género, resulta 
«instrumental» y su valor se dirime en los juicios. Desarmar los silencios, 
sus referencias oblicuas, su conflictiva visibilidad, tiene efecto «simbó¬ 
lico». En los testimonios de las víctimas de violencia sexual durante la 
dictadura se dirimen valores, creencias, expectativas que informan de las 
pugnas y tensiones en la actual economía de poder entre los géneros. 

Por ende, hacia el futuro se abren varios interrogantes a resolver: 

—debemos preguntarnos por qué se privatiza la violencia sexual, por qué 
se piensa que la violencia que sufren las mujeres en procesos políticos no es 
de incumbencia pública, por qué no entra en el debate público lo que fue la 
tortura de las mujeres. Es decir, ¿cómo entra la mujer en el derecho? 

—también es necesario utilizar un modelo de registro, diseñar un pro¬ 
tocolo de indagación que permita a las mujeres identificar lo que vivieron 
como tortura, la violencia sexual, la violación sexual que vivieron como 
una forma específica de tortura, ya que nos encontramos con un ima¬ 
ginario masculino respecto de la tortura y con una naturalización de la 
violencia contra las mujeres. 

—finalmente, tenemos que repensar la reparación. Las categorías de la 
reparación son insuficientes para lo que vivieron y viven las mujeres. La 
noción de restitución, de rehabilitación, de compensación, incluso las no¬ 
ciones de satisfacción y de garantía de no repetición son insuficientes. No 
se puede apuntar a tratar de volver a la situación anterior, a la excepcio- 
nalidad. Porque la violencia sexual en la dictadura no nos informa de una 
situación de excepcionalidad. La violencia de género es un continuo en el 
caso de las mujeres. Esa excepcionalidad es un continuo en el caso de las 
mujeres. Hay que pensar en otro tipo de políticas de reparación, construir 
un nuevo piso político-cultural de igualdad entre varones y mujeres. Es 
necesario mirar de manera diferencial no solo la violencia o las violaciones 
que vivieron las mujeres sino también el impacto diferencial que tienen las 
políticas de reparación sobre varones y mujeres. 


115 




Terrorismo de Estado, violencia de género e 

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD 


Flor de María Meza Tananta 
Juan Faroppa Fontana 


Conceptualización de la violencia basada en el género 
—VBG— como delito de lesa humanidad 

Las mujeres han sido históricamente víctimas de la violencia sexual, 
ya sea en tiempos de normalidad como en tiempos de guerra. Este tipo de 
violencia también fue ignorado históricamente tanto por los estados como 
por la comunidad internacional. Recién a partir de los convenios de Gine¬ 
bra en 1949 y sus protocolos adicionales en 1977 se recoge expresamente 
la violencia sexual como «ofensas contra el pudor y nunca como crímenes 
graves, a la altura de la tortura, la persecución o la esclavitud». 1 

En 1979 el derecho internacional de los derechos humanos reconoce y 
positiviza los derechos humanos de las mujeres mediante la Convención 
para Eliminar Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer — CE- 
DAW por sus siglas en inglés—, la misma que luego, en el año 2000, será 
complementada por su Protocolo Facultativo opcional, situándola en el 
rango de otras convenciones del sistema internacional. 

En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en 
Viena, produce un cambio trascendental en la teoría de los derechos hu¬ 
manos al reconocer los derechos de las mujeres como derechos humanos 
y declarar que la violencia contra las mujeres supone una violación a esos 
derechos. Asimismo, proclamó que «Los derechos humanos de la mujer y 
de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos 
humanos universales» (Declaración de Viena, I, 18). 

En diciembre de ese mismo año la Asamblea General de Naciones Uni¬ 
das aprobó una Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer — DEVAW por sus siglas en inglés—, donde, en su artículo primero 
establece que violencia contra las mujeres refiere a: 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psico- 


1 La Morada, La Corte Penal Internacional: «Avances en la materia de justicia de género». 
Santiago de Chile, 2003: 10. 


117 



lógico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 
la privación arbitrarla de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada. 

Y condena, de forma rotunda, cualquier agresión, sea física, sexual 
o psicológica inferida a la población femenina, ya sea en el ámbito de la 
familia, en el de la comunidad e incluso la perpetrada o tolerada por el 
Estado. 

En nuestra región, en junio de 1994 se adopta por aclamación la Con¬ 
vención Inter americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen¬ 
cia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). En su Preámbulo, 
esta convención afirma que: «la violencia contra la mujer constituye una 
violación de los derechos humanos». Asimismo, manifiesta preocupación 
«porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana 
y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres». Concluye afirmando que la eliminación de la 
violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo 
individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esfe¬ 
ras de la vida. 

Asimismo incorpora en su artículo primero la definición de violencia 
contra la mujer, coincidiendo con la de la DEVAW. Uruguay la incorporó 
a su ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 16.735 del 2 de abril 
de 1996. 

En setiembre de 1995. la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, cele¬ 
brada en Beijing, declara que la violencia contra la mujeres 

es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer 
por el hombre, a la discriminación contra la mujer y a la Interposición de 
obstáculos contra su pleno desarrollo [...] (Artículo 118). 

Asimismo, reconoce que la eliminación de la violencia contra la mujer 
es esencial para la igualdad, el desarrollo y la paz. 

Así, la comunidad internacional reconoce expresamente que la violen¬ 
cia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos. 
Este desarrollo normativo da cuenta de los avances formales de la igual¬ 
dad y no discriminación en sus acepciones de principio, derecho y norma 
imperativa de ius cogens. 

Tanto en la DEVAW como en la Convención de Belém do Pará se define 
la violencia sexual como una de las manifestaciones de la violencia contra 
la mujer. La DEVAW en su artículo dos dice que 

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, 
aunque sin limitarse a ellos [...] b) La violencia física, sexual y sicológica 
perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el 
abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en institu¬ 
ciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitu¬ 
ción forzada: c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada 
por el Estado, dondequiera que ocurra. 


118 



Asimismo, la Convención de Belém do Paré, en su artículo dos afirma 
que 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 
y psicológica: [...] b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, [...] o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el 
Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

El Estado uruguayo ratificó la CEDAW mediante Decreto Ley 15.164 
de 1981 del gobierno de facto, y mediante su ratificación se obligó a su 
cumplimiento. La CEDAW define en su artículo primero la discriminación 
contra la mujer, y en 1992 su comité, mediante la Recomendación Gene¬ 
ral 19, párrafo seis, afirma que: 

Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia 
dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma despro¬ 
porcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, 
mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas 
de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir 
disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente 
de la violencia. 

Asimismo, hace un listado de los derechos humanos de las mujeres 
que se afectan cuando son víctimas de violencia: párrafo siete. 

La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus dere¬ 
chos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho in¬ 
ternacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye 
discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos 
y libertades comprenden: 

a. El derecho a la vida: 

b. El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhuma¬ 
nos o degradantes-, 2 

c. El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas 
humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; 

d. El derecho a la libertad y a la seguridad personal; 

e. El derecho a igualdad ante la ley; 

f. El derecho a igualdad en la familia; 

g. El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; 

h. El derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 

El Comité no deja lugar a dudas cuando señala en el párrafo 8 que 

La Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públi¬ 
cas. 3 Esos actos de violencia también pueden constituir una violación de las 
obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional sobre derechos 
humanos u otros convenios, además de violar la Convención. 


2 El destaque es nuestro. 

3 ídem. 


119 



La Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma 
y la violencia sexual como crimen de lesa humanidad 

Acorde con la progreslvidad de los derechos humanos, el Estatuto de 
Roma señala en su artículo siete los actos que constituyen crímenes de 
lesa humanidad. Estos actos deben ser sistemáticos o generalizados y 
pueden ser cometidos en tiempos de conflicto armado o de paz. Este Esta¬ 
tuto, que entró en vigencia el 1 de julio de 2002, contempla los siguientes 
actos constitutivos de violencia sexual y de género: 

g. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 
esterilización forzada u otros abusos de gravedad comparable. 

h. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada 
en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, 
de género, definido en el párrafo 3, u otros motivos umversalmente 
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en 
conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con 
cualquier crimen de competencia de la Corte. 

En el Estatuto, los crímenes de violencia sexual se definen de la si¬ 
guiente manera: 

Violación: Artículo 7,1, (g) del Estatuto de Roma, y Artículo 7, 1, (g-1) del 
documento anexo sobre Elementos de los Crímenes: 

Que el autor haya Invadido al cuerpo de una persona mediante una conducta 
que haya ocasionado la penetración, por insignificante que Juera, de cual¬ 
quier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o, del 
orjficio anal o vaginal de la víctima, con un objeto u otra parte del cuerpo. 

Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de 
la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la 
intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso del poder, contra 
esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realiza¬ 
do contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento [...] 

Violencia Sexual: Artículo 7,1. (g) del Estatuto de Roma y el Artículo 7, 1 
(g-6) del anexo sobre Elementos de los Crímenes: 

Que el autor haya realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más 
personas o haya hecho que esa o esas personas realizaran un acto de na¬ 
turaleza sexual por la fuerza o mediante coacción, como la causada por el 
temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica a el 
abuso de poder, contra esa o esas personas u otra persona aprovechando un 
entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre 
consentimiento. 

Que esa conducta haya tenido una gravedad comparable a la de los demás 
crímenes del artículo 7 1) g) del Estatuto. 

Como veremos más adelante, si un delito es calificado como crimen 
de lesa humanidad es imprescriptible, es decir que puede ser perseguido 
en cualquier momento permitiendo el juzgamiento de los perpetradores 
directos y de sus superiores. 


120 



Jurisprudencia internacional y violencia sexual 

El reconocimiento de que los diferentes actos de violencia sexual cons¬ 
tituyen infracciones graves o delitos de lesa humanidad ya fue establecido 
mediante diversos fallos relativos a violencia sexual del Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda. 4 En el dictamen del caso Celibici por parte del Tribunal Pe¬ 
nal Internacional para la ex Yugoslavia, del 16 de noviembre de 1998, el 
auto de procesamiento imputa a los acusados diversas formas de maltrato 
en contra de personas detenidas en el campo de prisioneros de Celibici. 
Estos maltratos se definen e imputan como constitutivos de los delitos de 
tortura (infracción grave de las Convenciones de Ginebra, artículo 2, b. 
del Estatuto y artículo 3. 1, de violación como forma de tortura). En los 
párrafos 440 y siguientes, el Tribunal señala: 

[...] La Sala de primera instancia considera la violación de cualquier per¬ 
sona como un acto repudiable que atenta contra la esencia misma de la 
integridad física y la dignidad humana. La condena y la sanción de los 
actos de violación son tanto más urgentes cuando los comete o instiga un 
agente del estado o terceros con su beneplácito o consentimiento. La viola¬ 
ción causa enormes daños y sufrimientos, tanto físicos como psicológicos. 

El daño psicológico que sufre una persona violada puede además verse 
exacerbado por factores sociales y culturales y puede llegar a ser especial¬ 
mente agudo y perdurable. Cuesta imaginar que una violación cometida 
o instigada por un agente del Estado o por tercero con su beneplácito o 
consentimiento, no constituya, de alguna forma, un acto de castigo, coac¬ 
ción, discriminación o intimidación. Ajuicio de la Sala, ello es inherente a 
situaciones de conflicto armado [...]. En consecuencia, la violación y otras 
formas de violencia sexual que cumplan con los criterios anteriormente 
señalados constituirán el delito de tortura, al igual que otros actos que 
cumplan con los mismos criterios. 5 

El dictamen del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 
el caso Furundzija, del 12 de diciembre de 1998, respecto a la violación en 
un interrogatorio, señaló que 

La jurisprudencia del derecho internacional y los informes de la relatora es¬ 
pecial de las Naciones Unidas, demuestran que existe una fuerte tendencia 
hacia sancionar por medios legales el uso de la violación durante el trans¬ 
curso de las detenciones e interrogatorios, por constituir este un método de 
tortura, y por consiguiente, un atentado contra el derecho internacional. La 
violación puede ser cometida por el interrogador mismo o por terceros que 
participen en el interrogatorio como medio para castigar, intimidar, coaccio¬ 
nar o humillar a la víctima, o para extraer información o una confesión de 
parte de la víctima o un tercero (párrafo 163). 6 


4 La Morada, La Corte Penal Internacional: «Avances en la materia de justicia de género. 
Caucus de Mujeres por una Justicia de Género». Santiago de Chile, 2003. 

5 ídem, p. 48. 

6 ídem. p. 49. 


121 



En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda, en su dictamen sobre el caso Akayesu, del 2 de setiembre de 
1998 cuando afirma que 

Al igual que la tortura, la violación se utiliza para intimidar, degradar, hu¬ 
millar, discriminar, castigar, controlar o destruir a una persona. Al igual 
que la tortura, la violación es un atentado contra la dignidad de la persona, 
y de hecho se constituye en tortura cuando la comete o instiga un agente 
del Estado o terceros con su beneplácito o consentimiento. La Sala define 
a la violación como una invasión de carácter sexual cometida contra una 
persona bajo circunstancias coercitivas (párrafo 597). 7 

En cuanto a la posición de los organismos regionales de protección 
de los derechos humanos sobre violencia sexual, puede citarse el caso 
«Fernando y Raquel Mejía vs. Perú» (Informe Anual de la Comisión In- 
teramericana de Derechos Humanos. Informe N. s 56/96, 1 de marzo de 
1996). En la especie, la Comisión decide presumir como verdaderos los 
hechos relativos a la violación de Raquel Mejía por efectivos pertenecien¬ 
tes al ejército peruano. Establece que la violación sexual sufrida por la 
peticionaria durante el conflicto armado interno peruano constituía una 
modalidad de tortura. Para ello se basa en la Convención Americana y 
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Así, 
afirma que 

La violación produce un sufrimiento físico y mental en la víctima. Además 
de la violencia sufrida al momento que se perpetra, las víctimas habitual¬ 
mente resultan lesionadas o, en algunos casos, aun quedan embarazadas. 

El hecho de ser objeto de un abuso de esta naturaleza les ocasiona asimis¬ 
mo un trauma psicológico que resulta, por un lado, del hecho de ser humi¬ 
lladas y victimizadas y por el otro, de sufrir la condena de los miembros de 
su comunidad, si denuncian los vejámenes de las que fueron objeto [...].Las 
víctimas de abusos sexuales no denuncian estos hechos porque [se] sienten 
humilladas. Además nadie quiere reconocer públicamente que ha sido vio¬ 
lada [...]. La Comisión considera que el abuso sexual, además de constituir 
una violación a la integridad física y mental de la víctima, implica un ultraje 
deliberado a su dignidad. En este sentido, se transforma en una cuestión 
que queda incluida en el concepto de «vida privada». La Corte Europea de 
Derechos Humanos ha señalado que el concepto de vida privada alcanza a 
la integridad física y moral de una persona, y en consecuencia incluye su 
vida sexual [...]. De este modo, para la Comisión, las violaciones de las que 
fue objeto Raquel Mejía en tanto afectaron su integridad física y moral, in¬ 
cluida su dignidad personal, configuraron una transgresión de su derecho a 
la intimidad cuya responsabilidad resulta atribuible al Estado peruano. 

En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Caso del «Penal Miguel Castro Castro» vs. Perú, Sentencia de 
25 de noviembre de 2006, Fondo, Reparaciones y Costas) la Corte avanza 
en establecer que 


7 ídem, p. 48. 


122 



todos los Internos que fueron sometidos durante ese prolongado período a la 
referida desnudez forzada fueron víctimas de un trato violatorio de su digni¬ 
dad personal (párrafo 305). Y que ese trato violatorio de la dignidad fue más 
grave en el caso de las seis mujeres, pues «durante todo el tiempo que perma¬ 
necieron en este lugar a las internas no se les permitió asearse y, en algunos 
casos, para utilizar los servicios sanitarios debían hacerlo acompañadas de 
un guardia armado quien no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con 
el arma mientras hacían sus necesidades fisiológicas» (párrafo 306). 

La Corte afirma que esas mujeres: 

también fueron víctimas de violencia sexual, ya que estuvieron desnudas y 
cubiertas con tan solo una sábana, estando rodeadas de hombres armados, 
quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Es¬ 
tado. Lo que califica este tratamiento de violencia sexual es que las muje¬ 
res fueron constantemente observadas por hombres. La Corte, siguiendo la 
línea de la jurisprudencia Internacional y tomando en cuenta lo dispuesto 
en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, considera que la violencia sexual se configura con acciones de 
naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, 
que además de comprender la Invasión física del cuerpo humano, pueden 
Incluir actos que no Involucren penetración o Incluso contacto físico alguno 
(párrafo 306). 

Asimismo, la Corte es muy firme al señalar que 

Dichos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad 
de esas mujeres. El Estado es responsable por la violación del derecho a la In¬ 
tegridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana, 
en perjuicio de las seis Internas que sufrieron esos tratos crueles [...]. 

En esa misma dirección, el máximo organismo de justicia interameri¬ 
cano reconoce que la violación sexual de una detenida por un agente del 
Estado es un acto especialmente grave y reprobable, por la vulnerabilidad 
de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. Afirma que la 
violación sexual es una experiencia traumática que puede tener severas 
consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima 
«humillada física y emocionalmente», situación difícilmente superable por 
el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias 
traumáticas (p. 311), consecuencias que se ven agravadas en los casos de 
las mujeres detenidas (p. 313)... Es por ello, y tomando en cuenta lo dis¬ 
puesto en el artículo dos de la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, que el Tribunal concluye que 

los actos de violencia sexual a que fue sometida una interna bajo supuesta 
«Inspección» vaginal dactilar (supra párrafo 309) constituyeron una viola¬ 
ción sexual, que por sus efectos constituye tortura. Por lo tanto, la Corte 
dictamina que el Estado peruano es responsable por la violación del de¬ 
recho a la Integridad personal consagrado en el Art. 5.2 de la Convención 
Americana, así como por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Conven¬ 
ción Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (párrafo 312). 


123 



La jurisprudencia nacional y regional sobre imprescriptibilidad 
de los delitos de lesa humanidad 

Desde mucho tiempo antes que en Uruguay se sancionara la Ley 
18.831 (promulgada por el Poder Ejecutivo con fecha 27 de octubre de 
2011) ya en la jurisprudencia regional (tanto la que viene sosteniendo en 
forma constante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la 
que surge de los fallos de las cortes supremas y cortes constitucionales 
de varios países latinoamericanos) se venía afirmando el criterio de la im¬ 
prescriptibilidad de las graves violaciones a los derechos humanos. 

Al respecto. Ayala Corao sostiene que 

[...Jen los casos en los cuales ha habido una violación a los derechos huma¬ 
nos y esta no ha sido investigada, no se ha identificado a los responsables, y 
estos no han sido sometidos a proceso o no han sido sancionados, la Corte 
Interamericana en sus sentencias requiere al Estado que, como parte de la 
reparación integral y del deber de prevenir, se cumpla con esta obligación. 

En este sentido, la Corte sostiene que la obligación de investigar y san¬ 
cionar del Estado implica que «son inaplicables normas internas u otras 
disposiciones (lo que incluye leyes de amnistía y plazos de prescripción) 
que obstaculicen el cumplimiento debido de ese deber». 8 El fundamento 
de esta posición es que la gravedad de esas conductas afecta derechos 
inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos hu¬ 
manos. 9 

Sin embargo, como se señaló anteriormente, no solamente la Corte In¬ 
ternacional de Derechos Humanos sostiene la inaplicabilidad de las nor¬ 
mas sobre prescripción respecto a casos de violaciones a derechos huma¬ 
nos que pueden considerarse delitos de lesa humanidad. En esa dirección, 
puede hacerse referencia al fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia en 
el caso de la desaparición forzada de José Carlos Trujillo Oroza en 1972. 
Si bien los tribunales penales bolivianos sostuvieron oportunamente que 
había operado la prescripción de la acción penal, el Tribunal Constitucio¬ 
nal falló estableciendo que el caso se trataba de un delito permanente. 10 

La doctrina latinoamericana también releva los fallos dictados en Perú 
en relación con delitos de lesa humanidad. Se menciona específicamente 
a las leyes de amnistía o «autoamnistía» como «obstáculos [...] para in- 


8 Ayala Corao, Carlos, «La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos», en Estudios Constitucionales, Año 5, N. Q 1, ISSN 0718-0195, Universidad de 
Talca, 2007: 127 a 201. 

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baldeón García, Sentencia de 6 de 
abril de 2006, párrafo 201; Caso de Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviem¬ 
bre de 2005, párrafo 98; y Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 
2005, párrafo 140. 

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Trujillo Oroza, sentencia de fondo, 
de fecha 26 de enero de 2000; Caso Trujillo Oroza, sentencia de reparaciones, de fecha 
27 de febrero de 2002. Respecto al Poder Judicial de Bolivia, primero por sentencia del 
juez quinto de Instrucción en lo Penal y luego por la Sala Penal Primera del Distrito Ju¬ 
dicial de Santa Cruz. 


124 



vestigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones graves 
a los derechos humanos». 11 En especial respecto a Perú, la Corte Inte- 
ramericana de Derechos Humanos, en el caso «Barrios Altos» (referido a 
ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad durante la 
dictadura fujimorista) declaró que el Estado peruano había reconocido la 
violación del 

[...] derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a las 
garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 
4, 5, 8 y 25 respectivamente de la Convención Americana. 12 

A continuación, la Corte falla declarando que 

el Estado de Perú debe investigar los hechos para determinar las personas 
responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se ha 
hecho referencia en esta Sentencia, así como divulgar públicamente los re¬ 
sultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. 

En su trabajo ya citado, Ayala Corao sostiene que «el gobierno perua¬ 
no, al ser notiñcado de la sentencia de fondo de la Corte Interamericana, 
la remitió de inmediato a la Corte Suprema de Justicia». El presidente 
de ese Tribunal, envió el fallo a varias instancias judiciales, señalando 
que el proceso penal por los sucesos de Barrios Altos debía ser reabierto 
debido al carácter «vinculante e inexorable» de esa sentencia de la Corte 
Interamericana. 13 Lo que resulta más interesante de este caso, es que 
la propia «Justicia Militar» (que había declarado los sobreseimientos de 
los agentes del Estado involucrados en los delitos investigados) resolvió 
declarar nulos tales sobreseimientos, «disponiéndose que lo actuado se 
remitiera al Juzgado Penal Especial del fuero ordinario». Debe subrayarse 
especialmente que la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar 
realizó un razonamiento jurídico debidamente fundado y, remitiéndose 
al artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, 
estableció que 

... el Consejo Supremo de Justicia Militar, como parte integrante del Estado 
Peruano, debe dar cumplimiento a la sentencia internacional en sus propios 
términos y de modo que haga efectiva en todos sus extremos la decisión que 
ella contiene. 

Esa Sala Plena militar decidió que se debía anular todo obstáculo que 
impida la plena ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana, ya 
que, «... en este sentido la sentencia internacional constituye el funda¬ 
mento específico de anulación de toda resolución, aun cuando esta se 
encuentre firme». 14 


11 Ayala Corao, o. cit. 

12 Como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía 26.479 y 
26.492. 

13 Ayala Corao, o. cit. 

14 ídem, citando fallo de la Sala Plena del 1 de junio de 2001 y de la Sala Revisora del 4 de 
junio de 2001. 


125 



En el caso de la República Argentina, en 2003, la Sala Sexta de la Cᬠ
mara Criminal había declarado la prescripción de una causa penal por 
violaciones a derechos humanos. 15 El procurador general de la Corte Su¬ 
prema se pronunció favorablemente al fallo de la Cámara Criminal el 18 
de diciembre de 2003. Llegado el caso a consideración de la Corte Intera- 
mericana de Derechos Humanos, esta falló expresando que: 

[...] son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstácu¬ 
lo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación 
y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos. 16 

En este caso aparece una muy interesante decisión de la Corte Supre¬ 
ma de la Nación argentina en diciembre de 2005. En efecto, y a pesar de 
comenzar sosteniendo su desacuerdo con la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre la imprescriptibilidad de los 
delitos investigados, el supremo órgano jurisdiccional de Argentina reco¬ 
noce la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Es así que la Corte Suprema de la Nación explícitamente ma¬ 
nifiesta que los fallos de la Corte Interamericana tienen una naturaleza 
superior por provenir de un órgano de la Convención Americana cuya ju¬ 
risdicción aceptó soberanamente la República Argentina. Concretamente 
respecto a la eventual prescripción de los delitos denunciados, la senten¬ 
cia que 

[...] se plantea la paradoja de que sólo es posible cumplir con los deberes 
impuestos al Estado argentino por la jurisdicción internacional en materia 
de derechos humanos restringiendo fuertemente los derechos de defensa y 
a un pronunciamiento en un plazo razonable, garantizados al imputado por 
la Convención Interamericana. Dado que tales restricciones, empero, fueron 
dispuestas por el propio tribunal internacional a cargo de asegurar el efecti¬ 
vo cumplimiento de los derechos reconocidos por dicha Convención, a pesar 
de las reservas señaladas, es deber de esta Corte, como parte del Estado 
argentino, darle cumplimiento en el marco de su potestad jurisdiccional. 17 

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia firme regional, la Corte 
Constitucional de Colombia, también adoptando los estándares estableci¬ 
dos por la Corte Interamericana. ha sostenido reiteradamente la inadmi¬ 
sibilidad de las leyes de amnistía y de «autoamnistía». A título de ejemplo, 
en su sentencia sobre la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley 
733 de 2002 (que establece que los autores o partícipes de los delitos de 
terrorismo, secuestro, extorsión, no podían ser beneficiados con amnis¬ 
tías e indultos), la Corte Constitucional colombiana sostiene su fallo en 


15 Caso «Espósito, Miguel Angel y otros». Se trata de una causa contra un ex comisario de 
la Policía Federal argentina. 

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio vs. Argentina, sentencia de 
fondo, reparaciones y costas, dictada el 18 de setiembre de 2003, párrafo 116. Y caso 
Bulacio vs. Argentina, cumplimiento de Sentencia: Resolución de la Corte Interamerica- 
na de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2004, párrafo 5. 

17 Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina. Caso Espósito. Sen¬ 
tencia de 23 de diciembre de 2006; párrafo 16. 


126 



las normas del derecho internacional de los derechos humanos y en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana, estableciendo que, al tratarse 
de «delitos atroces» no puede admitirse 

[...] el otorgamiento de auto amnistías, amnistías en blanco, leyes de punto 
final o cualquiera otra modalidad que impida a las víctimas el ejercicio de 
un recurso judicial efectivo como lo ha subrayado la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 18 

En el caso de nuestro país, la más reciente jurisprudencia ratifica el 
carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad. En este senti¬ 
do, el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno en su sentencia del 28 de 
julio de 2011, 19 expresó con total claridad que desde hace ya varios años 

enjundiosas construcciones doctrinarias y jurisprudenciales (nacionales y 
extranjeras) pretendían justificar la necesidad de persecución criminal de 
los llamados delitos de lesa humanidad. Acuden al derecho internacional 
—normas de jus cogens— y su aplicación en el orden interno. 

El fallo mencionado reconoce a continuación que 

[... ] el Derecho Penal Internacional ha evolucionado desde la vigencia de los 
convenios de Ginebra (1949) y su Protocolo Adicional (1977), llegando el 
progreso a la instalación de la Corte Penal Internacional. Pero el fin siempre 
ha sido el mismo: lograr la persecución y castigo de los autores de violacio¬ 
nes graves al Derecho Internacional Humanitario. Y en todas las épocas ha 
propendido a obligar a los estados partes a adoptar las medidas legislativas 
necesarias para sancionar a los responsables. 20 

Específicamente, en relación con la prescripción, en su momento la 
Sala de Primer Turno entendió que, al disponerse la continuación de las 
investigaciones de las violaciones de derechos humanos denunciadas en 
el caso «[...] no se violentan los principios de irretroactividad de la ley pe¬ 
nal menos benigna, ni las reglas de la prescripción». 21 Y esto porque 


18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-695/02. 28 de agosto de 2002. Citado 
por Ayala, o. cit. 

19 Sentencia Tribunal de Apelaciones de Primer Turno de 28 de junio de 2011. 

20 Esto surge claramente del Estatuto de Roma, que determina la complementariedad en 
su artículo 17: «no establece ninguna obligación de castigar penalmente los crímenes 
que allí se exponen por cuanto descansa sobre la concepción general de que la perse¬ 
cución de crímenes internacionales es tarea primaria de cada uno de los estados... la 
Corte Penal Internacional solamente puede actuar cuando por razones de tipo jurídico 
o táctico fracasa la persecución a nivel nacional...»; «... en el ámbito regional la Conven¬ 
ción Interamericana sobre desaparición forzada de personas contiene reglas de punición 
bastante precisas y estrictas...» (Cfr. Grammer: «Adaptación del Derecho Penal Nacio¬ 
nal», en Armario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2004). 

21 El Código Penal uruguayo prescribe que: «... las leyes penales que configuran nuevos 
delitos, o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con 
anterioridad a su vigencia...» (artículo 15, inciso l. Q del Código Penal: De la ley penal en 
orden al tiempo). No obstante, se trata de una norma de jerarquía legal, ya que la Cons¬ 
titución de la República no se expide sobre el tema. En consecuencia, aun sin apelar a 
las normas y principios internacionales, puede sostenerse que una ley posterior en el 
tiempo puede modificar la norma mencionada del Código Penal, como sucedió, según se 
verá más adelante, con la aprobación de la Ley 18.831. 


127 



[...] gana terreno en el plano doctrinarlo, y aun en el convencional, por lo 
menos a nivel Internacional, excluir de la prescripción a los delitos graves, 
particularmente los delitos de lesa humanidad, cuya figura más trascen¬ 
dente probablemente sea, junto a los crímenes de guerra, las conductas 
genocidas. 22 

Este fallo del Tribunal de Apelaciones cita, entre sus fundamentos, 
posiciones doctrinarias que están, sin dudas, fuera de cualquier sospecha 
de parcialidad o subjetividad en el tema. Así, transcribe la posición de 
Langón, que, en relación con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa 
humanidad afirma: 

En estos casos se aprecia claramente la naturaleza retributiva, sanciona- 
dora de la pena, y los Ideales de justicia que a través de ella se pretenden 
lograr por parte de la humanidad, como es evidente en los casos de perse¬ 
cución Internacional de los criminales de guerra nazis, perseguidos a nivel 
planetario por todas las jurisdicciones que han podido atraparlos y realizar 
un juicio, pese a que la pena pudiera parecer Innecesaria a los fines de la 
prevención especial... 23 

Y agrega el tribunal: 

Nuestra Constitución no ha establecido la imprescriptibilidad de delito y 
de pena de ninguna especie, lo que permite sostener que el legislador está 
legitimado para consagrarla para los que lo repute conveniente. 

En la misma línea argumental continúa: 

[...] la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y 
de los crímenes de lesa humanidad, 24 estableció que son imprescriptibles, 
cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido los delitos que enu¬ 
mera, entre otros... los crímenes de lesa humanidad..., aún si esos actos 
no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron 
cometidos. 25 

Y para afirmar aún más su sólida argumentación, el fallo del Tribunal 
de Apelaciones de Primer Turno cita instrumentos internacionales que, 
con claridad meridiana, hacen referencia a la imprescriptibilidad de los 
delitos de lesa humanidad. En ese sentido, se menciona la Resolución 
3075 (XXVIII de la Asamblea General de Naciones Unidas (de 3 de diciem¬ 
bre de 1973) en la que 

(...) se aprobaron los principios de cooperación Internacional en la identi¬ 
ficación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de 
guerra, o de crímenes de lesa humanidad, cuyo artículo 1 los considera im¬ 
plícitamente imprescriptibles, desde que dice así: Los crímenes de guerra y 
los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha 


22 Cfr.: Sentencia citada del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno. 

23 ídem, citando a Langón, Miguel: Curso de Derecho Penal y Procesal Penal. Ed. Del Foro, 
Montevideo, 2006: 534 a 535. 

24 Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución 2391 (XXIII), de 26 
de noviembre de 1968. 

25 ídem nota N. 3 19. 


128 



en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas 
contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crí¬ 
menes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas 
culpables, castigadas. 

El tribunal cita además la doctrina más reconocida en la materia, al 
afirmar que «El Art. 27 del estatuto de la Corte Penal Internacional de Jus¬ 
ticia. .. también establece la imprescriptibilidad de los delitos sometidos a 
su competencia [...]». 26 

En cuanto a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Uru¬ 
guay, si bien antes de la aprobación de la Ley 18.831 no existía una posi¬ 
ción consolidada sobre este tema, debe descontarse la decisión del Poder 
Judicial de cumplir íntegramente el fallo de la Corte interamericana de 
Derechos Humanos en el caso «Gelman vs. Uruguay». 27 En su momen¬ 
to, el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Leslie 
Van Rompaey formuló su voto discorde en la sentencia de la Corporación 
1501/2011. Más allá que el fallo trata concretamente un caso de des¬ 
aparición forzada de personas, el magistrado sostiene que las conductas 
que se consideran violaciones a los derechos humanos se encontraban ya 
tipificadas como delitos en Uruguay en el momento de la comisión de las 
mismas. Así expresa que 

En efecto, desde la inicial privación de libertad hasta la eliminación de los 
detenidos, pasando por las aberrantes prácticas de tratamientos inhuma¬ 
nos y degradantes, lesivos de derechos fundamentales inherentes a la dig¬ 
nidad humana, todos los referidos actos resultaban atrapados por figuras 
delictivas específicamente previstas en la legislación nacional... no se trata 
de castigar conductas penalmente indiferentes al momento de su comisión, 
sino de adecuarlas típicamente al reato que contemple más ajustadamente 
sus especificas características lesivas de la condición humana... 

La Ley 18.831 vino a eliminar las discrepancias entre el marco jurídico 
nacional y las normas del derecho internacional de los derechos huma¬ 
nos, como lo venía sosteniendo la posición consolidada en la jurispruden¬ 
cia internacional en cuanto a que estos delitos, por ser considerados de 
lesa humanidad, son imprescriptibles. 

En efecto: el artículo primero de la Ley 18.831 dispone el reestableci¬ 
miento del ejercicio «de la pretensión punitiva del Estado para los delitos 
cometidos en aplicación del terrorismo de Estado, hasta el 1 de marzo de 
1985, comprendidos en el artículo uno de la Ley 15.848, de 22 de diciem¬ 
bre de 1986». 

A continuación, el artículo dos de la mencionada Ley 18.831 (cum¬ 
pliendo lo ordenado en el párrafo 225 de la Sentencia de la Corte Inte- 
ramericana de Derechos humanos del 24 de febrero de 2011, en el caso 
«Gelman vs. Uruguay») establece que 


26 Citando a Lanziano, Derechos Humanos, 1998: 160. 

27 CIDH: Sentencia Gelman vs. Uruguay, de 24 de febrero de 2011. Disponible en: <http:// 
www. corteidh. or. cr / docs / casos / artículos / seriec_221 _esp 1. pdf>. 


129 



No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción ni de caducidad, 
en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de 
esta ley, para los delitos a los que se refiere el artículo primero de esta ley. 

De esta maneras, parece cerrarse el círculo y el ordenamiento jurídico 
nacional se coloca en la misma línea de la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia, que declaró Inconstitucional la Ley 15.848, «de cadu¬ 
cidad de la pretensión punitiva del Estado», norma que además fue de¬ 
clarada «carente de efectos jurídicos» según la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 28 Resulta muy reconfortante advertir que la Supre¬ 
ma Corte de Justicia, al cambiar su anterior jurisprudencia y declarar la 
inconstitucionalidad de la ley 15.848, 29 hace referencia a lo que califica 
como «las históricas discordias de los ministros doctores Jacinta Balbela 
y Nelson García Otero emitidas en las Sentencias de la Corte Nos. 184, 
224, 226 y 232/1988» respecto a la «ley de caducidad». En ese sentido, 
cita expresamente estas discordias que enfatizan en que 

[...] declarar la caducidad de las acciones penales, en cualquier supuesto, 
excede las facultades de los legisladores e invade el ámbito de una función 
constituclonalmente asignada a los jueces, por lo que, por los motivos que 
fueren, el legislador no podía atribuirse la facultad de resolver que había 
operado la caducidad de las acciones penales respecto de ciertos delitos. 

En suma: existe hoy una obligación del Estado uruguayo de dar efec¬ 
tivo e integral cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso «Gelman vs. Uruguay». Esto nos lleva 
a analizar el alcance de este fallo. En ese sentido, en su párrafo 184, la 
sentencia en cuestión determina que 

La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra 
dentro de las medidas positivas que deben adoptar los estados para garan¬ 
tizar los derechos reconocidos en la Convención. El deber de investigar es 
una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el 
Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de 
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, 
de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. 

Para la Corte Interamericana, esa obligación no surge solamente 

[...] de las normas convencionales de derecho internacional, imperativas 
para los estados parte, sino que, según el Estado de que se trate, además 
deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de 
oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las vícti¬ 
mas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas, peticiones 
o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en 
la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los he¬ 
chos. 30 


28 ídem 

29 Suprema Corte de Justicia, Sentencia No. 365/2009 

30 ídem, nota N. s 20. 


130 



A continuación la Corte señala que 

Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y 
no se restablece, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus 
derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre 
y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. 31 

En ese marco, expresa, con meridiana claridad que 

Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Conven¬ 
ción Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos 
a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de 
la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias 
a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la adminis¬ 
tración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer 
ex offício un «control de convencionalidad» entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas com¬ 
petencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, 
deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpreta¬ 
ción que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, Intérprete última de 
la Convención Americana. 32 

Luego de reiterar que, tanto en su jurisprudencia firme como en los 
pronunciamientos de otros organismos de control del Sistema Universal 
de protección de los derechos humanos las leyes de amnistía relativas a 
graves violaciones de los derechos humanos son incompatibles «con el 
derecho internacional y las obligaciones internacionales de los Estados», 33 
la Corte Interamericana concluye que 

[...] son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 
prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 
violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las eje¬ 
cuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, 
todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos 
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 34 

En definitiva, y volviendo a la sentencia mencionada, se comparte ab¬ 
solutamente que 

La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el per¬ 
manente respeto del derecho internacional, incluyendo al derecho interna¬ 
cional de los derechos humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por 
la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática 
de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las nor¬ 
mas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos 
reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la 
existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus 
características tanto formales como sustanciales, por lo que, particular - 


31 Ibídem, párrafo 191. 

32 Ibídem, párrafo 193. 

33 Ibídem, párrafo 195. 

34 Ibídem, párrafo 225. 


131 



mente en casos de graves violaciones a las normas del derecho Interna¬ 
cional de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos 
constituye un límite infranqueable. 35 

El «control de convencionalidad» (citando el párrafo 193 de la sentencia 
analizada), 

es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judi¬ 
cial. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha ejercido, en el Caso 
Nibia Sabalsagaray Curutchet, un adecuado control de convencionalidad 
respecto de la ley de caducidad, al establecer, Ínter alia, que «el límite de la 
decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los 
derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida 
y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general 
ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la 
sujeción de los poderes públicos a la ley. 

En definitiva, y volviendo a Ayala, 36 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la obligación de los Esta¬ 
dos de investigar, procesar y sancionar las violaciones graves a los derechos 
humanos, incluso removiendo los obstáculos para ello como suelen ser las 
prescripciones y las amnistías, ha sido acogida por las altas cortes de La¬ 
tinoamérica. 

En ese contexto, es importante tener en cuenta que las sentencias de 
la Corte Interamericana 

tienen un efecto general o erg a omnes , para todos los Estados partes de la 
Convención Americana, a la Comisión Interamericana y para las víctimas. 
Así, la interpretación de la Convención Americana pasa a tener el efecto de 
cosa juzgada no solo frente al caso concreto decidido, sino frente a futuros 
casos. Ello ha ocurrido en casos en los cuales los estados a pesar de no 
haber sido partes en el proceso ante la Corte Interamericana, han decidido 
incorporar los estándares de esas sentencias internacionales. 

Siguiendo esa posición, se cita nuevamente la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de la Nación de Argentina. En el caso contra Enrique Lau¬ 
taro Arancibia Clavel (por el asesinato en Buenos Aires del ex comandante 
en jefe del Ejército de Chile, general Carlos Prats y su esposa), la Corte 
Suprema argentina, en virtud de los delitos imputados y probados a Aran¬ 
cibia (homicidios, torturas y desaparición forzada de personas), determinó 
que «en función de los principios que emanan de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos», no resultaba aplicable la 
prescripción. 37 En esta decisión, la Corte Suprema de la Nación se basó 
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en especial la que sus¬ 
tenta el fallo emblemático del caso «Velásquez Rodríguez vs. Honduras», 
en cuanto se afirma que 


35 Ibídem, párrafo 235. 

36 Ayala Corao, o. cit. 

37 ídem. 


132 



[... ] quedó claramente establecido el deber del Estado de estructurar el apa¬ 
rato gubernamental, en todas sus estructuras del ejercicio del poder públi¬ 
co, de tal manera que sus Instituciones sean capaces de asegurar la vigen¬ 
cia de los derechos humanos, lo cual Incluye el deber de prevenir. Investigar 
y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención. 

A partir de estos argumentos, la Corte Suprema de Justicia de la Na¬ 
ción establece que las violaciones graves a los derechos humanos, como 
delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles, ya que son «...general¬ 
mente practicados por las mismas agencias de poder punitivo operando 
fuera del control del derecho penal, es decir, huyendo al control y a la 
contención jurídica», por lo que no puede 

[...] sostenerse razonablemente que sea menester garantizar la extinción 
de la acción penal por el paso del tiempo en crímenes de esta naturaleza 
[... 1 la aplicación de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción 
constituye una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, y 
consecuentemente, compromete su responsabilidad internacional. 38 


Conclusiones 

El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos res¬ 
pecto a la violación sexual como una manifestación de la violencia con¬ 
tra la mujer y como crimen de lesa humanidad da la oportunidad a las 
víctimas de buscar justicia y reparación. No condenar la violencia sexual 
hacia las mujeres detenidas durante el terrorismo de Estado en Uruguay 
signiñcará enviar el mensaje a la sociedad de que 

la violencia contra la mujer es tolerada, lo que promueve su perpetuación y 
la aceptación social del fenómeno, y genera el sentimiento de desconfianza 
de las mujeres en el sistema de administración de justicia (Corte Interame- 
ricana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero vs. México. Senten¬ 
cia, párrafo 400. Noviembre 2009) 

La adecuación del marco jurídico interno a las obligaciones internacio¬ 
nales sobre derechos humanos asumidas por nuestro país, con la sanción 
de la ley 18.831, constituye una herramienta más, sin dudas que de valor 
signiñcativo, para el logro de esos objetivos: verdad, justicia y reparación. 
Pero la respuesta a las víctimas también debe darse desde las autorida¬ 
des del Estado uruguayo, mediante el diseño e implementación de polí¬ 
ticas públicas que garanticen la no repetición de estos hechos. Este es 
un desafío más que se incorpora a una historia todavía en construcción. 


38 Citando el fallo del caso «Velásquez Rodríguez» (Sentencia del 29 de julio de 1988, con¬ 
siderando 172) en Sentencia de 24 de agosto de 2004, párrafo 36. 


133 



Nota de los autores 


ULIÁN CELIBERTI 

Maestra. Coordinadora de Cotidiano Mujer y co-coordinadora de la Articulación 
Feminista Marcosur. Activista feminista y de derechos humanos. Secuestrada en el 
marco del Plan Cóndor en Brasil en 1978 junto a Universindo Rodríguez Díaz y sus hijos 
Camilo y Francesca. Quedando detenida en el Penal de Punta de Rieles en Montevideo 
por varios años. 

JUAN FAROPPA FONTANA 

Integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos 
(INDDHH). Profesor Ayudante de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la República. Sub-secretario del Ministerio del Interior 
de Uruguay (marzo de 2005-marzo de 2007). Consultor del Departamento de Asuntos 
Políticos de la Secretaría General de las Naciones Unidas; del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia; del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y del Instituto Interamericano de De¬ 
rechos Humanos. 

SOLEDAD GONZÁLEZ BAICA 

Estudiante de Ciencia Política en la Universidad de la República (Udelar), Gestora 
cultural, activista de derechos humanos y de género. Fue consultora de género en el 
proyecto Viví Cultura, ONU-MEC. Actualmente es productora del Programa de Fomento 
a la Producción de Documentales, DOCTV Latinoamérica. 

FEDERICO GRAÑA 

Estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencias Históricas de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar. Militante del movimiento de la diver¬ 
sidad sexual, miembro del Colectivo Ovejas Negras. Ha participado en investigaciones 
sobres temáticas de género, derechos humanos y cultura popular. 

CARLA LARROBLA 

Profesora de Historia (Instituto de Profesores Artigas), candidata a magíster en Cien¬ 
cias Sociales y Humanidades, mención Historia por la Universidad Nacional de Quilmes 
(Argentina). Docente de Educación Secundaria y de Filosofía de la Historia en For¬ 
mación Docente. Docente de la Maestría de Didáctica de la Historia (CLAEH-Uruguay). 
Ayudante G1 del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU-FHCE-Udelar). 
Integrante del equipo de historiadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Pre¬ 
sidencia (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz). Participa en varios 
proyectos de investigación sobre Historia Reciente. 

LALA MANGADO 

Psieóloga. Psicoterapeuta. Diploma Psicoterapia en Servicios de Salud, Escuela de Gra¬ 
duados de Facultad de Medicina (Udelar). Socionalista. Psicoterapeuta individual y gru- 
pal en Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos (COSAMEDDHH). Fundadora del 
Servicio de Rehabilitación Social (SERSOC). 

FLOR DE MARÍA MEZA TANANTA 

Maestranda en Derecho, con énfasis en Derechos Humanos y Derecho Constitucio¬ 
nal. por la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL). Docente de Derechos Humanos, 
Derecho y Género y Derecho Ambiental en la Universidad de la República. Docente del 
Diplomado en Derechos Humanos en la UCUDAL, organizado por la AUSJAL y el IIDH. 
Coordinadora del Grupo Derecho y Género, integrante de la Red Temática de Género de 
la Udelar. Es coautora de Informes Alternativos ante diversos Comités Monitores de la 


134 



ONU. Actualmente trabaja como asesora del 2. a Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo. 

MARIANA RISSO FERNÁNDEZ 

Psicóloga, egresada de la Universidad de la República. Pslcoterapeuta. Psicóloga 
clínica en las policlínicas Maracaná Sur y Norte de ASSE. Coordinó y participó como 
consultora en diversos proyectos socio-educativos. Ejerció cargos docentes en Facultad 
de Psicología y en Educación Secundarla. Ha publicado ensayos y realizado investiga¬ 
ciones independientes referidas a temas de psicología y derechos humanos. 

MARÍA CELIA ROBAINA 

Psicóloga. Psicoterapeuta. Diploma de Psicoterapia en Servicios de Salud. Escuela 
de Graduados de Facultad de Medicina (Udelar). Especialista en actuaciones psicoso- 
clales en violencia política y catástrofes. Maestranda en Psicología Clínica en Facultad 
de Psicología (Udelar). Docente del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad 
de Psicología. Integrante de la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos (CO- 
SAMEDDHH). Psicoterapeuta individual y grupal, acompañamiento a grupo de muje¬ 
res que denuncian abuso sexual en terrorismo de Estado. Fundadora del Servicio de 
Rehabilitación Social (SERSOC). 

RAFAEL SANSEVIERO 

Director de proyecto político de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay. Fue 
coordinador general del Centro de Investigación e Información de la Universidad para 
la Paz de Naciones Unidas. Diputado del Frente Amplio (1990-1995); activista en mo¬ 
vimientos contra la violencia hacia las mujeres y contra la impunidad. Columnista de 
medios de prensa, ha realizado investigaciones, publicado libros y artículos referidos 
a temas de género y derechos humanos. Fue perseguido por la dictadura y preso entre 
1974 y 1984. 

SEBASTIÁN SANTANA 

Ilustrador, diseñador gráfico, artista plástico y fotógrafo. Trabaja para editoriales, 
grupos de teatro, músicos, eventos culturales y académicos y organizaciones sociales 
de defensa de derechos humanos, además de desarrollar obras plásticas comprendi¬ 
das en series. 

DIEGO SEMPOL 

Egresado del IPA en la especialidad de Historia, realizó un posgrado en Historia Con¬ 
temporánea en el Instituto Universitario del CLAEH y actualmente es candidato a doctor 
en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional General Sarmiento-IDES (Argentina). 
Es docente e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Udelar, integrante del SNI, becario doctoral del Programa «Sexualidad y 
modernidad» organizado por el Instituto Internacional de Historia Social y Sephis, coor¬ 
dinador del Area Académica Queer Montevideo e integrante de la Junta editorial para 
América Latina de la revista Sexualidades (Nueva York, Estados Unidos). 

MARÍA SONDERÉGUER 

Egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). obtuvo un DEA en Estudios de 
Sociedades Latinoamericanas en la Universidad de la Sorbona, París. Es profesora de 
la UBA y profesora titular regular e investigadora del Centro de Estudios en Historia, 
Cultura y Memoria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Ha dirigido el Centro 
de Derechos Humanos Emilio Mignone de la UNQ y es codirectora de la Colección de 
Derechos Humanos de la Universidad. Fue co-redactora del Plan Nacional contra la 
Discriminación de Argentina y directora nacional de Formación en Derechos Humanos 
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ha escrito diferentes ensayos sobre 
el movimiento de derechos humanos, la memoria del pasado reciente en Argentina, la 
violencia sexual en contextos represivos. 


135 





¿ Vosotros , que no se os rompen 
las entrañas de dolor , 
de verme en tantos dolores ? 

Laurencia en Fuenteovejuna 
Lope de Vega 


Componen este libro ocho trabajos que reflexionan desde ángulos y formaciones 
profesionales diversas sobre un fenómeno complejo y doloroso: la violencia sexual y de 
género en el terrorismo de Estado. 

Consideramos que el mejor camino para abordar un tema tan sensible era integrar 
distintas miradas capaces de abordar a la violencia sexual como una modalidad específica 
de violación de los derechos humanos. 

La convicción común que nos convoca es que los delitos del terrorismo de Estado 
constituyen una lesión a la dignidad humana y que los crímenes de lesa humanidad deben 
ser analizados desde una perspectiva de género. El horror fuerza al silencio y para quebrar 
esa dinámica perversa se precisan testimonios valientes, pero también se necesita escucha, 
compañía afectiva e intelectual. 

Nos proponemos con este trabajo acompañar a quienes en Uruguay están rompiendo 
el muro de silencio con su testimonio, con su pensamiento y con su participación, para 
reencontrarnos en el debate y el diálogo. 

Las compiladoras 


Desatar, desnudar... reanudar 

Lilián Celiberti 

La emergencia de un prolongado y silenciado dolor 

Lala Mangado y María Celia Robaina 

Entre el nudo subjetivo y el nudo político 

Mariana Risso Fernández 

Soldaditos de plomo y muñequitas de trapo. Los silencios sobre el abuso sexual 

EN LA TORTURA DESPUÉS QUE LA TORTURA FUE UN SISTEMA DE GOBIERNO 

Rafael Sanseviero 

El HORROR FEMENINO. LAS REPRESENTACIONES DE LOS EPISODIOS TRAUMÁTICOS EN TESTIMONIOS 
DE MUJERES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO 

Carla Larrobla 

Salvar a la patria y a la familia. Dictadura, disidencia sexual y silencio 

Diego Sempol y Federico Graña 

Violencias de género en el terrorismo de Estado argentino 

María Sonderéguer 

Terrorismo de Estado, violencia de género e imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad 

Flor de María Meza Tananta y Juan Faroppa Fontana 



TRILCE